Para garantizar el derecho de las niñas y los niños a mantener contacto con ambos progenitores, el diputado del PAN, Saúl Mireles, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado y tipificar como delito la privación injustificada de convivencia entre un menor de edad y su madre o padre. La propuesta contempla sanciones de uno a cinco años de prisión y de 100 a 500 días de multa.
El legislador explicó que actualmente no existe una penalización clara en el estado para quienes incumplen resoluciones judiciales que establecen regímenes de convivencia. “Obstaculizar el vínculo entre un menor y su madre o su padre sin causa justificada no solo vulnera el derecho del menor, también genera daños emocionales profundos que deben ser considerados una forma de violencia”, señaló Mireles.
De acuerdo con la propuesta, si la conducta es cometida por quien tiene la custodia del menor o por un tercero con su consentimiento, la pena se incrementará hasta en una mitad. Además, si la conducta provoca afectaciones psicológicas, se deberá activar la intervención de las autoridades de protección infantil.
“El desarrollo integral de la niñez no puede depender de la voluntad de uno solo de los padres. Esta reforma busca proteger a los menores, no castigar a los adultos, y responde a una realidad que afecta a miles de familias en el estado”, puntualizó el diputado Mireles. Con esta iniciativa, se busca establecer un marco legal que priorice el interés superior de la niñez y sancione las prácticas que vulneran sus vínculos familiares.
Ojalá, dicen, que se concrete lo expuesto por el secretario de Agricultura Julio Berdegué en la mañanera presidencial y se logre, tomar el control de la situación que priva en Chiapas, con la introducción ilegal del ganado, lo que trajo como consecuencia la aparición de gusano barrenador en México y el cierre de la frontera norteamericana a los becerros de 5 entidades exportadoras del norte de nuestro país, entre estas Chihuahua.
Según lo explicó el titular de Agricultura, al detectar irregularidades en médicos veterinarios particularmente en Chiapas y en base a instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se tomó el control del procedimiento, así como también combatir el tráfico de aretes de identificación del ganado, que facilitaron el movimiento irregular de animales en esa entidad, algo que dijo, va a frenar el mercado negro de este distintivo. Es decir combatir el contrabando que actualmente se da.
Señaló que, del 2013 a la fecha, se le fue reduciendo el personal al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), así como se dejó funciones en otras manos que le dan servicios, además, la demanda ha crecido con un menor número de empleados, dijo .
Ahora, según dijo, viene un proceso de retomar claramente, por parte del Estado mexicano, la rectoría con mucho más firmeza del sistema de salud vegetal y animal, por lo que el gobierno va a implementar medidas para ir tomando control esta situación, que nunca debió ser dejada en manos de terceros, según explicó.
Lo anterior, sin duda, es una buena medida en contra del tráfico de bovinos en la frontera sur, con Guatemala, lo que trajo consecuencias económicas importantes a los Estados exportadores de becerros, como es el caso de Chihuahua.
Sin embargo, no se habla de establecer medidas mas fuertes como es el cierre de la frontera al ganado, lo que han pedido los ganaderos del país, ante las grandes pérdidas económicas que sufrieron los productores del norte del país, así como el costo de combatir al gusano barrenador, que estaba erradicado de nuestro país, desde hace mucho tiempo y ahora viene una campaña costosa para hacerlo de nuevo.
Es un paso importante, en el sentido de combatir el tráfico de ganado del sureste, sin embargo ante la gravedad de la plaga, no se ha determinado cerrar la frontera y aplicar medidas de sanidad estrictas, algo que han pedido los ganaderos del país y que el Gobierno no ha hecho eco de esta petición.