Piedras Negras, Coahuila, 14/01/2025 (Más / IA).- Los estados de Coahuila, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas y Sonora han iniciado medidas de emergencia para enfrentar una posible ola de deportaciones masivas ante la amenaza del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de deportar a 11 millones de personas indocumentadas.
Las ciudades fronterizas de México –como Piedras Negras y Acuña–se encuentran en alerta y trabajan intensamente para ampliar su capacidad de atención a migrantes.
El Gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha comenzado a coordinar acciones logísticas y legales para atender la posible llegada de miles de migrantes.
En una reunión con su gabinete, la presidenta instó a los gobernadores de los estados fronterizos y a los cónsules en Estados Unidos a redoblar esfuerzos en apoyo a los connacionales afectados.
“Estamos preparados para atender a nuestros connacionales con independencia de su estatus migratorio y en donde se encuentren”, aseguró el secretario de Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, desde la frontera de Sonora.
En Piedras Negras, Coahuila, el alcalde Jacobo Rodríguez, dijo que su administración contempla la construcción de un alberge para recibir hasta 500 personas.
En Tijuana, Baja California, el ayuntamiento aprobó por unanimidad una declaratoria de emergencia para anticiparse a la crisis. Con una red de 44 albergues ya en funcionamiento, la ciudad busca evitar el colapso experimentado en 2018 y 2019, cuando miles de migrantes quedaron varados al cerrar la frontera estadounidense. Para ello, las autoridades municipales han autorizado movimientos presupuestarios para crear una partida especial destinada a mejorar la infraestructura de los albergues y contratar servicios adicionales.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, los albergues existentes también se preparan para recibir a un número elevado de migrantes. Según el sacerdote Francisco Bueno Guillén, director de La Casa del Migrante, la capacidad de esta organización es para 560 personas, pero en ocasiones han atendido hasta 1,500 con el apoyo de espacios adicionales provistos por la Iglesia católica.
En Tamaulipas, el secretario de Gobierno, Héctor Villegas González, anunció la habilitación de nuevos albergues que incrementarán la capacidad para acoger hasta 7,500 personas más. Actualmente, la red de albergues en el estado puede albergar a unas 5,000 personas en tres ciudades fronterizas. Villegas subrayó que la mayoría de los migrantes busca regresar a sus comunidades en México y no permanecer en la frontera.
Aunque la preparación en el lado mexicano es notable, la amenaza de Trump también enfrenta desafíos importantes en Estados Unidos. Tom Homan, designado como zar de la frontera y encargado del plan de deportaciones, ha reconocido que los recursos disponibles limitarán las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según las estimaciones más realistas, el plan inicial podría enfocarse en deportar entre uno y dos millones de personas, mucho menos que los 11 millones prometidos durante la campaña de Trump.
Este escenario crea tensiones tanto para México como para Estados Unidos, con implicaciones humanitarias, sociales y económicas. Mientras los estados fronterizos mexicanos piden mayor apoyo federal para enfrentar esta posible crisis, las ciudades en la frontera sur de Estados Unidos se preparan para lidiar con las complejidades logísticas y legales que conllevaría una operación de esta magnitud. La amenaza de deportaciones masivas podría desestabilizar la región, afectando a comunidades enteras y tensando los recursos de ambos países. Los estados fronterizos de México han hecho un llamado urgente al Gobierno federal para trabajar de manera conjunta y mitigar el impacto humanitario que esta política podría desencadenar.
Con información de Massinformación.