OAXACA, Oax. (apro) .- Un juez falló a favor de dos particulares para que el Estado mexicano les pague 6 mil millones de pesos por 300 hectáreas que reclamaron ser de su propiedad, pero, de acuerdo con los habitantes de la comunidad de Tilzapote, Oaxaca, esas tierras les corresponden.
La disputa de tierras entre los comuneros y los particulares Pedro Ramírez Araiza y Domitila Guzmán Olivera, inició en 2011; en 2016 los tribunales agrarios dictaron sentencia en favor de los supuestos dueños, quienes aseguran que tienen documentos legales que avalan la propiedad desde hace más de 70 años.
En sólo dos años los supuestos propietarios presentaron un juicio agrario y de forma expedita se les otorgó una sentencia favorable.
Acusan que el fallo se debe a una red de complicidades entre autoridades agrarias y del Poder Judicial Federal; el 28 de enero del presente, el juez Primero de Distrito, en confabulación con el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa emitió ese falló gracias al voto decisivo de la magistrada Adriana Alejandra Ramos León, quien ahora realiza campaña para la elección judicial.
Las autoridades del Comisariado de Bienes Comunales de San Francisco Cozoaltepec denunciaron que, desde 2011, un grupo de personas, mediante hechos y documentos falsos, consumaron un fraude procesal con la complicidad de los abogados de la Procuraduría Agraria y de quien fuera magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 21.
Según consta en el expediente número 414/2014, pese a todas estas irregularidades obtuvieron una sentencia sobre la procedencia de la acción agraria de exclusión de aproximadamente 300 hectáreas de terreno de San Francisco Cozoaltepec, municipio de Santa María Tonameca, Distrito de Pochutla.
En complicidad con el juez Primero de Distrito y de los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa, Ramírez Araiza y Guzmán Olivera también obtuvieron la resolución del pago a su favor, como consta en el en el expediente de amparo número 1226/2017.
Por este hecho, la comunidad interpuso un recurso de queja, el cual está pendiente de trámite y resolución e informaron que solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercer su facultad de atracción, porque los habitantes desconfían de su proceder, al que han calificado de parcial.
En las tierras referidas hay dos escuelas, una casa de representación y una casa de salud, que podrían ser demolidas por la sentencia del Tribunal Agrario, emitida en mayo de 2016.
Con información de proceso.com.mx