El gobierno español busca suprimir la visa dorada, que otorga residencia por compras inmobiliarias

EFE.– Los socialistas del gobierno de España buscan desaparecer todas las visas doradas o “golden visa”, como la que tiene el expresidente Enrique Peña Nieto, que dan la residencia por realizar alguna inversión en territorio español. 

La enmienda plantea modificar la actual legislación para suprimir los visados y autorizaciones por la adquisición de inmuebles e inversiones en depósitos bancarios, deuda pública, acciones, fondos de inversión y proyectos empresariales de interés general.

Inicialmente, el gobierno puso el foco en eliminar el “visado dorado” vinculado a la adquisición de inmuebles en España por un importe igual o superior a los 500 mil euros.

De acuerdo con las cifras dadas en abril por el Ministerio de Vivienda, desde que se aprobó en 2013 por el Ejecutivo del conservador Partido Popular hasta 2023, se habían registrado 14 mil 576 permisos concedidos por inversiones inmobiliarias y desde 2022 se habían incrementado notablemente.

Los que más visados han obtenido a cambio de la compra de un activo inmobiliario han sido los ciudadanos procedentes de China, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Ucrania, Irán, Venezuela y México.

Tras el importante crecimiento registrado en 2022, este tipo de visados también están siendo observados desde las instituciones europeas, sobre todo tras la invasión rusa de Ucrania, y de hecho varios países del entorno han adoptado medidas endureciendo o revisando estos permisos a cambio de inversiones inmobiliarias.

Con esta medida, que avanzó en su día el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el Ejecutivo quiere luchar contra la especulación y facilitar el acceso a la vivienda, sobre todo en aquellos lugares en los que estos visados han tenido más protagonismo, reduciendo la oferta y encareciendo los precios.

En mayo de 2020, el expresidente Enrique Peña Nieto obtuvo una visa dorada por la compra de un local comercial en el barrio de Chamberí en Madrid, con un valor superior a los 500 mil euros, con lo que solicitó una autorización inicial de residencia y trabajo que se le concedió en octubre.

Con información de Latinus.