Reuters.- El gobierno del presidente Donald Trump está apelando los esfuerzos de dos jueces para investigar si funcionarios en el gobierno no cumplieron con sentencias sobre la deportación de migrantes a El Salvador, escalando una confrontación entre los poderes ejecutivo y judicial de Estados Unidos.
El miércoles por la noche, el Departamento de Justicia dijo que apelará la conclusión del juez de distrito estadounidense de Washington, James Boasberg, de que había causa probable para creer que el gobierno había violado su orden de traer de vuelta a presuntos miembros de una pandilla venezolana que fueron deportados a El Salvador el 15 de marzo bajo una ley de guerra del siglo XVIII.
Boasberg dijo que los funcionarios del gobierno podrían enfrentar cargos penales por desacato.
También a última hora del miércoles, los abogados del gobierno pidieron a la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos que impida que la jueza de distrito Paula Xinis en Greenbelt, Maryland, ordene a los funcionarios estadounidenses que proporcionen documentos y respondan preguntas bajo juramento sobre lo que habían hecho para garantizar el regreso de Kilmar Ábrego García, un migrante que fue deportado erróneamente a El Salvador.
En ambos casos, el gobierno Trump ha negado haber violado las órdenes judiciales y ha acusado a los jueces de extralimitarse en sus funciones.
"Un solo tribunal de distrito se ha metido en la política exterior de Estados Unidos y ha tratado de dictarla desde el banquillo", escribieron los abogados del Departamento de Justicia en su presentación ante el Cuarto Circuito. "Se necesita un decisión de emergencia".
La administración Trump se enfrenta a más de 150 demandas contra sus políticas.
Los demócratas y algunos analistas legales dicen que los funcionarios en algunos casos están demorando el cumplimiento de los fallos judiciales desfavorables, lo que indica una posible voluntad de desobedecer a una rama independiente del Estado.
Funcionarios de la Administración han respondido con duras críticas a los jueces Boasberg y Xinis, ambos nombrados por el presidente demócrata Barack Obama, después de que Boasberg bloqueó las deportaciones de migrantes venezolanos. Trump pidió su destitución.
El comentario provocó una rara reprimenda del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, quien dijo que las apelaciones, y no las destituciones, eran la respuesta adecuada a los desacuerdos con los mandatos judiciales.
Con información de Latinus