Periodistas abandonan conferencia del alcalde de Celaya ante denostaciones y les impiden el regreso
GUANAJUATO, Gto., (apro) .- Periodistas que se encontraban cubriendo una rueda de prensa del alcalde de Celaya, el morenista Juan Miguel Ramírez Sánchez, abandonaron el salón donde se realizaba este evento en protesta por denostaciones que hacía en su contra un generador de contenidos que estaba presente, y cuando pretendieron regresar al recinto, personal de seguridad les cerró las puertas y les impidió el acceso.
El presidente municipal aseguró que investigaría lo sucedido, pero después señaló que se trataba de “una cosa entre los mismos periodistas”, y que el gobierno municipal “no contrata a nadie para defenderlo o para atacarlo”.
Según denunciaron las y los reporteros, fue el director de Fiscalización, Eduardo Griss Kauffman, quien les impidió el acceso, hasta que otra persona les abrió las puertas y entraron para reclamarle al alcalde morenista y exigir respeto a su labor.
Señalaron que el generador de contenido interviene con frecuencia, desacreditando a reporteros que hacen “preguntas incómodas” al alcalde o a funcionarios del gobierno municipal, al que en sus videos y redes dice “apoyar incondicionalmente”.
Esto mismo ocurrió durante la rueda del viernes 11, en la cual el alcalde Ramírez Sánchez y su equipo ofrecían una rueda sobre los temas de seguridad; ante las denostaciones, un grupo de representantes de distintos medios decidieron abandonar la conferencia y salieron del salón de la Presidencia Municipal, donde se realizaba.
Cuando pretendieron ingresar de nuevo para hablar con el alcalde sobre lo ocurrido, se encontraron con las puertas cerradas y custodiadas por fuerzas policiacas que les impedían el acceso.
Tras unos minutos en que los periodistas insistieron en entrar, por fin se les permitió el paso y encararon al alcalde, quien aseguró que no fue él quien ordenó impedirles el acceso y aseguró que investigaría si hubo funcionarios involucrados y éstos serán sancionados.
Aunque dijo que varios reporteros le hacen “preguntas muy fuertes”, el edil morenista afirmó “nosotros contestamos todas las preguntas, es su trabajo”.
Unos minutos después de lo sucedido, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento, Ma. Isabel Herrejón Arredondo, se pronunció rechazando que se obstaculice la labor periodística y exhortó al alcalde y demás autoridades municipales a garantizar la libertad de expresión.
Entonces, el alcalde Juan Miguel Ramírez negó que de manera personal o a través del gobierno, esté propiciando o pagando para que alaben a su administración.
“Así se hacen los chismes…los periodistas dicen que otro periodista los está violentando, pero ambos son periodistas. A ambos se les dan recursos económicos, no muchos, para que puedan también sobrevivir (sic)”, fueron sus palabras. “El gobierno municipal no contrata a nadie para defenderlo o para golpearlo”, agregó.
El presidente municipal finalmente reconoció “obviamente estuvo mal eso” y aseguró que revisará lo ocurrido y que “queremos que la libertad de expresión sea el pan nuestro de cada día en nuestra administración”.
Con información de proceso.com.mx
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Desaparición forzada y el malestar del Gobierno
Sin duda, lo anunciado recientemente por el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, de un procedimiento especial para investigar la desapariciones forzadas en el país, está levantado ámpula en México y ha generado diversas reacciones y en todos los niveles, así como molestia en el Gobierno.
Así, se han tenido expresiones en contra de esa resolución, desde el senado de la República en la voz del presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, además de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Rosario Piedra, incluso, de la propia presidenta Claudia Sheinbaum, quien negó que esto esté sucediendo en el país, pues no hay desaparición forzada por el Estado, según lo expuso en su “mañanera”, al relacionar el delito a los grupos criminales.
Pese al rechazo oficial, se ha insistido desde el organismo internacional que, la desaparición forzada, no solo es de parte del Estado, también lo es de grupos de la delincuencia, si esta actúa con la autorización, incluso, con la inacción o abstención del Estado ante una violación a derechos humanos y por eso, dicen, el señalamiento.
Las cifras sobre personas desaparecidas y no localizadas en México han tenido variaciones y ahora se habla de 124 mil 263 , según lo adjudican al Registro Nacional. Al respecto se ha dicho que el 40%, de los casos se habrían registrado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, periodo al que también se le contabilizan casi 200 mil homicidios dolosos.
El anuncio del Comité de Desapariciones Forzadas, dependiente de la ONU, así como lo ocurrido en el rancho Izaguirre en Teuchitlán ,Jalisco, dicen, pudiera haber hecho cambiar la actitud del gobierno de la presidenta Sheinbaum, para aceptar recibir y reunirse, a través de la Secretaría de Gobernación, con los diferentes colectivos de búsqueda de desaparecidos.
Por cierto, aún falta que la presidenta informe, como lo ofreció, las cifras de de desaparecidos, cuando se le cuestionó el descenso en homicidios que ha venido señalando, estadística de la que se dijo, se le estarían restando víctimas para colocarlas como desapariciones. Habrá que ver lo que se diga, según comentan.
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