Impugnaciones de aspirantes al PJF y precursores químicos, en la agenda de la SCJN
Entre los pendientes a resolver por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) durante el primer periodo de sesiones, el último con la conformación actual de 11 ministros, porque a partir del próximo 1 de septiembre se integrará por nueve, destaca la resolución de las impugnaciones interpuestas por 471 aspirantes a juzgadores inconformes con la decisión del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación de considerarlos inelegibles para contender en la elección del 1 de junio.
Los diez ministros que integran actualmente el máximo tribunal constitucional del país tras la salida de Luis María Aguilar Morales, el pasado día 30 de noviembre, al concluir su periodo constitucional de 15 años en el cargo, resolverán en los siguientes días, de acuerdo con la agenda de asuntos de los que se dará cuenta en sesión pública, cinco acciones de inconstitucionalidad promovidas por la minoría parlamentaria en ambas cámaras del Congreso de la Unión en contra de distintas leyes secundarias, cuatro de éstas listadas por primera vez desde el 23 de enero de 2024 y la otra desde hace tres meses, el 7 de octubre.
Se tiene previsto resolver también, bajo la ponencia de Jorge Pardo, la solicitud de Yasmín Esquivel Mossa por la que plantea que el pleno de la Corte ejerza su facultad de atracción para revisar si fue constitucional la "Declaratoria Formal de Suspensión de Actividades de los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con exclusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación", emitida por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) en protesta contra los cambios a la Constitución en materia de reforma del Poder Judicial.
Bajo la ponencia de Juan Luis González Alcántara Carrancá se dictará sentencia proximamente respecto de la acción de inconstitucionalidad que presentaron senadores del PAN, PRI, MC y PRD por la que demandaron la invalidez del decreto por el que fue reformada la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 3 de mayo de 2023.
Con base en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el DOF el pasado 20 de diciembre, para declarar la invalidez en el caso de la resolución de acciones de inconstitucionalidad se requiere de ocho votos, del total de los diez ministros actuales; seis votos serán suficientes, pero hasta que el pleno de la Corte se integre por nueve ministros.
Con información de El Economista.
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Un difícil 2025 para algunos empresarios
Para ciertos empresarios, según ha trascendido desde el comercio organizado, el 2025 no tiene una buena expectativa pues, se dice que, en alguno de los organismos empresariales ya les comentaron que iniciará el cobro de uso de suelo, licencia de funcionamiento y demás trámites para todos los negocios en general, desde tiendas, ferreterías y también hasta salones para eventos.
De acuerdo a versiones de empresarios del sector especializado como lo es el de los salones infantiles, incluso, ya se habla del cierre de por lo menos dos de estos establecimientos, debido al exceso de tramitología, los pagos por derechos, servicios y hasta por la renta.
Los comentarios son en el sentido de que, con tanto trámite y cobros, se está afectando a esta sección de los empresarios y en contraparte, se favorece a quienes lo hacen fuera de los lineamientos legales o completamente fuera de la ley.
Estas son algunas de las expresiones, de quienes se sienten afectados por este exceso de tramitología y de cobros, según se han dicho.
Señalan que, en el caso de los salones para eventos, es un suplicio la tramitología por lo complicado de cumplir con lo dispuesto por Gobernación municipal y ni se diga en los trámites en el área de Desarrollo Urbano, de esa instancia; así como los relativos a uso de suelo, placa de aforo, Protección Civil, entre otros, que tienen que sortear y pagar, algo que no sucede con los establecimientos que operan en la ilegalidad.
Además, la puntilla para el sector, según se dice, puede ser la reforma laboral y si llega, la relativa a la reducción a las 48 a 40 horas de trabajo por semana, una iniciativa que se dice, sería el final para los pequeños empresarios, que no soportarían tantos trámites, cambios y cargas que se plantean. Así la expectativa, que tienen algunos para este 2025.
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