Según datos de la Secretaría del Bienestar, en su Tercer Informe Trimestral de 2024, sólo 270,245 niñas, niños, adolescentes y jóvenes recibieron apoyos del "Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras", durante el periodo de enero a septiembre, a pesar de que la población objetivo estimada asciende a más de 1.5 millones.
De estos beneficiarios, 221,117 pertenecen a la Modalidad A —destinada a menores de 4 años (o de hasta 6 con discapacidad)—, lo que representa apenas el 14% de la población objetivo. Mientras tanto, 49,128 beneficiarios fueron atendidos bajo la Modalidad B —huérfanos de madre—, equivalente a menos del 2% del total estimado para este grupo.
Esta baja cobertura contrasta con el nivel de recursos ejercidos. El programa contó con un presupuesto original de 3,067.71 millones de pesos, el cual se redujo a 2,477.49 millones de pesos durante el año. De ese monto, al mes de septiembre ya se habían ejercido 2,114.88 millones de pesos, es decir, un 90.86% del presupuesto calendarizado. Sin embargo, sólo el 17% de la población objetivo ha recibido apoyos, lo que plantea dudas sobre la eficiencia del gasto.
En términos de metas generales anuales, se cumplió con el 95.24% del objetivo (822,619) de entregas en la modalidad A y el 103.03% (en la modalidad B, pero estos porcentajes se calculan sobre un universo mucho menor al estimado inicialmente (1 millón 320,000 y 300,000, respectivamente).
Un dato adicional que ilustra el rezago del programa es la conformación de los Comités de Contraloría Social: de los 2,744 comités programados para 2024, sólo se han creado 1,474, lo que representa apenas el 53.72% de la meta anual.
Programas limitado y sin objetivos claros
Especialistas consideraron que el programa federal de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras busca garantizar el desarrollo y bienestar infantil, tiene un impacto limitado frente a las necesidades estructurales de la infancia y adolescencia en México; además, de que carece de objetivos claros.
Patricia Ganem, coordinadora del Observatorio de Investigación de Educación con Rumbo, criticó que persista una lógica asistencialista sin evaluación del impacto real de los apoyos. “Nos parece que no hay una orientación a objetivos concretos en estos programas y vemos una distribución indiscriminada de recursos, sin saber si quienes los reciben verdaderamente los necesitan”, afirmó en entrevista con El Economista.
La especialista lamentó la falta de diagnósticos que permitan medir el efecto de los apoyos sobre el desarrollo de los menores. “Ya llevamos seis años, vamos a completar el séptimo, sin evidencia del impacto de estos programas. No sabemos en qué se gasta el dinero ni si hay mejoras en salud, educación o desarrollo neurofisiológico de los niños”, sostuvo.
También subrayó la necesidad de mayor transparencia. “No es necesario conocer nombres, pero sí saber qué porcentaje de niños fueron apoyados en cada entidad y en qué zonas se concentraron los apoyos”, dijo.
Por otro lado, se pronunció a favor de dejar atrás el modelo de transferencia directa y avanzar hacia la construcción de una infraestructura nacional de cuidados. “Más que dar dinero en efectivo, es mejor invertir en centros de atención infantil, guarderías, estancias comunitarias y en la capacitación de profesionales que cuiden a esta población”, argumentó.
“Este tipo de programas son solamente paliativos. Regulan un poco el origen del problema, pero no atienden las causas”, afirmó por su parte, Jesús Villalobos, miembro de la Red por los Derechos de la Infancia en México. “Lo que observamos es que básicamente es un pozo sin fondo: se entrega dinero a diestra y siniestra sin ningún tipo de norte”.
El experto señaló que si bien el presupuesto para programas sociales ha aumentado, los recursos no se destinan a iniciativas que verdaderamente generen oportunidades de desarrollo. “El discurso oficial dice que se atienden las causas, pero no hay análisis de programas que realmente lo hagan. Si nosotros decimos que estos programas no sirven, sirven menos aún si solo se asignan a una parte de la población”, sentenció.
Para Villalobos, el cambio de fondo debe centrarse en inversión educativa, no en eventos simbólicos. “Hace poco organizaron una clase masiva de boxeo. Gastas dinero en difusión y playeras, pero no atiendes el origen del problema. Una clase no sirve para nada”, criticó.
Además, lamentó la falta de políticas públicas integrales con enfoque de derechos: “No se le toma en cuenta a este sector de la población. No existen programas que les den participación ni oportunidades reales a largo plazo”.
Mientras que Patricia Ganem propuso una serie de medidas para rediseñar el programa: crear una base de datos detallada sobre los niños beneficiarios, asignar recursos sólo a quienes verdaderamente los necesitan y dar seguimiento a la evolución de las condiciones de los menores y sus familias.
Con información de El Economista