El Congreso de Sinaloa aprobó el inicio del juicio de procedencia en contra del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y del diputado local y exsecretario del Ayuntamiento, Genaro García Castro, con el que se busca su desafuero para iniciar un proceso penal en su contra por la presunta renta irregular de 126 vehículos de la Dirección de Seguridad Pública local por un monto de 171 millones de pesos.
“Hoy se tuvo una sesión secreta. Se turnaron los documentos a la Comisión Instructora y, por ley, no podemos dar más detalles, pero sí puedo confirmar que las denuncias penales involucran tanto al presidente municipal de Ahome como al diputado local Genaro García”, señaló la legisladora Yeraldine Bonilla Valverde, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso.
A la votación para iniciar el proceso de desafuero de los funcionarios, la cual fue a puerta cerrada, asistieron 38 diputados quienes se pronunciaron a favor, y únicamente faltaron el involucrado en el caso, García Castro, y Juan Carlos Patrón, ambos de Morena.
La Fiscalía de Sinaloa solicitó al legislativo local retirar el fuero al alcalde de Ahome y a su exsecretario para que enfrenten una denuncia penal por su presunta responsabilidad en el delito de desempeño irregular de la función pública, por supuestas irregularidades en el arrendamiento de 126 patrullas por un monto total de 171 mdp.
Dicha denuncia se originó tras una observación de la Auditoría Superior del Estado (ASE) que detectó que el contrato de arrendamiento fue adjudicado de manera directa a la empresa Grinleasing, SAPI de CV en diciembre de 2021, sin justificación válida y violando la normatividad en materia de adquisiciones públicas.
La dependencia determinó que no existieron razones de emergencia que avalaran la adjudicación directa y que los funcionarios involucrados incurrieron en presunto desempeño irregular de la función pública.
El monto total de renta de los 126 vehículos, que incluye camionetas de doble cabina y tracción 4×4 y 4×2, motocicletas, cuatrimotos y automóviles para patrullas de tránsito, resultó tres veces el costo estimado por la compra de los vehículos.
Hace un par de días el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas, señaló estar tranquilo y aseguró que en sus 43 años dentro de la administración pública ni él ni sus funcionarios “jamás han tenido una circunstancia de uso indebido de funciones o recursos”.
Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, descartó pronunciarse sobre la solicitud de desafuero y señaló que el Ejecutivo no participa en el proceso y que su papel se limita a remitir la documentación necesaria cuando esta sea requerida como determina la ley.
“No tengo opinión, porque el Ejecutivo no tiene tema aquí”, señaló el mandatario estatal.
Con información de Revista Espejo y Noroeste.
Con información de: Animal político.