Ejército bajo fuego: la guerra de los dos últimos años en Sinaloa ha provocado más muertes de militares
Desde hace dos años, patrullar las calles de Sinaloa es más letal para los militares, de acuerdo con los registros del propio Ejército.
Un conteo hecho por Latinus con las cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) muestra que del 5 de enero de 2023, cuando el gobierno federal detuvo a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, al pasado 4 de diciembre, habían muerto 24 militares en Sinaloa.
Esa cifra contrasta con la de dos soldados que perdieron la vida entre el 1 de febrero de 2021 y el 4 de enero de 2023, un periodo de tiempo similar previo a la captura de Ovidio Guzmán en Culiacán.
En los últimos diez años la Defensa contabiliza en total 378 bajas de elementos operativos que patrullan el país, con Tamaulipas en primer lugar, seguido de Sinaloa y Guerrero.
Ve aquí el reportaje completo:
Con información de Latinus
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Acuerdan presentar propuestas y realizar mesas de trabajo para prevención y combate a la corrupción
Ayer, durante el inicio de las audiencias públicas 2025 del Congreso del Estado, hubo intervención de diferentes organizaciones de la sociedad civil, empresariales y de la ciudadanía sobre el tema de prevención y combate a la corrupción.
La audiencia fue celebrada en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral, a donde acudieron la presidenta del H Congreso del Estado Elizabeth Guzmán, así como otros legisladores locales, quienes presiden diversas comisiones.
Como parte de esas organizaciones estuvo presente la Coparmex Chihuahua, a través de su presidente Salvador Carrejo, quien junto con la presidenta del Congreso del Estado Elizabeth Guzmán acordaron que, para el 17 de enero 2025 la ciudadanía hará entrega a ese Poder, de diversas propuestas legislativas relacionadas con la prevención y combate la corrupción, entre otros temas.
Además, se estableció el compromiso de la creación de mesas de trabajo para armonizar, modificar, actualizar y realizar los ajustes necesarios a la normatividad existente en el ámbito de local, en materia del Sistema Estatal Anticorrupción y de Participación Ciudadana, algo que fue una de las principales demandas presentadas por el sindicato patronal, en esa audiencia pública.
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