Rosendo Radilla Pacheco, a 50 años de su desaparición forzada por el Ejército mexicano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al cumplirse 50 años de que elementos del Ejército mexicano detuvieran a Rosendo Radilla Pacheco en Atoyac, y que desde entonces no se ha vuelto a saber nada de él, sus familiares y activistas lo recordaron plasmaron en el pavimento de la Glorieta de Las y Los Desaparecidos una frase de uno de sus corridos.

“Señores soy campesino/ del estado de Guerrero/ nos quitaron los derechos/ y me hicieron guerrillero”, se lee sobre Paseo de la Reforma a partir de este sábado 24, unos días después de que la jueza Karla Macías, del Juzgado Noveno de Distrito, clasificó como “terrorismo de Estado” la desaparición forzada del dirigente social y compositor de corridos.

En voz de la familia Radilla, Tita, representante de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (Afadem), celebró la determinación de la jueza, luego que desde 2018 acudió a su juzgado en Irapuato, Guanajuato, para interponer un juicio de amparo en contra de las omisiones de la Fiscalía General de la República (FGR) para esclarecer la desaparición forzada y buscar a Rosendo, así como para fincar responsabilidades.

Tita Radilla resaltó que la sentencia es de gran importancia porque “califica que lo que se cometió con mi padre y con las demás personas desaparecidas fue terrorismo de Estado, lo que nosotros siempre hemos señalado”.

La defensora de derechos humanos sostuvo que espera que la sentencia sea acatada por el gobierno, para el que también hay instrucciones, sobre todo en materia de memoria y reparación del daño, pues “hay una deuda histórica del Estado mexicano hacia las familias no de Rosendo, sino de Guerrero y de Atoyac, donde hay más personas que fueron víctimas de desaparición forzada”, durante la represión a movimientos sociales y políticos.

“Desafortunadamente estos hechos no han parado, y eso es por la impunidad que se viene arrastrando desde esa época, por eso no hay que bajar la guardia, hay que esperar a ver que dice el Estado a las víctimas de estos hechos aberrantes”.

Integrantes de la familia Radilla expresaron su esperanza de tener verdad, justicia y medidas de no repetición, después de 50 años de esperar una respuesta sobre el paradero de Rosendo Radilla.

Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), reconoció a la familia Pacheco Martínez por haberse convertido en un “referente de la lucha por la justicia, y han marcado cambios en el sistema jurídico”.

Recordó que hace 15 años, la familia Radilla marcó un hito al obtener la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Co IDH) contra el Estado mexicano por “una desaparición forzada cometida por elementos del Ejército mexicano, durante la mal llamada guerra sucia, condenando conductas del Ejército fijando medidas de alto calado”.

Peña Palacios celebró que la sentencia emitida por la jueza Karla Macías porque “pone de manifiesto una realidad que se ha ocultado, una realidad en que se usaron los aparatos del Estado para acabar con grupos guerrilleros, sus familiares y todos sus cercanos o simpatizantes”.

El funcionario de la ONU-DH destacó que el caso Radilla puso la “mirada internacional en el contexto de las desapariciones ocurridas en los años setenta en México”, y que la actual sentencia es un “triunfo” de la familia porque “ordena medidas de restitución en un caso en que la restitución tradicional es insuficiente”.

Peña Palacios hizo votos porque la sentencia “quede en firme y cause efecto transformador, y atienda las legítimas demandas de la familia a la mayor brevedad”. 

Natalia Pérez Cordero, abogada de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, explicó en entrevista con Proceso que el amparo se interpuso hace seis años ante las omisiones de la FGR para judicializar el caso, “ya había cadenas de mando identificadas, pero lo que no existía era una estrategia de investigación que conectara todo, por un lado, la desaparición de Rosendo y por otro la represión del Estado.

Resaltó que entre los aportes del amparo es el reconocimiento de que lo ocurrió fue “terrorismo de Estado, no una guerra sucia, porque había una asimetría de poder, consigna que no sólo Rosendo fue víctima, que no fue un hecho aislado, sino que formó parte de planes y estrategias militares en las que ocurrieron detenciones arbitrarias y crímenes atroces, como el desplazamiento forzado y la desaparición forzada”.

Pérez Cordero contó que durante el proceso, “la jueza dio un seguimiento quincenal a las actuaciones de la FGR, revisó exhaustivamente el expediente y advirtió que aunque había actividad procesal, no estaba dirigido en realidad para esclarecer el caso, ni siquiera porque existía una sentencia de la Corte Interamericana que declaró que lo que pasó con Rosendo fue desaparición forzada y no privación de la libertad y abuso de autoridad, como se mantuvo hasta este año, que se reclasificó el delito”.

“Todo esto fue advertido por la jueza, que las omisiones tenían como finalidad seguir protegiendo al Ejército”, puntualizó la defensora.

Cordero Pérez reconoció que el amparo puede ser impugnado por la FGR, por lo que podría ser analizado por un Tribunal Colegiado, que podría solicitar que el caso fuera atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Con información de Proceso.