El segundo piso de la impunidad

-La crisis en Sinaloa y las recientes manifestaciones en el espacio público de una sociedad harta de vivir con miedo, son la muestra del Estado fallido en el que vivimos

La inseguridad en México ha rebasado por mucho al Estado mexicano. El avance del crimen organizado tiene prácticamente detenidas a ciudades y pueblos enteros, que observan con indignación la forma en que estos grupos se adueñan de sus calles, sin que la autoridad intervenga. La crisis en Sinaloa y las recientes manifestaciones en el espacio público de una sociedad harta de vivir con miedo, son la muestra del Estado fallido en el que vivimos.

El asesinato de Antonio y sus dos pequeños, Gael y Alexander, detonó la indignación social y movilizó a la sociedad culichi mientras los gobiernos federal y estatal, indolentes y hasta cínicos, se victimizaban y acusaban intervención de grupos políticos que los quieren “desacreditar”.

Las respuestas del gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no son muy distintas a las que daba el tabasqueño que habitó seis años Palacio Nacional: la culpa siempre será de otros, incluyendo las víctimas, en este caso ¡por los vidrios polarizados de la camioneta en la que viajaban!

En cualquier país del mundo, donde persista la sensatez pública, la ética y el sentido de la responsabilidad social y ante el incremento de la violencia en distintas regiones que ponen en riesgo a la población, los gobernantes renuncian o los contrapesos actúan. Si otro fuera el nivel de responsabilidad de las autoridades mexicanas, ya se hubieran concretado las destituciones en Sinaloa. 

Pero en el México de la cuarta transformación esto es imposible, porque la clase política predominante prefirió, sin dudar ni un segundo, defender a uno de los suyos, que a decir de los propios grupos delincuenciales que mantienen secuestrada la entidad, es cómplice de uno de los cárteles más peligrosos del mundo. Rocha Moya se sabe impune y protegido por el gobierno federal, así como por las bancadas federal y estatal de Morena y sus aliados, mientras el silencio de la oposición legislativa les hace segunda.

En el colmo de la desfachatez, el presidente del Senado, lleno de soberbia, vocifera que si quieren que Rocha se vaya, “convoquen a una revocación de mandato”. ¡Como si no existiera el antecedente de los peligrosos vínculos del mandatario sinaloense, que fueron denunciados durante su campaña a gobernador! Parafraseando a Carlos Castillo Peraza: Hay personas que no pueden pensar en votar porque primero tienen que preocuparse por resguardar su vida.

En los más de cien días que se intensificó la violencia en Sinaloa, el saldo es devastador; según datos oficiales se han registrado 772 homicidios dolosos y 992 personas fueron privadas de su libertad y la justificación presidencial no se hizo esperar en una de las conferencias matutinas:

“Pues vamos a seguir insistiendo en esta explicación de cómo fue que se dio esta detención en nuestro país, que es el origen de esta ola de violencia”.

En palabras de Sheiubaum Pardo, lo que sucede en Sinaloa se hubiera evitado si el gobierno de Estados Unidos no hubiera capturado a “El Mayo”. Para la morenista, la impunidad es la solución; de hecho, eso han ofrecido desde que llegaron al gobierno.

Habría que refrescarle la memoria a la presidenta y recordarle que lo que sucede en Sinaloa se catapultó desde el 17 de octubre de 2019 cuando, luego de detener a Ovidio Guzmán, el presidente de México tomó la decisión de liberarlo y con ello daba también el banderazo para que el crimen organizado actuara con total libertad. Esa acción no salvó vidas, como han alardeado desde entonces los cuatroteístas; de hecho, la lamentable confirmación se da con la cifra de 200 mil personas que fueron asesinadas en el sexenio de la mal llamada transformación.

Con esa liberación vino también la avalancha de poder económico y político para el Ejército, con el pretexto de que sólo ellos podrían resolver el problema de inseguridad. Ahora tienen bajo su mando la seguridad pública, pues la Guardia Nacional ahí está adscrita y, en los últimos seis años, los únicos cambios que observamos fueron, entre otros, el fortalecimiento de estos grupos criminales y la destrucción de las instituciones.

En 2019, el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguraba que “un tropiezo táctico” no descalificaba la estrategia de seguridad; seis años después, el sonorense se enriquece desde el gobierno de su estado y el tropiezo se convirtió en la más estrepitosa caída de la seguridad para las familias mexicanas, pues el ejemplo de abrazar a la delincuencia se esparció con enorme rapidez a estados como Tabasco, Chiapas, Guerrero y Quintana Roo, donde el miedo se vive desde el segundo piso de la impunidad.

¿Cuántas vidas más se van a perder antes de que el gobierno federal actúe con responsabilidad? ¿Hasta cuándo vamos a padecer las consecuencias de la impunidad gubernamental?

En tanto, los mexicanos estamos obligados a organizarnos y exigir, hasta lograr, que Rubén Rocha renuncie.

POR ADRIANA DÁVILA

POLÍTICA Y ACTIVISTA