La presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Senado de la República una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Competencia Económica, en donde propone crear la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), en sustitución de la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
La CNA no será autónoma como la Cofece, sino un organismo descentralizado del gobierno federal.
La iniciativa menciona que el pleno de la CNA se integrará por cinco comisionados, uno de los cuales ocupará la presidencia. Los cinco serán designados por la persona titular del Ejecutivo federal y ratificados por el Senado con el voto de la mayoría de los presentes. Durarán en su cargo siete años, sin posibilidad de desempeñar nuevamente el cargo.
La presidencia de la CNA será por designación de la persona que ocupa la presidencia de la República, para un periodo de tres años.
El proyecto establece que las sesiones del pleno de la CNA serán públicas, pero sólo a través de una versión estenográfica que se publicará en el sitio de internet.
La titular del Ejecutivo federal podrá remover a los comisionados por causas graves, lo cual será ratificado por el voto de la mayoría de los legisladores presentes en el Senado de la República.
La presidenta Claudia Sheinbaum no propondrá una nueva ley en esta materia, sino sólo hará reformas a la misma, por lo que, entre los cambios que propone incluir está que no se considerará monopolio las actividades que realicen las empresas públicas del Estado (CFE y Pemex).
Confirma que la CNA podrá hacer visitas de verificación en empresas, pero como una incorporación menciona que “podrá realizar diligencias de inspección o recolectar datos a través de cualquier herramienta”.
Se deroga que la CNA pueda expedir disposiciones regulatorias mediante consulta pública por concentraciones, investigaciones y suspensión de actos constitutivos de probables prácticas monopólicas.
En cambio, prevé que la CNA puede suscribir convenios de cooperación con autoridades de competencia en el extranjero en materia de investigaciones por prácticas irregulares en materia económica.
Cabe destacar que el capítulo 21 del T-MEC, establece que los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá reconocen la importancia de la cooperación y la coordinación entre sus respectivas autoridades nacionales de competencia para fomentar la aplicación efectiva del ordenamiento jurídico de competencia en el área de libre comercio.
Ante la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones, establece que la Comisión Nacional Antimonopolio podrá determinar la existencia o subsistencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, y emitir opiniones sobre ello.
La iniciativa de reforma presidencial contempla imponer límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación en un mismo mercado.
Plantea que considerarán prácticas monopolistas absolutas los contratos, convenios, arreglos, combinaciones o intercambios de información entre agentes económicos que sean competidores actuales o potenciales entre sí.
Procedimientos de investigación
Como parte de los nuevos cambios, plantea que la Comisión Antimonopolio considerará como indicios de una concentración ilícita, la concentración o tentativa de la misma, cuando tenga o pueda tener por efecto afectar sustancialmente las condiciones de competencia y libre concurrencia el mercado relevante o mercados relacionados.
Menciona que los agentes económicos deberán demostrar que las ganancias en eficiencia del mercado que se deriven específicamente de la concentración superará de forma continuada sus posibles efectos anticompetitivos en el mercado y resultará en una mejora para el bienestar del consumidor.
Establece que la Comisión garantizará la separación entre unidad de investigación de casos y el pleno que resolverá los procedimientos.
La Comisión tendrá una autoridad investigadora, que será designada por el pleno con mayoría de tres votos. Cabe destacar que el proyecto deroga todo lo relacionado con el Órgano Interno de Control.
Prevé que la persona titular del Ejecutivo federal podrá dar vista a la Comisión Nacional Antimonopolio respecto de cuestiones relevantes en materia de libre concurrencia y competencia económica.
También como una novedad, contempla un mecanismo para reducir sanciones a aquel agente económico que haya incurrido en una práctica monopólica absoluta, lo cual le permitiría acceder al beneficio de la reducción de acciones del 20% al 50%.
Se espera que este proyecto sea recibido en el Senado en las próximas horas, y eventualmente discutido la próxima semana en comisiones y el pleno.
Con información de Latinus