La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que elementos militares incurrieron en violaciones graves de los derechos humanos al disparar y matar a seis migrantes, entre ellas una menor de edad, en Chiapas el pasado 1 de octubre.
A través de la recomendación 175VG/2025, la CNDH determinó que los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) hicieron uso excesivo de la fuerza mediante el empleo ilegítimo de armas de fuego al disparar contra el vehículo donde se encontraban las víctimas.
La Comisión no pudo identificar que los integrantes de la Defensa intentaran realizar maniobras menos letales contra los ocupantes del vehículo, así como tampoco advirtió que el uso de armas de fuego haya sido inevitable.
También se estableció que el uso de fuerza aplicado no fue gradual, proporcional, ni adecuado y que las personas fallecidas fueron víctimas de uso excesivo e innecesario de la fuerza en la que se usaron armas de fuego de forma ilegítima.
Por lo anterior, la CNDH reconoció que el ejército violó los derechos humanos de la vida y la integridad personal.
“Si bien es cierto que no se pudo determinar que existió intencionalidad directa por parte de los elementos castrenses para ocasionar los daños referidos -como causar la muerte de seis personas- sí se generaron indicios que convierten a dos de ellos en directamente responsables frente a la obligación máxima que tenían, como servidores públicos, de proteger la vida y la integridad de las personas”, dice la recomendación.
Ante la gravedad de los hechos, la CNDH solicitó a la Defensa colaborar con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para realizar el trámite de la reparación integral del daño causado a las víctimas directas e indirectas de este acontecimiento.
También, solicitó gestionar la atención médica y psicológica para las personas con las que la Comisión ha tenido contacto, así como colaborar en el trámite de las denunciar ante el Órgano Interno de Control.
De igual forma, recomendó darle seguimiento a la carpeta de investigación y a la causa penal iniciada por el caso.
Finalmente, el ejército deberá presentar un Protocolo de Atención al Migrante, así como la realización de cursos especializados en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, con énfasis en el uso legítimo de las armas de fuego y derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana.
La noche del 1 de octubre, poco antes de las 9 de la noche, elementos del Ejército dispararon en contra de migrantes que se encontraban circulando en la carretera Villa Comaltitlán-Huixtla, Chiapas, provocando la muerte de seis personas.
Según la versión de la Secretaría de la Defensa, los elementos del ejército identificaron una camioneta tipo pick up que iba a alta velocidad acompañada en caravana de otras dos camionetas con redillas “como las que usan grupos delincuenciales en esa región”.
Dos elementos del Ejército dijeron haber escuchado detonaciones y abrieron fuego, deteniendo la marcha de una de las camionetas.
En los autos viajaban 33 migrantes de nacionalidad egipcia, nepalí, cubana, hindú, pakistaní y árabe.
Luego de las detonaciones hechas por dos elementos del Ejército, 4 migrantes fallecieron en el lugar, 12 resultaron lesionados y fueron trasladados al Hospital General de Huixtla, donde murieron dos más mientras recibían atención médica.
Tras los hechos, los dos elementos que dispararon fueron separados de sus funciones para que se realizaran las investigaciones pertinentes.
Con información de: Animal político.