Gobierno de la CDMX emite decreto en materia de propiedad privada, pública y social

El Gobierno de la Ciudad de México emitió este lunes un decreto de reforma al artículo 3 de la Constitución local en materia de propiedad privada, pública y social.

El decreto, publicado en la Gaceta Oficial, elimina de la legislación capitalina el “respeto a la propiedad privada” como principio rector.

Texto anterior:

• Artículo 3.
  • 2. La Ciudad de México asume como principios:
    • a)”El respeto a la propiedad privada“.

Nuevo texto:

• Artículo 3.
  • 2. La Ciudad de México asume como principios:
    • a) “El respeto a la propiedad en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos“

Este cambio puede tener las siguientes consecuencias:

1. Mayor control estatal: El cambio alinea la regulación de la propiedad en la Ciudad de México con los principios del artículo 27 de la Constitución Federal, que permite un mayor control estatal sobre la propiedad en términos de utilidad pública y social. Esto podría facilitar la expropiación o la intervención estatal en la propiedad privada para proyectos de interés público.

2. Reducción de protecciones para la propiedad privada: Al eliminar el enfoque explícito en la "propiedad privada", se podría interpretar que la protección de este tipo de propiedad se diluye, abriendo la puerta a interpretaciones legales que prioricen otros tipos de propiedad (como la propiedad social o comunal) o que permitan una mayor flexibilidad en la intervención estatal.

3. Posibles cambios en políticas urbanas: Esta reforma podría justificar políticas urbanas más agresivas en cuanto a la redistribución de tierras, la reconfiguración de espacios urbanos, o la promoción de vivienda social, al ampararse en la utilidad pública y social mencionada en el artículo 27.

4. Impacto en la inversión: Los inversionistas privados podrían percibir un mayor riesgo en la Ciudad de México debido a la disminución de las garantías explícitas sobre la propiedad privada, lo que podría afectar la inversión inmobiliaria y otros sectores relacionados.

5. Desafíos legales y constitucionales: Este cambio podría generar controversias legales, especialmente si se percibe que se vulneran derechos de propietarios privados, lo que podría llevar a litigios o incluso a intentos de revertir la reforma en el futuro.

Al presentar el nuevo decreto, el jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres, argumentó que con la reforma quedan protegidas en la capital la propiedad privada, la propiedad pública y la propiedad social dentro de marcos y principios establecidos en la Constitución federal; “pero, sobre todo, quedan establecidas y liberadas las bases para un desarrollo justo, armónico, con acento social, que reconozca la supremacía de lo público sobre cualquier interés particular en la Ciudad de México para los años venideros”.

Con información de López-Dóriga Digital