Ligan a policías de Baja California en 3 de cada 10 casos de desaparición

TIJUANA, BC (Proceso).– Dos policías municipales, adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana, a cargo de José Fernando Sánchez González, sometieron a un ciudadano, lo golpearon con brutalidad y le dispararon en diez ocasiones. Esto sucedió el 3 de noviembre último, de acuerdo con un video que grabaron ciudadanos que se percataron de la agresión, difundido en redes sociales. 

Los oficiales conducían la patrulla con placas BC-812A-1; y dos días después de que se hiciera mediático el caso la sindicatura del municipio informó que los agentes habían sido suspendidos, sin informar el estado de salud de la víctima. 

En Tijuana, ciudad gobernada por Montserrat Caballero Ramírez –edil que vive al interior de un cuartel militar–, ya no es novedad que agentes de la policía participen en homicidios y desapariciones. Sin embargo, es un fenómeno que está presente en toda Baja California, entidad gobernada por Marina del Pilar Ávila, ambas pertenecientes a Morena.

De acuerdo con la respuesta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHBC), a una solicitud de información vía la Plataforma Nacional de Transparencia, del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023 se han interpuesto 250 quejas contra policías municipales de todo el estado. 

En Tijuana se presentaron 142; en Ensenada, 49; le siguió Mexicali –capital del estado–, con 38; Playas de Rosarito, con 12; mientras que en San Quintín se presentaron seis y en Tecate tres quejas, de acuerdo con la CEDHBC. 

Del 1 de diciembre de 2013 al 30 de septiembre de 2023 se han presentado en total cuatro mil 383 quejas contra policías municipales en Baja California. El año en que la CEDH recibió más quejas fue en 2015, con 686. Ese año el estado era gobernado por Francisco Vega de Lamadrid (PAN); durante su gestión (2013-2019) hubo tres mil 76 quejas contra policías. 

Ese año el municipio con más denuncias fue Tijuana, con 301, seguido de Mexicali (165) y Ensenada (147); 2015 fue el último año de gestión de Alejandro Lares Valladares como secretario de Seguridad de Tijuana, y el penúltimo como alcalde de Jorge Astiazarán Orcí (PRI), el primero se fue en medio de acusaciones por tortura.

Desapariciones forzadas

Un 30 o 35% de las más de 17 mil 306 personas en condición de desaparecidas en Baja California fueron privadas de la libertad por un agente municipal, estatal o federal, denuncian colectivos de búsqueda ante la pregunta sobre si tenían conocimiento de víctimas de servidores públicos de los tres órdenes de gobierno.

La crisis que vive la entidad, gobernada por Marina del Pilar Ávila, no es sólo tema de su mandato; al revisar las estadísticas de incidencia delictiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado, este delito tuvo un aumento exponencial a la llegada de Jaime Bonilla Valdés al Poder Ejecutivo estatal. 

En el sexenio de Francisco A. Vega de Lamadrid se acumularon seis mil 164 casos de personas no localizadas o desaparecidas; mientras que en los únicos dos años de mandato del exfuncionario del partido republicano se contabilizaron tres mil 372 desaparecidas.

En el caso de la “nueva” administración estatal sólo en su primer año de gobierno, 2022, la cifra reportada fue de dos mil 720 desaparecidos. Y en estos últimos tres años de gobierno de la Cuarta Transformación se han acumulado seis mil 92 víctimas. Del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2022 hay 17 mil 306 casos. 

De acuerdo con información obtenida por la organización Elementa DDHH, y presentada en su informe “Desaparecer en Baja California”, con base en solicitudes de información a la Fiscalía General de Baja California, Tijuana (cinco mil 540) y Mexicali (cinco mil 708) son los municipios con más reportes de personas desaparecidas, ambos suman 11 mil 248. 

El informe resalta que Playas de Rosarito (1,148%) y Tecate (1,106.5%) encabezan las tazas de personas desaparecidas por cada 100 mil habitantes, ambos municipios comparten área metropolitana con Tijuana; en el caso de Tecate este municipio se encuentra en medio de ambas ciudades. 

La organización civil también reveló que del 3 de octubre de 2009 al 15 de mayo de 2023 fueron halladas 274 fosas clandestinas en el estado, las cuales 45.2% han sido halladas en Tijuana. De acuerdo con autoridades consultadas, la ciudad frontera con San Diego, California, se encuentra en medio de una encarnizada pugna entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, que han comprado a células criminales altamente violentas que operan en el municipio y su área metropolitana desde hace una década. 

Sin embargo, los ciudadanos no sólo deben cuidarse de los grupos criminales, sino también de quienes portan uniforme y placa de agente de seguridad pública. De acuerdo con empleados de las oficinas de la Fiscalía de Personas Desaparecidas en Tijuana, una de cada cinco personas que llega a reportar la desaparición de un familiar detalla que un policía intervino en su privación de la libertad. 

 El fundador de la asociación Todos Somos Erick Carrillo, Eddie Carrillo, quien desde 1 de junio de 2019 busca a su hijo desaparecido en Tijuana, aseguró que 35% de los desaparecidos en Baja California fueron privados de su libertada por agentes de seguridad pública, ya sea municipal, estatal e incluso federales. “En todos los casos hay impunidad”, reveló. 

Además, comentó que durante 2019 y 2020, época en que Jaime Bonilla Valdez gobernaba Baja California, y Arturo González Cruz el municipio de Tijuana, había muchos casos en los que la Policía había participado activamente en alguna desaparición.

“Hay casos que sí se llegaron a judicializar, pero no han detenido a nadie. La mayoría quedó en denuncia, bueno, los que decidieron denunciar, porque amenazaban a las familias para no hacerlo y muchas no lo hicieron pero, sí está pasando”, declaró Eddie Carrillo.

El caso de José Alberto Cantero, detenido y posteriormente desaparecido por los agentes de la Policía Municipal de Tijuana, Martín Trinidad Martínez, de 36 años, y Esteban Heriberto Galaz Gómez, de 29, marcó un precedente sobre la desaparición forzada por agentes municipales al servicio del crimen organizado. 

Ambos agentes fueron detenidos y vinculados a proceso el 27 de septiembre de 2022 y el 9 de enero de 2023 comenzó el proceso judicial en su contra. Las pruebas fueron los vídeos de cámaras de seguridad donde se captó el momento en el que sucede el secuestro.

Causas penales

De acuerdo con la respuesta a una solicitud de información, presentada ante el Poder Judicial de Baja California para este reportaje, del primero de diciembre de 2013 al 30 de septiembre de 2023 se iniciaron 57 causas penales por desaparición forzada en todo el estado; de las cuales 17 fueron en 2023: cinco en Tijuana, siete en Mexicali, tres en Rosarito y dos en Ensenada. 

“De esas 57 causas penales, 24 fueron en Mexicali, estando todas en proceso; 17 en Tijuana, teniendo 13 en proceso y cuatro finalizadas por sentencia; 11 en Ensenada, teniendo ocho en proceso, una finalizada por sentencia, una finalizada por sobreseimiento y una suspendida por orden de aprehensión; cinco en Rosarito, teniendo tres en proceso, una finalizada por sobreseimiento y una con orden de aprehensión sin cumplimentar; en Tecate no hay ninguna causa penal”, informó el Poder Judicial.

 Mientras que la Fiscalía General del Estado reportó –también vía una solicitud de información– que del 1 diciembre de 2013 al 30 de septiembre de 2023 sólo se abrieron tres carpetas de investigación por desaparición forzada, de las cuales dos se iniciaron este año 2023.

“Referente a su solicitud me permito informarle que hasta la fecha se han abierto tres carpetas por desaparición forzada, una de ellas en 2022 en la ciudad de Tijuana, Baja California, misma que ya fue judicializada y actualmente se encuentra en etapa intermedia. Dos más en 2023 en la ciudad de Ensenada, las cuales se encuentran en investigación”, detalló la FGE.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California detalló que en 2023 se presentaron 151 quejas contra agentes de la Fiscalía General del Estado; el año pasado (2022) hubo 199. El año en el que se registraron más quejas fue 2016, con 223 en la entidad. 

De acuerdo con el artículo 2 de la Convención contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), este delito consiste en la privación de la libertad no reconocida y realizada por servidores públicos o por personas o grupos que actúen con la autorización, el apoyo o la aprobación del Estado. 

La desaparición forzada se caracteriza por la negación de las autoridades a reconocer dicha privación de la libertad y por la ocultación de información sobre la suerte o el paradero de la persona desaparecida, evitando así que la víctima pueda ser protegida por las leyes.

Con información de proceso.com.mx