México, segundo en asesinatos de defensoras ambientales: la violencia, por megaproyectos

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Las mujeres que defienden la tierra, el territorio y los bienes naturales representan el mayor número de activistas agredidas en América Latina entre 2012 y 2024, con nueve mil 629 actos violentos, entre ellos 35 asesinatos, alerta la organización Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).

En su informe “La tierra para quienes la trabajan y la defienden. 10 +Años de agresiones contra las defensoras de la tierra, el territorio y los bienes naturales en Mesoamérica (2012-2024)”, se expone que en el periodo de análisis las activistas víctimas de asesinato radicaban en México, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

En el contexto del Día Internacional de la Madre Tierra, el informe resalta que en el caso de México (de 2022 a 2024) durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se documentaron “860 agresiones contra defensoras del territorio que se enfrentaron a granes intereses económicos detrás de proyectos extractivos o de infraestructuras”.

El documento forma parte de un estudio más amplio, “Datos que nos duelen, redes que nos salvan”, en el que se documentan 43 mil 186 agresiones contra estas defensoras, entre 2012 y 2024, de las cuales 22.3%, el mayor número de víctimas, se concentró en los colectivos y organizaciones que defienden la tierra, el territorio y los bienes naturales en Mesoamérica.

De las nueve mil 629 agresiones a defensoras de territorio, 62% se registraron en Honduras, con sies mil 764 casos; mientras que “en México, El Salvador y Guatemala las agresiones durante esos años representaron 13.4%, 12.7% y 12.3%, respectivamente”, detalla el informe.

Algunas de las agresiones registradas se dieron en el contexto de actos de resistencia ante el megaproyecto del Tren Maya, la megagranja porcina en Yucatán, el corredor interoceánico en Oaxaca, la explotación de agua de la empresa Bonafont en Puebla y diferentes proyectos inmobiliarios a lo largo del país.

El informe abunda que en el mismo periodo se documentaron 738 agresiones a defensoras de pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos étnicos de la región, “cuyas luchas en ocasiones se entrecruzan con la defensa de la tierra y el territorio”.

De la evolución de las agresiones entre 2012 y 2024, la organización resalta el paulatino incremento de la violencia contra las defensoras, destacando “tres puntos de inflexión: el primero en 2017, año siguiente al asesinato de Berta Cáceres; el segundo en 2020, caracterizado por las respuestas autoritarias de los gobiernos ante la pandemia por covid.19, y el tercero en 2022, marcado por la profundización en las políticas de militarización de los territorios y el aumento de los desalojos”.

Atentados

Se abunda que “desde el asesinato de Berta Cáceres, en marzo de 2016 (en Honduras) hasta diciembre de 2024 fueron asesinadas 22 defensoras de la tierra y el territorio en Mesoamérica: seis en México, tres en Guatemala, dos en El Salvador, nueve en Honduras y dos en Nicaragua”.

El informe resalta que después de 2020, “los gobiernos se ampararon en la necesidad de salir de la crisis económica tras la pandemia, para ello incrementaron las concesiones mineras y dinamizaron otras industrias extractivas como los monoculivos”.

Asimismo a partir de 2022 se documenta “una nueva escalada regional de agresiones contra defensoras de territorio, incrementándose en 160%  en 2023 con respecto del año precedente, que responde a “las agresiones de carácter colectivo, las cuales pasaron a representar 46% de las registradas en 2020 a 86% en 2024”, caracterizadas por el uso excesivo de la fuerza, “con respaldo evidente de autoridades y cuerpos armados, de la mano de la militarización de los territorios y la manipulación de los marcos jurídicos que legalizan la represión y la violencia”.     

La violencia que viven esas defensoras -de acuerdo con IM-Defensoras- está vinculada con el capitalismo extractivista que se impone en toda la región, unido a las opresiones estructurales, de carácter clasista, racista y patriarcal que se ejercen sobre los cuerpos y territorios de las mujeres.

El informe relacionado con las defensoras de la tierra, explica que estas mujeres se distinguen por ser “indígenas, garífunas o afrodescendientes que habitamos zonas rurales, trabajamos la tierra, realizamos trabajo de base y hemos sido excluidas de la propiedad y las decisiones sobre el futuro de nuestros territorios”.

Como ejemplos de los efectos de las luchas de las mujeres, el documento ejemplifica con la prohibición de la minería metálica en El Salvador en 2017, aunque después fue revertida en diciembre de 2024; la erogación en Honduras del proyecto Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs); la suspensión el Canal Trasoceánico en Nicaragua, y la cancelación del megaproyecto eólico Gunaa Sicarú en 2022, en México.

Se retoman las consideraciones que hizo en 2023 Global Whitness, de que “México, Honduras, Guatemala y Nicaragua están entre los 10 países del mundo con mayor cantidad de asesinatos por defender la tierra y el medio ambiente”, recordando que entre 1990 y 2020  Centroamérica concentraba  80.2% de los conflictos sociambientales relacionados con la extracción de minerales y materiales de construcción, conflictos por el uso de la tierra asociados a actividades como agricultura, pesquería, ganadería y forestería, gestión de agua, uso de combustibles fósiles y justicia climática/energética.

El informe de IM – Defensoras también cita el Mapa Mundial de Justicia Ambiental que ha documentado 211 conflictos ambientales en México, 31 en Guatemala, 24 en Honduras, 12 en Nicaragua y 7 en El Salvador, recordando que la concentración de concesiones mineras en los territorios de países como Nicaragua (23%), México (11%), Guatemala (4.84%) y Honduras (1.6%).

Con información de proceso.com.mx