No es revalidación, es una extorsión vehicular lo que nos hace el gobierno: Francisco Sánchez
El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, señaló que el pago de más de 4 mil pesos por la revalidación vehicular es una extorsión a los ciudadanos.
“No solo es el cobro desmedido en el derecho vehicular, es querer obligar a los ciudadanos a pagar por conceptos tan absurdos como la impresión de la tarjeta de circulación, por la revisión de la papelería, es cobrar impuestos sobre impuestos”, declaró.
Francisco Sánchez remarcó que ante este injusto cobro promovió en el Congreso del Estado la reforma a la Ley Estatal de Derechos a fin de reducir el costo en un 50%, así como eliminar cobros excesivos e ilógicos.
“No hay razón válida para sangrar de esta manera a las familias chihuahuenses, esto es no tener piedad por quienes se enfrentan a la crisis inflacionaria, por quienes salen a trabajar día con día para llevar el sustento a sus hogares”, expresó.
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Acuerdan presentar propuestas y realizar mesas de trabajo para prevención y combate a la corrupción
Ayer, durante el inicio de las audiencias públicas 2025 del Congreso del Estado, hubo intervención de diferentes organizaciones de la sociedad civil, empresariales y de la ciudadanía sobre el tema de prevención y combate a la corrupción.
La audiencia fue celebrada en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral, a donde acudieron la presidenta del H Congreso del Estado Elizabeth Guzmán, así como otros legisladores locales, quienes presiden diversas comisiones.
Como parte de esas organizaciones estuvo presente la Coparmex Chihuahua, a través de su presidente Salvador Carrejo, quien junto con la presidenta del Congreso del Estado Elizabeth Guzmán acordaron que, para el 17 de enero 2025 la ciudadanía hará entrega a ese Poder, de diversas propuestas legislativas relacionadas con la prevención y combate la corrupción, entre otros temas.
Además, se estableció el compromiso de la creación de mesas de trabajo para armonizar, modificar, actualizar y realizar los ajustes necesarios a la normatividad existente en el ámbito de local, en materia del Sistema Estatal Anticorrupción y de Participación Ciudadana, algo que fue una de las principales demandas presentadas por el sindicato patronal, en esa audiencia pública.
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