En el proceso en marcha para aprobar la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, lo que está en juego es el equilibrio entre el desarrollo digital del país, la competencia justa y el ejercicio de la libertad de los medios de comunicación, expuso el senador, Luis Armando Melgar Bravo.
En entrevista, el integrante de la fracción legislativa del PVEM, celebró la posición de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, en el sentido de que se abra un periodo de discusión y análisis de la iniciativa y no se aprueba por la vía rápida, como se pretendía hacer en el recinto de Insurgentes y Reforma.
Desde antes de que se aprobara en comisiones la iniciativa en cuestión, el legislador chiapaneco propuso realizar un parlamento abierto, en el que se analicen todas las posturas y se construyan los consensos necesarios para aprobar la ley en cuestión.
Es muy importante que todos los partidos, sociedad y la industria nos sentemos a platicar en detalle, porque de otra forma estamos ante una reforma que amplía significativamente el poder del gobierno para tomar decisiones de manera unilateral, lo cual no es lo correcto, indicó.
El legislador manifestó su preocupación por que, si se aprueba la iniciativa en los términos en que fue enviada, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que sustituirá funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), podrá definir zonas de cobertura obligatoria, sin consultar a las empresas operadoras, lo que podría forzarlas a invertir en regiones no rentables.
Además, podría asignar espectro a entes públicos para uso comercial sin subastas, lo que podría generar una competencia desleal frente a concesionarios privados.
En opinión del senador de la república, esa medida excluye al Estado de las reglas de competencia económica, lo cual deriva de una reforma constitucional reciente.
En su opinión, el problema es que esta excepción podría entrar en conflicto con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que prohíbe otorgar un trato más favorable a proveedores estatales frente a privados, solo por ser propiedad del gobierno. “Esto podría abrir la puerta a controversias internacionales y afectar la confianza en el marco regulatorio mexicano”.
Por otra parte, los concesionarios estarán obligados a ofrecer servicios al gobierno, sin compensación, como alertas o acceso gratuito a sitios oficiales.
También llamó la atención en que, según la iniciativa en cuestión, la Agencia sustituirá al IFT en la emisión de reglas para las audiencias, eliminando la figura de autorregulación de los medios.
El legislador destacó que la iniciativa contempla que los medios de comunicación deban distinguir entre información y opinión y que separen la publicidad del contenido editorial mediante elementos visuales o verbales.
Dijo que también es preocupante que contempla la suspensión inmediata de transmisiones dirigidas a niños, que no respeten ciertos valores que definiría la autoridad, sin derecho de audiencia previa.
La iniciativa también establece la obligación de transmitir el himno nacional a las 6:00 y a las 00:00 horas, sin excepciones, incluso durante eventos en vivo.
Incluso señala que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones podrá emitir lineamientos de forma discrecional para reordenar, retirar o soterrar la infraestructura de telecomunicaciones —como postes, cables o antenas— en calles y espacios públicos.
Desde la perspectiva del senador, eso abre la puerta a que la Agencia determine unilateralmente medidas que podrían implicar costos elevados o incluso desmantelamiento forzado de infraestructura ya desplegada.
En opinión del legislador, si se aprueba como se mandó la iniciativa, podría incluso controvertirse legalmente con el argumento de que va en contra del artículo 6 constitucional que habla de un ambiente de información en condiciones de libertad de expresión.
El jueves pasado, antes de que se aprobara en comisiones, legisladores de oposición manifestaron su preocupación de que las autoridades podrían solicitar el bloqueo de una plataforma digital, bajo un procedimiento que determine la ATDT.
Al respecto, Melgar Bravo dijo que actualmente las plataformas en internet extranjeras operan bajo esquemas de autorregulación y con la ley en cuestión, a las que operen en México se pretende imponer un régimen de control, hecho a la medida para sacarlas del mercado.
Por otra parte, la iniciativa señala que los concesionarios de uso social —como medios comunitarios o indígenas—, podrán vender espacios publicitarios hasta por 40 segundos por hora, específicamente para promover productos y servicios locales.
Actualmente, la ley les prohíbe cualquier tipo de comercialización. Con la reforma, esas estaciones entrarán al mercado publicitario, pero sin pagar contraprestaciones, como sí lo hacen los medios comerciales, opinó el legislador.
Melgar Bravo enfatizó que esta reforma es muy importante porque el sector de las telecomunicaciones no solo conecta a personas, sino que mueve la economía, reduce desigualdades y acelera el desarrollo digital del país.
Recordó que esa industria genera el equivalente al 3.3% del Producto Interno Bruto nacional; sostiene 265,000 empleos directos y tiene inversiones por alrededor de 40,000 millones de dólares.
Además, permite el acceso a educación, trabajo remoto, salud digital y servicios públicos; contribuye a la seguridad pública mediante redes móviles y satelitales; reduce la brecha digital entre zonas urbanas y rurales; impulsa la productividad, la innovación y el emprendimiento digital y fomenta el crecimiento de industrias como el comercio electrónico y las fintech.
Con información de: El economista.