Un consorcio empresarial que ha recibido 820 millones de pesos del DIF Nuevo León en la administración de Samuel García, contrató los servicios del despacho propiedad del gobernador y de su papá Samuel García Mascorro.
Después de que el gobierno de Nuevo León le entregara los millonarios contratos a Comercializadora Don Cacahuato, que es parte de Grupo Cimarrón, este consorcio utilizó una filial llamada Distribuidora Damago para pagarle 4.6 millones de pesos por diversos servicios a Firma Jurídica y Fiscal Abogados, el despacho del mandatario.
Este intercambio es parte de un modo de operación en el que participan empresas privadas del gobernador y exempleados convertidos en funcionarios que entregan recursos públicos.
De acuerdo con su perfil de LinkedIn y notas periodísticas, Miguel Ángel Sánchez Rivera, el primer director del DIF Nuevo León en la administración de Samuel García y que desde esa posición hizo 14 pagos a Comercializadora Don Cacahuato, trabajó en la firma del gobernador entre 2015 y 2016.
En mayo, Latinus publicó cómo otro exempleado del despacho de Samuel García se convirtió en funcionario de Nuevo León y entregó contratos por 175 millones de pesos a una consultora privada para que resolviera litigios fiscales del gobierno estatal.
Con información de Latinus