Gobierno federal hará el mismo trabajo que el INAI, pero con sólo el 35% de su costo, asegura Sheinbaum

La reforma de la Ley de Transparencia se encuentra lista y los mecanismos de acceso a la información pública y protección de datos representan sólo el 35% de lo que costaba el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), así lo aseguró Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno.

Durante la conferencia matutina de este viernes, la funcionaria explicó esta reforma ordena que Buen Gobierno absorba el 80% del trabajo del INAI con sólo el 35% del costo de su estructura, lo que representa un ahorro significativo.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que con esta iniciativa se fortalece la transparencia y protección de datos, indicó que la reforma será enviada este mismo día al Senado de la República y posteriormente a la Cámara de Diputados, la cual garantiza el derecho de acceso a la información, la publicación de obligaciones de transparencia y fortalece los medios de defensa ante el incumplimiento de las instituciones obligadas a transparentar la información requerida.

“Como ven se amplia la transparencia, se protegen los datos personales y todo esto se hace incluso con mucho menos presupuesto, con el 35% del presupuesto que tenía el INAI, se está enviando el día de hoy estas leyes para su consideración en el Senado de la República, y después en la Cámara de Diputados, eso es parte de la reforma constitucional de la desaparición del INAI como tal en la Constitución, manteniendo y fortaleciendo la transparencia de la seguridad de los datos personales”, destacó la mandataria federal.

El acceso a la información de todas las estadísticas y comportamiento del estado y el gobierno será responsabilidad de un órgano desconcentrado que se llamará Transparencia para el Pueblo y la protección de datos quedará en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno mientras que la información que será entregada por el INAI estará protegida.

“Nosotros ya estamos en pláticas con los comisionados del INAI y lo que acordamos es que en el caso de la plataforma cuando no la entreguen le vamos a poner un validador criptográfico y qué es eso es como la huella digital de la base de datos es decir si en algún momento alguien pudiera pensar que se violó la información se puede hacer una auditoría forense tecnológica para ver si estaba o no estaba desde origen entonces con eso garantizamos que no se pierda nada de la información que toda la información se mantenga y además que la plataforma continúe porque va a venir ahí”, destacó la funcionaria.

La iniciativa considera sóolo un titular del órgano de Transparencia, el cual sustituye a los siete comisionados con los que contaba el INAI.

La Plataforma Nacional de Transparencia estará regulada por la ley y administrada por la secretaria de Buen Gobierno, con el nuevo esquema se podrán impugnar resoluciones locales relacionadas con recursos federales ante esta dependencia.

Con la abrogación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, los juicios de amparo serán resuelto por jueces especializados en las materias y ya no será mediante resoluciones de jueces administrativos.

La iniciativa incluye reformas a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

“Se tiene que garantizar y mantener el derecho a la información, por lo tanto no se restringe ni se limita nada de lo que ya ha sido público en información, se mantiene todas las obligaciones que existen hasta ahorita y además se amplía la obligación de mantener informado a la ciudadanía para seguir informando al pueblo y en el caso de datos personales también se garantiza la protección de datos personales, no sólo los que tenemos los entes públicos que somos entes obligados, sino también los que tienen las empresas como los bancos, etcétara”, afirmó, Buenrostro.

Se mantiene el derecho a la información pública; publicación de obligaciones de transparencia, los medios de defensa contra el incumplimiento de obligaciones, mientras que la protección de datos personales quedará a cargo de la Secretaría Anticorrupción.

Con información de Latinus