Contraloría del INE detecta irregularidades por 400 millones de pesos en gestión de Lorenzo Córdova

El Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que durante la gestión del exconsejero presidente Lorenzo Córdova se detectaron irregularidades por más de 400 millones de pesos en el manejo de los recursos de este organismo electoral.

De acuerdo con el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados, el diputado Pablo Angulo Briceño (PRI), durante una reunión de trabajo, el encargado del Órgano Interno de Control del INE, Luis Oswaldo Peralta Rivera, habló sobre “irregularidades muy claras, muy contundentes, donde ya hay las sanciones respectivas y donde también están los juicios ante el Tribunal de Justicia Administrativa”.

En este sentido, Angulo Briceño aclaró que, aunque las irregularidades detectadas son de la administración anterior, es decir, la del entonces consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, también se están realizando las auditorías correspondientes para la actual administración encabezada por Guadalupe Taddei Zavala, ya que, dijo, se debe cuidar el buen desempeño del Instituto Nacional Electoral, sin ningún tipo de sesgo político.

“Se habla, en un aproximado se habló de 400 millones de pesos de la gestión anterior del INE, que no solo no está transparente y opaco, sino que ya se está resolviendo en los tribunales respectivos”, subrayó el presidente de la Comisión de Vigilancia.

Asimismo, indicó que las sanciones respectivas por estas irregularidades pueden llegar a una inhabilitación de los funcionarios hasta por 10 años, si es una sanción administrativa grave.

Incluso adelantó que la Comisión que encabeza ya tiene conocimiento, porque así se los expresó la propia titular del INE, que este instituto ha presentado denuncias contra exfuncionarios del INE ante la Fiscalía General Anticorrupción.

En tanto, durante su reunión con la Junta Directiva de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF), el encargado del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE), Luis Oswaldo Peralta Rivera, explicó que el informe de resultados 2023, aprobado por el Consejo General del INE en enero pasado, se divide en tres bloques: prevención, fiscalización, investigación y sanción, y además contiene información sobre los últimos 10 años en estas materias.

En este sentido, destacó que tras la revisión de procedimientos que se hace previo a la firma de contratos con empresas se logró que no se ejerciera un gasto de 245 millones 126 mil pesos para renta de parque vehicular, ya que esa erogación no era lo más conveniente para el Instituto, toda vez que resultaba más cara la renta que la compra.

Asimismo, detalló que en 2019 se encontró una licitación para rentar más de 1,000 vehículos por cerca de tres años. El pago que el Instituto debería realizar era de 1,100 millones de pesos.

“Aquí tuvimos problemas con el Instituto porque estando emanada la función del Instituto con la función del Órgano Interno de Control, diversos servidores públicos del propio Instituto pugnaron, incluso presentaron juicios ante tribunales para atacar y derribar las decisiones del Órgano, se iniciaron los procedimientos correspondientes y actualmente uno en particular está ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa”, expuso.

Ante ello, puntualizó que la actual administración optó por establecer un mecanismo híbrido, es decir comprar 513 vehículos y rentar otros 500, lo que generó ahorros por 243 millones.

En el bloque de fiscalización, Peralta Rivera comentó que el Órgano Interno de Control ha solicitado desde 2019 que se establezcan las formas necesarias para determinar un Presupuesto Base Cero, es decir “solicitar sólo lo que estricta y genuinamente se necesite”.

En el tema de investigación y sanción, dio a conocer que a través del portal Denuncia INE en 2023 se recibieron 2,407 denuncias. Agregó que no todas las denuncias tienen que ver con responsabilidades administrativas, además de que “tenemos en marcha 38 informes de presunta responsabilidad”.

Con información de El Economista.