Nacional Financiera rechaza reintegrar más de 16 mil mdp de fideicomisos del Poder Judicial por suspensiones
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que Nacional Financiera (Nafin) rechazó cumplir con la reintegración de más de 16 mil millones de pesos de 10 fideicomisos del Poder Judicial con el argumento de se encuentran vigentes diversas suspensiones definitivas que fueron otorgadas por órganos jurisdiccionales.
La SCJN aclaró que el total del monto de los fideicomisos se desglosa de la siguiente manera:
La Corte tiene seis fideicomisos con un monto total de 6 mil 241.9 millones de pesos. Mientras que el CJF posee cuatro fideicomisos y al 6 de enero de 2025 se tiene un saldo en conjunto de 10 mil 260 millones 507 mil 418 pesos.
En una tarjeta informativa, la Corte aseguró que instruyeron a Nacional Financiera para que transfiriera la totalidad de los recursos de cada uno de los fideicomisos en los que la Corte y el CJF son fideicomitentes, a fin de dar cumplimiento a la reforma judicial. Sin embargo, Nafin informó estar impedida legalmente para cumplir con la instrucción girada por la Ministra presidenta de la Corte, Norma Piña.
“Nafin precisó que de no cumplir con las suspensiones otorgadas podría incurrir en las conductas delictivas sancionadas por los artículos 209 y 262, fracciones III y V de la Ley de Amparo vigente. El CJF hizo del conocimiento lo anterior a las Cámaras de Senadores y de Diputados, así como a la Tesorería de la Federación, previo al periodo vacacional”, declaró la SCJN.
Entregan totalidad del Fondo Jurica
En tanto, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la SCJN, instruyó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), la entrega de la totalidad de los recursos del Fondo Jurica, el cual es el único fideicomiso constituido por la Corte con dicha Sociedad Nacional de Crédito.
“Por lo que el pasado 10 de diciembre, Banobras enteró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) la cantidad de 853 millones 913 mil 710”, indicó la tarjeta informativa.
Reiteró que, en diciembre pasado, en cumplimiento al artículo Transitorio Décimo del “Decreto por el que se reformen, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial”, instruyeron tanto al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y Nacional Financiera, S.N.C. (Nafin) para que transfiriera la totalidad de los recursos de cada uno de los fideicomisos en los que La Corte y el CJF son fideicomitentes, a fin de dar cumplimiento al Decreto mencionado.
“Por lo que hace al resto de los fideicomisos constituidos en Nafin, ésta informó de estar impedida legalmente para cumplir con la instrucción girada por la ministra presidenta, en virtud de diversas suspensiones definitivas otorgadas en contra del ‘Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2023”, señaló.
Con información de Animal Político.
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Un difícil 2025 para algunos empresarios
Para ciertos empresarios, según ha trascendido desde el comercio organizado, el 2025 no tiene una buena expectativa pues, se dice que, en alguno de los organismos empresariales ya les comentaron que iniciará el cobro de uso de suelo, licencia de funcionamiento y demás trámites para todos los negocios en general, desde tiendas, ferreterías y también hasta salones para eventos.
De acuerdo a versiones de empresarios del sector especializado como lo es el de los salones infantiles, incluso, ya se habla del cierre de por lo menos dos de estos establecimientos, debido al exceso de tramitología, los pagos por derechos, servicios y hasta por la renta.
Los comentarios son en el sentido de que, con tanto trámite y cobros, se está afectando a esta sección de los empresarios y en contraparte, se favorece a quienes lo hacen fuera de los lineamientos legales o completamente fuera de la ley.
Estas son algunas de las expresiones, de quienes se sienten afectados por este exceso de tramitología y de cobros, según se han dicho.
Señalan que, en el caso de los salones para eventos, es un suplicio la tramitología por lo complicado de cumplir con lo dispuesto por Gobernación municipal y ni se diga en los trámites en el área de Desarrollo Urbano, de esa instancia; así como los relativos a uso de suelo, placa de aforo, Protección Civil, entre otros, que tienen que sortear y pagar, algo que no sucede con los establecimientos que operan en la ilegalidad.
Además, la puntilla para el sector, según se dice, puede ser la reforma laboral y si llega, la relativa a la reducción a las 48 a 40 horas de trabajo por semana, una iniciativa que se dice, sería el final para los pequeños empresarios, que no soportarían tantos trámites, cambios y cargas que se plantean. Así la expectativa, que tienen algunos para este 2025.
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