Ecuador decreta estado de excepción en nueve localidades, incluido Quito, en víspera de elecciones presidenciales
AP.- Ecuador decretó el sábado un estado de excepción en nueve localidades y en las cárceles, con lo cual restringe algunos derechos ciudadanos como la libre movilidad, ante la "violencia extrema" en esas zonas, a un día de la celebración de la segunda vuelta presidencial.
La medida regirá por 60 días y también aplicará en Quito, la capital de la nación andina. Tiene lugar cuando los ecuatorianos se preparan para acudir el domingo a las urnas en una contienda en el que se miden por segunda ocasión el actual presidente y candidato, Daniel Noboa, y la opositora, Luisa González.
El decreto “por grave conmoción interna” regirá donde por la operación de grupos del crimen organizado “se evidencia una violencia extrema", como las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Sucumbíos, en la costa y oriente del país.
Además, en Quito, que pertenece a Pichincha, y en la ciudad Camilo Ponce Enríquez de la provincia del Azuay, informó el gobierno. La medida incluye la movilización de la policía y fuerzas armadas en las zonas descritas.
Con el estado de excepción en vigor se suspenden los derechos a la inviolabilidad de domicilio y correspondencia, la libertad de reunión y regirá un toque de queda en cinco de las nueve localidades entre las diez de 10:00 de la noche y 5:00 de la mañana. Esta última medida no incluye a Quito.
Noboa, quien llegó al poder hace más de un año para un gobierno de transición que concluye en mayo, ha decretado en su gestión más de una decena de estados de excepción, incluyendo la declaratoria de un conflicto armado interno.
Así, sustentó el despliegue de un bloque de seguridad permanente en las calles y cárceles del país, aunque la Corte Constitucional ha cuestionado al presidente por no presentar evidencias suficientes para justificar ese estado.
El gobierno asegura que la aplicación de su política de seguridad permitió la reducción del 16% de muertes violentas a finales de 2024, cuando cerró con seis mil 987 asesinatos, en contra los ocho mil 248 en 2023, el año con el récord de violencia en el país andino.
Sin embargo, las cifras oficiales muestran que 2025 se perfila con uno de los más sangrientos, registrando entre enero y febrero un repunte de homicidios con mil 529 asesinatos, superiores a los 892 del primer bimestre de 2024 y los mil 039 de 2023.
Con información de: LatinUs.
Tips al momento
Desaparición forzada y el malestar del Gobierno
Sin duda, lo anunciado recientemente por el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, de un procedimiento especial para investigar la desapariciones forzadas en el país, está levantado ámpula en México y ha generado diversas reacciones y en todos los niveles, así como molestia en el Gobierno.
Así, se han tenido expresiones en contra de esa resolución, desde el senado de la República en la voz del presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, además de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Rosario Piedra, incluso, de la propia presidenta Claudia Sheinbaum, quien negó que esto esté sucediendo en el país, pues no hay desaparición forzada por el Estado, según lo expuso en su “mañanera”, al relacionar el delito a los grupos criminales.
Pese al rechazo oficial, se ha insistido desde el organismo internacional que, la desaparición forzada, no solo es de parte del Estado, también lo es de grupos de la delincuencia, si esta actúa con la autorización, incluso, con la inacción o abstención del Estado ante una violación a derechos humanos y por eso, dicen, el señalamiento.
Las cifras sobre personas desaparecidas y no localizadas en México han tenido variaciones y ahora se habla de 124 mil 263 , según lo adjudican al Registro Nacional. Al respecto se ha dicho que el 40%, de los casos se habrían registrado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, periodo al que también se le contabilizan casi 200 mil homicidios dolosos.
El anuncio del Comité de Desapariciones Forzadas, dependiente de la ONU, así como lo ocurrido en el rancho Izaguirre en Teuchitlán ,Jalisco, dicen, pudiera haber hecho cambiar la actitud del gobierno de la presidenta Sheinbaum, para aceptar recibir y reunirse, a través de la Secretaría de Gobernación, con los diferentes colectivos de búsqueda de desaparecidos.
Por cierto, aún falta que la presidenta informe, como lo ofreció, las cifras de de desaparecidos, cuando se le cuestionó el descenso en homicidios que ha venido señalando, estadística de la que se dijo, se le estarían restando víctimas para colocarlas como desapariciones. Habrá que ver lo que se diga, según comentan.
Notas recientes
Las más leídas
