Ciudad de México, 16/04/25 (Más).- Documentos presentados ante una corte del distrito norte de California por la empresa WhatsApp revelaron que México fue el país con más víctimas de espionaje a través del software Pegasus durante el primer año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), 456 personas con números telefónicos mexicanos fueron atacadas entre el 29 de abril y el 10 de mayo de 2019, lo que representa el 37% de los 1,233 teléfonos intervenidos a nivel global en ese periodo.
La información fue aportada por WhatsApp en su demanda contra NSO Group, la compañía israelí desarrolladora de Pegasus, y corresponde a registros vinculados con el uso del sistema operativo Android. La vulnerabilidad en la aplicación de mensajería fue sellada por la empresa el 13 de mayo de 2019 mediante un parche de seguridad que detuvo la infección del malware.
Pegasus, un software espía cuya venta está restringida exclusivamente a gobiernos, ha sido utilizado previamente por distintas administraciones mexicanas. De acuerdo con investigaciones periodísticas y de organizaciones de derechos humanos, su uso en México se remonta al año 2011, durante el mandato de Felipe Calderón. En años posteriores, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se incrementó su utilización por parte del Ejército y de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
Entre 2016 y 2017, Amnistía Internacional reportó que se intervinieron al menos 15,000 números tras una adquisición oficial del Gobierno federal. Durante ese tiempo, R3D y Artículo 19 documentaron 76 ataques contra 12 personas, entre ellas periodistas y defensores de derechos humanos. En esa misma etapa, medios internacionales informaron que se destinaron alrededor de 6.000 millones de pesos a contratos con NSO Group.
López Obrador, al asumir la presidencia, criticó públicamente el uso de Pegasus por parte de su antecesor y prometió transparencia en torno al tema. No obstante, en 2022, el acceso a los contratos fue reservado por cinco años, lo que impidió la revisión pública de los documentos relacionados con su uso durante su propio gobierno.
En marzo de 2023, tras la publicación de investigaciones sobre espionaje a defensores de derechos humanos y organizaciones sociales, el presidente López Obrador reconoció que tanto su administración como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habían utilizado Pegasus. No obstante, aseguró que no se trataba de actividades de espionaje, sino de trabajos de inteligencia enfocados en el seguimiento de la delincuencia organizada.
En declaraciones de ese año, el presidente afirmó que los operativos estaban bajo la supervisión del Centro Nacional de Inteligencia, instancia heredera del extinto Cisen. Según sus palabras, se trataba de labores para identificar movimientos y operaciones de la delincuencia organizada.
Durante la audiencia judicial en Estados Unidos, NSO Group confirmó que México era uno de sus clientes. En 2022, R3D denunció que el operador del sistema en México era el Centro Militar de Inteligencia, presuntamente vinculado a Sedena, aunque las autoridades negaron la existencia de esa unidad. La organización también expuso que Pegasus había infectado los teléfonos de defensores del caso Ayotzinapa pertenecientes al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.
El documento legal presentado por WhatsApp acusa a NSO Group de aprovechar vulnerabilidades del sistema operativo y de las aplicaciones para enviar enlaces con código malicioso a través de su plataforma. Según la demanda, los ataques permitieron el acceso a computadoras, redes de almacenamiento de datos de la empresa, así como a información de los usuarios.
La organización R3D sostiene que las pruebas aportadas por WhatsApp y Facebook muestran, por primera vez, la escala del espionaje estatal con Pegasus. Desde 2016, esta herramienta tecnológica ha sido empleada por distintos gobiernos alrededor del mundo. Además de México, se han reportado ataques en Emiratos Árabes Unidos y España, donde en 2022 se confirmó el espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros de Defensa e Interior. En el caso mexicano, uno de los aspectos distintivos es la continuidad en el uso de este software bajo distintos gobiernos. A pesar del cambio en la administración federal, los mecanismos de vigilancia permanecieron activos, y las promesas de erradicación del espionaje no se tradujeron en una revisión transparente de su funcionamiento. El proceso judicial en California continúa y podría aportar nueva información sobre el alcance del programa en territorio mexicano.
Con información de: Massinformación.