A una semana de las elecciones, se expande crimen organizado en México en el negocio de la tortilla

The Washington Post y The New York Post abordan en sus primeras planas la expansión del crimen organizado, más allá del tráfico de drogas

Dos de los diarios más importantes de Estados Unidos dedicaron sus primeras planas a la expansión del crimen organizado en México, país que en una semana celebrará sus elecciones presidenciales.

The Washington Post investigó cómo los cárteles se infiltraron en el negocio de la tortilla.

El periódico detalla que además de traficar droga, los grupos criminales se dedican a extorsionar a pescadores, vendedores de pollo, empresas de transporte, gasolineras y ahora hasta a los vendedores de tortilla.

De acuerdo con el Consejo Nacional de la Tortilla, al menos el 15 por ciento de las tortillerías establecidas en México, alrededor de 20 mil, son extorsionadas regularmente.

‘Estamos prácticamente en el punto en que los delincuentes fijan el precio de las tortillas’, dijo Homero López, presidente del Consejo”, cita The Washington Post en su reportaje.

En Morelos, concretamente en Cuernavaca, la extorsión de pandillas a las tortillerías es de 900 pesos mensuales. De no pagar, los dueños se enfrentan al incendio del negocio o incluso de sus casas.

La cifra de extorsión aumenta en Cuautla, donde se exigen 50 mil pesos, según denuncia el obispo del estado, monseñor Ramón Castro Castro.

El politólogo Eduardo Moncada sostiene que los grupos criminales recurren a la extorsión como un medio para generar ingresos y poder combatir a rivales.

Pero The Washington Post halló que los cobros van más allá de tortillerías, en Sinaloa, el Cártel una vez dirigido por ‘el Chapo’ Guzmán impuso a su gente en las oficinas que supervisan el riego agrícola.

Agricultores aliados pagan poco o nada por agua para regar sus cultivos de maíz blanco, mientras que los que se niegan a formar parte de ellos pagan un “impuesto” adicional.

Los productores de maíz se enfrentan, además, a robos, ya sea cuando transportan su mercancía por camiones o trenes.

Para el consultor de Seguridad y Transporte, Héctor Manuel Romero, los grandes cárteles recurren al robo de mercancías para tener dinero e invertir en mayores negocios como el tráfico de migrantes y armas.

En Guerrero, por otra parte, los cárteles obligan a los agricultores a venderles maíz, cuya compra es forzada para las tortillerías.

Inclusive, las pandillas inspeccionan los inventarios de las tiendas para asegurarse de que no compren en otros lugares.

Dentro de su análisis, The Washington Post sostiene que las elecciones se han vuelto cada vez más violentas a medida que los grupos criminales intentan hacerse con el control de gobiernos locales.

Tal tema es más profundamente abordado por The New York Times, que contabiliza el asesinato de 36 personas que aspiraban a un cargo público.

Explica que el aumento de la violencia electoral puede atribuirse a la magnitud de los comicios y el gran número de candidatos. Las elecciones del 2 de junio serán las más grandes en la historia de México, con 20 mil cargos locales en juego y más de 600 a nivel federal.

A los nuevos ataques y homicidios se suman los casos de ciclos electorales pasados, aún sin resolverse.

Se dividen los asesinatos, además, según su carácter criminal o personal. Para el Times, hay sospechas de la implicación de grupos de delincuencia organizada en al menos 28 de los 36 asesinatos de candidatos.

Sandra Ley, analista de Seguridad de México Evalúa, detalla que los cárteles buscan infiltrarse en gobiernos municipales para acceder a sus recursos e información, además de para capturar el aparato de seguridad.

En respuesta, el Instituto Nacional Electoral (INE) coordinó fuerzas con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para junto al Ejército y Guardia Nacional ofrecer protección a los candidatos que la soliciten.

Los gobiernos estatales hacen lo propio para mantener a salvo a candidatos locales que soliciten protección, pero la falta de recursos, las trabas burocráticas y la debilidad de las policías locales dificultan su actuar. López Dóriga con información de The Washington Post y The New York Times