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La violencia en Ecuador deja más de 80,000 desplazados

El Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés) alertó sobre el desplazamiento interno de más de 80.000 personas en Ecuador en los primeros 10 meses de 2024, producto de la violencia que azota al país suramericano.

La cifra se desprende de una investigación realizada por la organización 3iSolution, que reveló que entre enero y octubre del año pasado registró que al menos 80.747 se desplazaron internamente en territorio ecuatoriano "a consecuencia de la violencia armada" y "buscando mejores condiciones de seguridad".

La publicación del NRC coincide con el primer aniversario de la declaratoria que hizo el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de "conflicto armado interno" en el país, con el objetivo de hacer frente a la violencia. El mandatario, además, identificó a varios grupos del crimen organizado transnacional como "organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes" y ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones para neutralizar a estos grupos.

"Si bien reconocemos plenamente los esfuerzos del actual Gobierno ecuatoriano por poner fin a la violencia, el desplazamiento interno provocado por grupos criminales organizados sigue siendo un hecho", afirmó Giovanni Rizzo, director de la oficina del NRC en Ecuador.

Agregó que "estas personas desplazadas necesitan urgentemente el apoyo tanto del Gobierno como de la comunidad internacional para reconstruir sus vidas". Entre las necesidades, destacó el acceso a alimentos, educación y otras oportunidades.

"Si la población desplazada permanece invisible y sin apoyo, no habrá mejora en la crisis actual en Ecuador", enfatizó Rizzo.

"Un clima de temor"

De acuerdo con el NRC, los grupos criminales organizados están presentes, principalmente, en las provincias de Esmeraldas, Manabí, El Oro y Guayas, generando "un clima de temor" con "asesinatos a diario" y extorsiones que afectan a todo tipo de negocios.

En esas provincias, indica la entidad, los menores "corren el riesgo de ser reclutados por los grupos criminales", mientras que "las mujeres enfrentan intimidación y están en riesgo de violencia sexual".

"Frente a las amenazas directas y la violencia, las familias no tienen otra opción que abandonar sus hogares (...) Los desplazados internos no huyen por elección propia, se ven obligados a dejarlo todo atrás porque no tienen otra opción", menciona el NRC.

Rizzo señaló que ante ese panorama, las personas se enfrentan a "una elección aterradora: quedarte y arriesgarte a sufrir y morir o huir de tu hogar".

Como resultado de la violencia, la tasa de homicidios del país aumentó a un récord de 47 por cada 100.000 habitantes en 2023, frente a solo 6 por cada 100.000 en 2018, según la organización Insight Crime, citada por el NRC. Entretanto, la nación habría concluido 2024 con 6.818 homicidios, lo que marca una disminución del 18 % respecto al año previo.

Con información de actualidad.rt.com

Tips al momento

Acuerdan presentar propuestas y realizar mesas de trabajo para prevención y combate a la corrupción

Ayer, durante el inicio de las audiencias públicas 2025 del Congreso del Estado, hubo intervención de diferentes organizaciones de la sociedad civil, empresariales y de la ciudadanía sobre el tema de prevención y combate a la corrupción.

La audiencia fue celebrada en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral, a donde acudieron la presidenta del H Congreso del Estado Elizabeth Guzmán, así como otros legisladores locales, quienes presiden diversas comisiones.

Como parte de esas organizaciones estuvo presente la Coparmex Chihuahua, a través de su presidente Salvador Carrejo, quien junto con la presidenta del Congreso del Estado Elizabeth Guzmán acordaron que, para el 17 de enero 2025 la ciudadanía hará entrega a ese Poder, de diversas propuestas legislativas relacionadas con la prevención y combate la corrupción, entre otros temas.

Además, se estableció el compromiso de la creación de mesas de trabajo para armonizar, modificar, actualizar y realizar los ajustes necesarios a la normatividad existente en el ámbito de local, en materia del Sistema Estatal Anticorrupción y de Participación Ciudadana, algo que fue una de las principales demandas presentadas por el sindicato patronal, en esa audiencia pública.

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