Maduro incurre en "terrorismo de Estado" para mantenerse "ilegítimamente" en el poder: CIDH
BOGOTÁ (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusó hoy al régimen venezolano que encabeza Nicolás Maduro de ejecutar prácticas de “terrorismo de Estado” y desarrollar una “represión sistemática” antes, durante y después de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio con el propósito del “perpetuarse ilegítimamente en el poder”.
En el informe “Venezuela: graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral”, divulgado este martes, el organismo hemisférico señaló que la operación represiva a gran escala que desató Maduro contra las manifestaciones espontáneas de la ciudadanía, que percibía un “fraude electoral” perpetrado por el régimen.
La represión, señaló la CIDH, ha dejado “al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas dos mil detenciones arbitrarias —incluyendo niñas, niños y adolescentes—, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y graves violaciones a las garantías judiciales y la libertad de expresión”.
El reporte, que se publica tres días antes de que el presidente de Venezuela electo en los comicios del 28 de julio deba juramentar en el cargo, indicó que, además, se emplearon tácticas como detenciones masivas, allanamientos sin orden judicial, marcación de viviendas opositoras, redadas en barrios populares y cancelación abrupta de pasaportes”.
La crisis política y derechos humanos en Venezuela “es el resultado de la cooptación total de las instituciones estatales por parte de un régimen que busca sobre todo mantenerse ilegítimamente en el poder”, agregó la CIDH.
Maduro tiene programado juramentar este viernes 10 ante la Asamblea Nacional, dominada por el chavismo, para un tercer periodo como presidente de Venezuela. Esto, a pesar de las evidencias de fraude presentadas por la oposición.
Según las actas digitales de las mesas de votación divulgadas por la oposición, el candidato de la coalición opositora, Edmundo González Urrutia, ganó la elección presidencial con el 67% de los votos, mientras que Maduro obtuvo el 31%.
La CIDH indicó que antes, durante y después de los comicios presidenciales, el régimen implementó una estrategia represiva coordinada, en tres etapas: la primera, para impedir la participación política de la oposición; la segunda, para obstaculizar el desarrollo de una contienda electoral libre, justa, competitiva y transparente, y la tercera, para sembrar terror en la ciudadanía e inhibir la protesta social por el fraude electoral.
“Estos hechos sólo pudieron llevarse a cabo, sin ningún control, debido a la cooptación de los distintos poderes del Estado, registrada en las últimas dos décadas”, indicó el organismo hemisférico.
El reporte indicó que el Estado recurrió al poder de instituciones como la Contraloría General de la República, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y las fuerzas de seguridad para llevar a cabo detenciones arbitrarias de personas opositoras, defensoras de derechos humanos y con liderazgo social “bajo acusaciones vagas”.
El control de las instituciones diseñadas para promover y proteger los derechos humanos y la democracia, junto con la corrupción a gran escala para el recaudo de rentas lícitas e ilícitas, “han sido fundamentales para garantizar el actuar impune de las fuerzas de seguridad”, agregó la CIDH.
Y sostuvo que el caso venezolano “ilustra claramente la relación intrínseca entre los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho”.
De acuerdo con el reporte, las circunstancias que rodearon la elección presidencial del 28 de julio “configuran una alteración del orden constitucional”, mientras que la opacidad electoral y las restricciones a los derechos políticos “impiden a esta Comisión considerar que la reelección de Nicolás Maduro goza de legitimidad democrática”.
Con información de proceso.com.mx
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Un difícil 2025 para algunos empresarios
Para ciertos empresarios, según ha trascendido desde el comercio organizado, el 2025 no tiene una buena expectativa pues, se dice que, en alguno de los organismos empresariales ya les comentaron que iniciará el cobro de uso de suelo, licencia de funcionamiento y demás trámites para todos los negocios en general, desde tiendas, ferreterías y también hasta salones para eventos.
De acuerdo a versiones de empresarios del sector especializado como lo es el de los salones infantiles, incluso, ya se habla del cierre de por lo menos dos de estos establecimientos, debido al exceso de tramitología, los pagos por derechos, servicios y hasta por la renta.
Los comentarios son en el sentido de que, con tanto trámite y cobros, se está afectando a esta sección de los empresarios y en contraparte, se favorece a quienes lo hacen fuera de los lineamientos legales o completamente fuera de la ley.
Estas son algunas de las expresiones, de quienes se sienten afectados por este exceso de tramitología y de cobros, según se han dicho.
Señalan que, en el caso de los salones para eventos, es un suplicio la tramitología por lo complicado de cumplir con lo dispuesto por Gobernación municipal y ni se diga en los trámites en el área de Desarrollo Urbano, de esa instancia; así como los relativos a uso de suelo, placa de aforo, Protección Civil, entre otros, que tienen que sortear y pagar, algo que no sucede con los establecimientos que operan en la ilegalidad.
Además, la puntilla para el sector, según se dice, puede ser la reforma laboral y si llega, la relativa a la reducción a las 48 a 40 horas de trabajo por semana, una iniciativa que se dice, sería el final para los pequeños empresarios, que no soportarían tantos trámites, cambios y cargas que se plantean. Así la expectativa, que tienen algunos para este 2025.
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