CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A dos años del incendio de una estancia migratoria en Ciudad Juárez, en el que murieron 40 personas y 27 quedaron severamente lesionadas, recientes eventos en el litigio que favorecen al titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, apuntan a un “carpetazo”, alertó Yesenia Valdez, coordinadora de Defensa Integral de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), una de las organizaciones que representa a víctimas y deudos de la tragedia ocurrida el 27 de marzo de 2023.
Tras conocerse la resolución del Tribunal Colegiado de Apelación del Séptimo Circuito en Ciudad Juárez, Chihuahua, que confirmó la decisión del juez Víctor Manlio Hernández Calderón de otorgarle la suspensión condicional del proceso a Garduño, las alertas de defensores de las víctimas se reactivaron.
Ya desde semanas anteriores, los defensores estaban pendientes de lo que vendría, luego de que Garduño anunciara ante medios un acto de disculpa pública este miércoles 16 de abril, como parte de un requisito para llevar su proceso penal por ejercicio ilícito el servicio público bajo el beneficio de la solución alterna, sin haber notificado previamente a las víctimas ni a sus representantes.
Señaló que la principal anomalía que se litiga en el caso de Garduño tiene que ver con que, contrario a lo que indica el Código Nacional de Procedimientos Penales, que como presunto responsable, de manera individual “no les ha dado reparación integral del daño a las víctimas”, sino que la compensación que recibieron las familias fue por parte del gobierno federal, con recursos públicos.
Valdez explicó que, ante el anuncio de que ofrecería una disculpa pública, las organizaciones denunciaron el hecho ante el juez de la causa advirtiendo que, de llevarse a cabo el evento “sin atender los lineamientos internacionales de derechos humanos”, en los que se establece la obligatoriedad de consultar con las víctimas los términos en que se tendría que llevar el evento.
Contó que el juez les dio la razón, por lo que instruyó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para ser intermediaria de las partes y “garantizar a ella que se diera la disculpa pública en esos términos que establece la materia a nivel internacional”.
En apego a la orden judicial, el lunes 14 de abril se llevó a cabo una reunión presidida por la titular de la CEAV, Yuriria Rodríguez, los abogados de las víctimas y del comisionado, en la que se pusieron sobre la mesa ciertas condicionantes para que el evento se lleve a cabo.
De acuerdo con un comunicado firmado por la FJEDD, el Instituto para las Mujeres en Migración (Imumi), Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) y la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas Alaide Foppa, que representan a las víctimas directas e indirectas, entre los puntos exigidos, se fijó un plazo de al menos dos meses para organizar la disculpa pública, para que se lleve a cabo en las inmediaciones de la Estancia Migratoria de Ciudad Juárez, con la asistencia del mayor número de víctimas y con transmisión remota para quienes no puedan acudir; que se cubran los viáticos de las victimas que asistan garantizando el ingreso legal a México, y que el texto que Garduño lea “se realice con plena satisfacción de las víctimas”.
Según el comunicado, entre los acuerdos se admitió que las víctimas “tendrán derecho a réplica”; que el texto de la disculpa pública que tendrá que leer Garduño se publique en dos medios nacionales y en medios de los países de origen de las víctimas; que la disculpa se realice en español, “con interpretación al K´che´y Q’anjob’al, ya que diversas víctimas de Guatemala provenían de comunidades mayas hablantes de estos idiomas”, mientras que la defensa de Garduño fijó el 2 de mayo como día en que se realizaría el evento.
Yesenia Valdez apuntó que la defensa del inculpado se comprometió a que “supuestamente quien va a pagar el traslado de estas familias para la disculpa pública sería Garduño, eso es algo que habría que investigar, si sale de su dinero o del gobierno”.
Consideró que, por la premura de los tiempos, no es seguro que se lleve a cabo la disculpa pública en los tiempos fijados por la defensa de Garduño, “a menos que todo mundo le ayude para que sea posible”, para que el acto cumpla con los estándares internacionales.
Añadió que se tiene que tomar en cuenta que, para que las familias de las víctimas lleguen a México, “hay que revisar si tienen pasaportes, si todas tienen visas, si tienen tarjeta humanitaria para ser trasladadas, hay que comprar boletos, traslados, o sea, y estamos a 15 días de esa fecha”, por lo que es complicado pensar en que se cumpla el plazo.
La abogada de la FJEDD resaltó que el litigio no termina con la disculpa, pues de por medio está el amparo que las organizaciones interpondrán próximamente por la resolución de un tribunal colegiado a favor de que Garduño sea beneficiado con una solución alterna, es decir, que se le acredite como válidas las compensaciones económicas para las víctimas que ha erogado el INM, cuando legalmente tendrían que ser desembolsadas de sus propios recursos para que no se le persiguiera penalmente.
Apuntó que otras 11 personas están siendo sometidas al proceso judicial por el incendio en la Estancia Migratoria, y calificó como “muy indignante” que en las investigaciones del caso “no entraran al fondo a hacer un análisis de qué tanto hace falta en México, en beneficio de las víctimas”, sino que pareciera que “hay todo un mecanismo estatal para ayudar al señor Garduño a salir limpio de esto”.
Tras detallar qué elementos no se han investigado por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), Yesenia Valdez resaltó que el incendio de Ciudad Juárez no fue el único ocurrido durante el mandato de Garduño, tema que tampoco se tomó en cuenta, y que explicaría lo ocurrido en Ciudad Juárez hace dos años.
Tras puntualizar que la investigación sigue abierta, con posibilidades de corregir, la defensora lamentó que todo apunta a un “carpetazo” del caso del incendio de la Estancia Migratoria de Ciudad Juárez.
“Veo difícil que la Fiscalía vaya a remontar su investigación inicial, a estas alturas lo que parece ser es que a toda costa quieren terminar el caso, quieren darle carpetazo, claro que sería una buena oportunidad que la Fiscalía corrigiera, sin embargo, como ya se llevó a cabo una investigación, como ya se le imputó a Garduño, como ya se le procesó, recuerda que hay un principio jurídico de que a nadie se le puede juzgar ni sentenciar dos veces por los mismos hechos, en un futuro saliera información distinta, pues a él en concreto ya no se le podría de nuevo procesar. Que sí, sí está realmente indignante el asunto.”
Con información de: Proceso.