La jueza que puso en jaque a los altos mandos del Ejército

Ciudad de México, 23/08/24 (Más / IA).- En una decisión histórica, la jueza federal Karla Macías ha dado un golpe contundente al Ejército mexicano y a la Fiscalía General de la República (FGR) al dictaminar que la represión estatal en Guerrero durante la década de 1970 fue un caso de terrorismo de Estado. Esta resolución se enmarca en el contexto del juicio de amparo por la desaparición forzada de Rosendo Radilla, un activista desaparecido en 1974 a manos de militares.

La jueza ha ordenado a la FGR investigar el caso bajo esta nueva perspectiva, lo que incluye procesar a decenas de altos mandos militares, entre ellos el exsecretario de la Defensa, general Enrique Cervantes Aguirre.

La sentencia representa un desafío significativo para la FGR, a la que la jueza Macías acusa de ocultar la verdad detrás de miles de documentos sin consultar ni ordenar la información relevante.

“La ineptitud de la fiscalía no solo impide el conocimiento de la verdad, sino que la oculta entre miles de fojas con información que, como se evidenció, el fiscal no consulta ni ordena», señala la resolución.

La jueza también ha ordenado que se declaren “Zona de Monumentos Históricos” las instalaciones del Segundo Batallón de Policía Militar en Ciudad de México y parte de la base aérea de Pie de la Cuesta en Guerrero, ambos lugares centrales en la represión.

Esta resolución es un hito en la justicia mexicana, pues es la primera vez que un juzgado federal califica las acciones del Estado durante la Guerra Sucia como terrorismo de Estado. Durante este periodo, de 1965 a 1990, los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) llevaron a cabo una brutal represión contra cualquier forma de disidencia, resultando en miles de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias.

El caso de Rosendo Radilla, un agricultor y activista de Guerrero, es emblemático de este periodo. Radilla fue detenido por el Ejército en 1974, en el marco del Plan Telaraña, una operación destinada a erradicar la disidencia en la región. A pesar de los esfuerzos de su familia, especialmente de su hija Tita Radilla, por encontrar justicia, el caso ha permanecido en la impunidad, a pesar de una condena internacional contra el Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La jueza Macías ha dado a la FGR un plazo de cuatro meses para procesar a los principales perpetradores de estos crímenes. Entre los señalados se encuentra el general Enrique Cervantes Aguirre, quien fue secretario de la Defensa durante el gobierno de Ernesto Zedillo y jefe del Estado Mayor de la 27 Zona Militar en Guerrero durante la represión. A pesar de su pasado, Cervantes Aguirre continúa siendo una figura influyente en el Ejército, trabajando actualmente como asesor del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval.

Además de ordenar el procesamiento de los militares implicados, la jueza Macías ha exigido a la FGR que intensifique la búsqueda de los restos de Radilla, criticando que, desde 1999, la agencia ha centrado sus esfuerzos de búsqueda en un solo sitio, las instalaciones del 27 Batallón, sin explorar otras ubicaciones sugeridas por la evidencia disponible.

La resolución de la jueza Macías pone en el centro del debate el poder y la influencia del Ejército en la vida pública mexicana, así como su historial de represión y falta de rendición de cuentas. Aunque la FGR podría impugnar el fallo, lo que llevaría el caso a instancias superiores, la decisión de Macías ya marca un precedente en la lucha por la justicia para las víctimas de la Guerra Sucia y señala un desafío directo al Ejército mexicano en un momento en que su papel en la sociedad está bajo escrutinio.

Con información de massinformacion.com.mx