Continúa la lucha interna en el PRI después de que el pasado 7 de julio se modificaran los estatutos del partido para una posible reelección de Alejandro Moreno como dirigente del partido.
Y es que de acuerdo a una propuesta del magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, las impugnaciones de priistas en contra de la reelección de ‘Alito’ deben de considerarse como improcedentes, a fin de que sean analizadas en un órgano interno del tricolor.
Por ello, Reyes Mondragón determinó reencauzar las quejas a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del tricolor, pues es la instancia que revisa los actos partidistas reclamados.
Dicha comisión, estaría encabezada por un cercano a Moreno Cárdenas, por lo que podría beneficiarse de esta situación.
Se trata de Samuel Palma, quien preside la Comisión Nacional de Justicia Partidaria y la Fundación Colosio.
Adicionalmente, Palma será por segunda ocasión diputado federal en la próxima legislatura en San Lázaro. Fue presidente del PRI en Morelos y secretario técnico de la Comisión Temática y de Dictamen de Ideología del tricolor.
Este órgano interno tiene como límite resolver las inconformidades presentadas por militantes del PRI a más tardar el 22 de julio, fecha en la que concluye el registro de fórmulas que busquen la Presidencia y la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional.
Aunque este proyecto tendrá que ser analizado por el Pleno del Tribunal Electoral, por otro lado está pendiente que el Instituto Nacional Electoral (INE) avale los cambios estatutarios del Revolucionario Institucional.
Ante ello, la consejera Carla Humphrey refirió que el tricolor no ha enviado o notificado formalmente al INE modificaciones en sus estatutos, y puntualizó que el plazo establecido en la propia legislación para notificar a la autoridad electoral son 10 días después de haber realizado cambios; en este caso sería el 19 de julio.
Además, el pasado 11 de julio, Humphrey comentó en una entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula que el Instituto “tendrá que estudiar dos cosas: la constitucionalidad, que estén apegados a la Constitución estos cambios que hicieron; también a la legalidad y por supuesto también a las propias reglas con las que tienen que modificar sus estatutos”.
Por ese motivo, remarcó: “La última palabra la tendremos las autoridades electorales”.
Con información de Político.mx