El viernes 11 de abril, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, extraditó a 13 ciudadanos mexicanos, quienes cumplían condenas de prisión por distribución de drogas.
“El traslado de 13 reclusos federales a autoridades penitenciarias en México, realizado el viernes, ha ahorrado a Estados Unidos más de 3 millones de dólares al eliminar la necesidad de pagar los costos de encarcelamiento por los 75 años restantes de sus sentencias combinadas”, declaró Matthew R. Galeotti, Jefe de la División Penal del Departamento de Justicia.
Esta acción, que se rige bajo el Programa Internacional de Transferencia de Prisioneros del Departamento de Justicia, administrado por la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Penal, tiene por objetivo mejorar la rehabilitación de los infractores.
De acuerdo con la dependencia estadounidense, el traslado se realiza de conformidad con el Tratado entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos sobre la Ejecución de las Sentencias Penales”.
México hizo lo propio a finales de febrero, cuando las autoridades mexicanas informaron de la extradición de 29 narcotraficantes de alto nivel hacia Estados Unidos y que se produjo por razones de "seguridad nacional".
De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch, la extradición se realizó porque se contaba con información de que algunos de los 29 narcotraficantes estaban a punto de ser liberados o que se retrasarían sus procesos de extradición, debido a que tenían tratos con jueces.
A mes y medio de la transferencia, surge la pregunta de si el Gobierno mexicano podrá contener a los delincuentes extraditados desde EU, toda vez que la versión estadounidense sostiene que el objetivo fue para reducir costos de mantenimiento y espacio en su sistema penitenciario.
No obstante, también revelaron que los 13 reclusos transferidos solicitaron ser trasladados a su país de origen, y los gobiernos de Estados Unidos y México aprobaron estos traslados. ¿acaso por qué la justicia mexicana es más flexible?
El Congreso de los Estados Unidos promulgó la legislación que autorizaba el Programa Internacional de Transferencia de Prisioneros en octubre de 1977, la cual también establecía los requisitos del programa. Estados Unidos firmó su primer tratado de transferencia con México en 1976, el cual entró en vigor en noviembre de 1977, y desde entonces ha firmado diez acuerdos bilaterales adicionales de transferencia y dos convenios multilaterales de transferencia. Estos acuerdos internacionales otorgan a Estados Unidos relaciones de tratados de transferencia con más de 85 países.
La Unidad Internacional de Transferencia de Prisioneros (IPTU) de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia administra el programa. Bajo este programa, los reclusos extranjeros aprobados en prisiones federales y estatales pueden, bajo ciertas circunstancias, cumplir sus condenas en las cárceles de sus países de origen.
Este es el traslado número 184 de este tipo desde que el tratado entró en vigor en 1977. El último traslado anterior, realizado en diciembre de 2024, transfirió a nueve reclusos a México en virtud del tratado.
Con información de: El economista.