Ciudad de México, 14/04/25 (Más).- El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció que presentará 3 mil 405 denuncias por presuntos actos de corrupción relacionados con prácticas inmobiliarias irregulares que habrían afectado a 73 mil derechohabientes, según informó el director general del organismo, Octavio Romero Oropeza.
Las denuncias, de acuerdo con el titular del Infonavit, están vinculadas a distintos esquemas de presunto fraude. Entre ellos, destacó la existencia de juicios masivos que perjudicaron a derechohabientes, la utilización de la marca Infonavit por parte de “coyotes” para cometer engaños, y la usurpación de identidad de trabajadores para obtener créditos o adjudicar viviendas de forma indebida.
También se incluyen fraudes derivados de la venta sucesiva de las mismas propiedades a distintos compradores, así como actos de corrupción cometidos por funcionarios del propio instituto que facilitaron la desposesión de viviendas a los acreditados.
Romero Oropeza indicó que hasta el momento se han presentado 38 denuncias por los presuntos fraudes y por prácticas que, dijo, formaron parte del modelo de operación del Infonavit durante los gobiernos neoliberales. Señaló que la cifra de denuncias se incrementará hasta alcanzar las 3 mil 405, conforme se documente cada uno de los casos.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Romero Oropeza también informó sobre la identificación de 4 millones 25 mil créditos hipotecarios que fueron otorgados en condiciones que calificó como muy desventajosas. Estos créditos, aseguró, ya fueron congelados y están en proceso de revisión con el objetivo de disminuir los saldos de deuda, reducir los pagos mensuales y ajustar las tasas de interés aplicadas.
En el mismo evento, el titular del Infonavit expuso que el instituto tiene identificadas 845 mil viviendas que presentan problemas significativos. Estas propiedades, explicó, se encuentran abandonadas, vandalizadas o bien están ocupadas por personas distintas a los acreditados originales.
Ante esta situación, Romero Oropeza detalló que se estableció un acuerdo con la Secretaría del Bienestar para levantar un censo que permita conocer con precisión el estado de estas viviendas. Añadió que no se van a desalojar a las personas que han invadido estas viviendas pero sí se buscarán alternativas legales.
El funcionario no ofreció un cronograma específico para la presentación de las denuncias, ni detalló el número de funcionarios presuntamente implicados en los actos de corrupción dentro del Infonavit. Tampoco precisó las entidades federativas más afectadas por los fraudes o las viviendas en condiciones irregulares.
Romero Oropeza tampoco explicó si las acciones legales serán promovidas ante autoridades locales o federales, ni si se contemplan mecanismos de reparación del daño para los derechohabientes perjudicados.
En relación con las viviendas en situación de abandono o irregular ocupación, tampoco se ofrecieron detalles sobre los criterios que se utilizarán para regularizar a los actuales ocupantes o sobre las alternativas legales que se contemplan en cada caso.
El anuncio ocurre en el contexto de la reforma al Infonavit que avanza en el Senado, la cual permitiría al gobierno disponer de los ahorros de los trabajadores. Esta iniciativa ha generado diversas reacciones entre legisladores y organizaciones laborales.
El Infonavit no dio a conocer si la presentación de las denuncias se coordinará con otras instancias como la Fiscalía General de la República o con órganos internos de control. Tampoco se informó si el instituto solicitará apoyo de instancias internacionales para el seguimiento de los casos en los que se detecten redes de corrupción más amplias.
Con información de: Massinformación.