ISSSTE deberá garantizar acceso al aborto en entidades con despenalización; IMSS e IMSS Bienestar siguen pendientes

A diferencia de otros servicios federales de salud que siguen negándolo, a partir de hoy el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) deberá proveer el servicio de aborto en los estados donde éste ha sido despenalizado, según lo establece un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 23 de enero.

Desde que la interrupción legal del embarazo fue despenalizada por primera vez a nivel local en la Ciudad de México en 2007, el ISSSTE y el IMSS se negaban a practicarla debido a la omisión del Congreso de la Unión de legislar reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, que rigen a los servicios federales, pese a que existe una iniciativa en ese sentido desde 2021.

El servicio de aborto era negado comúnmente también cuando se trataba de causales contempladas en leyes locales, porque el Código Penal Federal solo considera cuando el embarazo es resultado de una violación, cuando existe peligro de muerte de la mujer embarazada o cuando el aborto es espontáneo o accidental. Por lo tanto, el acceso en los servicios federales seguía siendo restringido y no correspondía a la realidad de cada estado.

“El Instituto garantizará que el procedimiento que se practique con motivo de la ILE sea parte de los servicios de salud otorgados bajo un marco legal, que asegure el máximo nivel de bienestar físico, psicológico y social de la persona usuaria, eliminando barreras estigmatizantes a los derechos de la libertad reproductiva, informándola y acompañándola en todo momento por un profesional, asegurando que la decisión sea informada y libre de presiones externas”, establece el instituto en el acuerdo.

Acceso al aborto en ISSSTE

En el documento, el organismo define la interrupción legal del embarazo (ILE) como el procedimiento médico realizado por personal de salud capacitado, que interrumpe el proceso de gestación en el periodo comprendido entre el momento de la implantación y las 12 semanas completas de gestación, que debe realizarse bajo condiciones legales y médicas que resguarden la integridad de la persona usuaria.

“La ILE está protegida por el marco legal en cada entidad federativa que ha reformado su legislación en la materia. Este procedimiento se realiza a petición expresa de la persona usuaria en ejercicio voluntario, libre y en pleno ejercicio de su autonomía reproductiva”, agrega el acuerdo.

“Estamos celebrando esto porque este problema que tenemos con el ISSSTE, el IMSS y el ISSFAM viene desde la despenalización de la Ciudad de México, donde ellos han dicho que el código que les aplica es el Código Penal Federal, y aunque te encontraras en Ciudad de México o en algún otro estado que haya despenalizado, no podías acceder a estos servicios porque a ellos les rige este código que hasta la fecha, y a pesar de que la Suprema Corte ya le dio la orden al Congreso de despenalizar el aborto, no se ha reformado”, señala en entrevista Ninde MolRe, integrante de AbortistasMx y Necesito Abortar.

Al mismo tiempo, la activista advierte que esa situación pone en un estado de alta vulnerabilidad a las mujeres que habitan los estados donde ya hay despenalización y son beneficiarias de servicios de salud federales. Sin embargo, advierte que aunque se trata de un primer paso valioso que demuestra que cuando hay voluntad política e intención, suceden avances, al mismo tiempo es problemático.

Previamente, el ISSSTE ya había sido sancionado en 2019 por haber negado el acceso a un aborto por la causal de salud por no haber estado contemplada en un código penal, a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había respondido que más allá de regulaciones específicas, era necesario atenerse al artículo 4 constitucional que garantiza el derecho a la salud.

“Si lo vemos a la distancia, pareciera que las autoridades lo que están haciendo es poner sobre la Constitución un código penal, y eso es lo que está pasando un poco (con el acuerdo), porque aunque se da esta orden, solamente es para los estados que han despenalizado, lo cual pone en una situación de desigualdad a las personas trabajadoras que son beneficiarias del ISSSTE”, sostiene MolRe.

Esto puede causar confusión en las personas usuarias, lo cual incluso llega a ser extensivo a derechohabientes de otros institutos federales, que se preguntarán por qué en estos no se puede acceder a ese derecho. Al mismo tiempo, gracias a la definición que se establece en el documento y abarca las 12 semanas, también puede preverse un impacto positivo en estados como Aguascalientes, en donde se retrocedió el periodo permitido a seis semanas.

Sin embargo, el artículo 5 del acuerdo señala que será obligatorio solo para las unidades médicas de los estados que han despenalizado, mientras que el 7 consigna que la dirección médica hará público el listado de unidades médicas del instituto que cuentan con el servicio para practicar la ILE. Esto, indica, MolRe, limita a que el servicio no se preste en todo el país.

Qué pasa con el acceso al aborto en IMSS e IMSS-Bienestar

Además, recuerda que el resto de los servicios federales, como el IMSS, el IMSS Bienestar y Pemex no han hecho ningún pronunciamiento que garantice el acceso al aborto. “Hay que recordar que en México hay muchos seguros, incluso seguros de trabajadores del Estado a nivel estatal y municipal que no necesariamente son el ISSSTE, y esas normativas en los estados por lo general no se han reformado y los trabajadores no tienen acceso a este derecho”, apunta.

Varios de ellos siguen utilizando como excusa la falta de reforma al Código Penal Federal, por lo que MolRe subraya que también sería necesario destacar que la SCJN en 2021, con la acción de inconstitucionalidad de Coahuila, ya estableció que el derecho a decidir es un derecho humano, por lo que no puede dársele preeminencia a un código penal sobre la Constitución, más en una administración que se ha apegado a reformas constitucionales.

Hasta ahora, el aborto se ha despenalizado en Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Puebla, Aguascalientes, Jalisco y Michoacán. En tanto, la Suprema Corte ya ha ordenado al congreso federal y al de Yucatán derogar los artículos que criminalizan el aborto de manera absoluta; de la misma manera sucedió, por parte de tribunales colegiados, en Nayarit y Zacatecas, pero los congresos no han cumplido con estas resoluciones.

En agosto de 2024, la despenalización en Aguascalientes, que se había logrado mediante orden judicial en diciembre de 2023, se redujo a un periodo de seis semanas de gestación, lo que las organizaciones han calificado como una prohibición disfrazada. De las entidades que han despenalizado, solo en ocho –de acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)- se ha incorporado la regulación de la interrupción del embarazo en las leyes locales de salud, mientras que únicamente Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Veracruz han publicado un programa para la atención del aborto.

Con información de animalpolitico.com