La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) parar el proceso de selección de candidaturas para la elección judicial del próximo 1 de junio, pero esto es falso.
Dicho comité detuvo sus actividades desde el 7 de enero pasado por decisión de sus integrantes, para acatar la orden de un juez federal de suspender el proceso para la elección judicial. Pero el 22 de enero pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le ordenó continuar con el proceso de selección.
Entonces, el comité del PJF solicitó que la Corte resolviera qué mandato y a qué autoridad obedecer. Y antes de que el máximo tribunal se pronunciara al respecto, este lunes 27 de enero el TEPJF se pronunció por dejar en manos del Senado la integración por sorteo de las listas de candidaturas del Poder Judicial.
El Comité del PJF anunció la suspensión de sus actividades para acatar la resolución de un juez de Michoacán, mismo que ordenó a los comités de evaluación de los tres Poderes de la Unión frenar cualquier actividad relacionada con la elección judicial extraordinaria.
Fue el único que acató la instrucción, mientras los comités del Ejecutivo y el Legislativo anunciaron que seguirían con sus procesos.
Días después, el 9 de enero, el comité aceptó acatar una segunda orden de una jueza de Jalisco en el mismo sentido. Días después, en medio de cuestionamientos del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y la amenaza de la ministra Lenia Batres de destituir a los integrantes del comité, el 13 de enero el Pleno de la Suprema Corte votó a favor de rechazar el acuerdo que detuvo el proceso de selección de candidaturas del Poder Judicial federal.
En ese momento, los comités realizaban el proceso de selección de idoneidad, en que se realizarían exámenes de aptitud y conocimientos, así como entrevistas a cada uno de los perfiles para determinar quiénes pasarían a la etapa de insaculación.
El 22 de enero, el mismo juez federal de Michoacán ordenó al TEPJF parar la reforma judicial. Pero ese mismo día, el Tribunal Electoral desestimó las resoluciones del juez al considerarlo incompetente para ello y ordenó al comité del PJF seguir con el proceso de selección. Ello luego de que personas afectadas por esta parálisis exigieron la reanudación de sus labores para no afectar sus derechos político-electorales.
Ante la duda de cuál de estas órdenes acatar, el pasado 23 de enero los integrantes del Comité del PJF solicitaron a la Corte que atrajera el caso y les indicara qué mandato obedecer, si a los dos jueces federales o al Tribunal Electoral.
Pero este lunes 27 de enero, aún sin que la Corte hubiera respondido a la solicitud del Comité, el Tribunal Electoral resolvió que, ante la parálisis del proceso y la cercanía de la fecha límite para enviar las listas finales con las candidaturas al INE –el próximo 12 de febrero–, el Senado realizara la insaculación de los aspirantes e integrara las listas de candidaturas por parte del Poder Judicial, misma que se realizará el viernes 31 de enero.
En el proyecto aprobado por la Sala Superior del TEPJF, elaborado por la magistrada Mónica Soto, se califica el actuar del Comité como “contumaz” por las “situaciones inaceptables” que ha producido el freno al proceso de evaluación de candidaturas.
“(El Comité) incurrió en una conducta procesal de desacato absoluto, la cual imposibilita a esta Sala Superior verificar la observancia dada al orden constitucional y en particular, a la sentencia definitiva dictada en autos del expediente principal, lo que incide perniciosamente en el orden público e interés general que reviste el cumplimiento de los mandatos judiciales”, se lee en el documento.
Según el Senado, de los mil 046 aspirantes elegibles en busca de una candidatura por el PJF, 667 también se registraron ante alguno de los otros comités, por lo que sólo faltaría evaluar a 379 aspirantes.
A raíz de ese anuncio, la tarde de este mismo lunes los integrantes del Comité de Evaluación del PJF anunciaron su renuncia ante “la imposibilidad jurídica de continuar con el proceso encomendado”.
Desde la discusión de la reforma judicial en agosto de 2024, jueces y magistrados promovieron distintos recursos para impedir su aprobación y aplicación, así como evitar que sus cargos se definieran por elección popular.
Estos recursos trataron de impactar distintas etapas del proceso, como su publicación en el Diario Oficial de la Federación o la organización a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), mismo que detuvo sus tareas durante octubre.
A finales de ese mes, ante la ola de suspensiones concedidas a favor de personas juzgadoras para frenar el proceso electoral, el TEPJF emitió una resolución en que negó que alguna autoridad, incluidos los jueces federales, pudieran suspender o limitar las actividades del proceso electoral extraordinario. Con lo que el órgano electoral retomó sus labores.
En noviembre, un juez federal concedió una suspensión definitiva en contra de la reforma judicial. Dicho recurso, promovido por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), buscaba evitar el cese masivo de 1 mil 550 jueces y magistrados federales, misma que se notificó al comité del PJF en enero pasado y fue la base para declarar el paro en el comité de evaluación.
Con información de El Sabueso de Animal Político.