En una Corte en demolición, tres ministras ya alzan la mano para ser elegidas por voto popular

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La reforma judicial impulsada por el Ejecutivo y avalada por el oficialismo en el Legislativo dejó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) profundamente divididos, con tres de ellas con la intención de mantenerse en la nueva configuración del máximo tribunal.

Se trata de Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes no sólo se pronunciaron a favor de la reforma judicial, sino que ya alzaron la mano para ser candidatas durante la elección de juzgadores por voto popular.

Aprobada la reforma, la mayoría de ocho ministros que se pronunciaron contra la reforma y decidieron sumarse al paro de los trabajadores del Poder Judicial, acordaron regresar a sesionar el próximo martes 17. Pero en el salón de plenos estará asentada la discordia, surgida por la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de intervenir el Poder Judicial de la Federación.

Hasta antes del debate sobre la reforma, los ministros de la Suprema Corte habían evitado fijar posturas públicas sobre temas de competencia al Ejecutivo federal o en discusión del Poder Legislativo, bajo la lógica del respeto a la división de poderes y de que eventualmente esos casos llegarían a la Corte.

Dos bloques

Sin embargo, desde la presentación de la iniciativa de reforma constitucional que establece la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, inició la conformación de dos bloques en el pleno de la Corte que hoy es más evidente que nunca.

Por primera vez una ministra de la Corte empezó a participar en foros y mítines para promover la reforma judicial: Lenia Batres Guadarrama, quien fue la primera ministra en la historia de la Corte, desde la reforma de 1994, en ser designada directamente por el presidente de la República.

Su designación ocurrió luego de que el Senado de la República rechazara las dos ternas que Andrés Manuel López Obrador envió con las personas que él propuso para ministro, cargo al que renunció Arturo Zaldívar para irse a la campaña de la ahora presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien lo nombró coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia para el gobierno que empieza el 1 de octubre próximo.

Con apenas siete meses en la Corte, Batres Guadarrama mantuvo un activismo abierto a favor de la reforma judicial, de la 4T y de Morena, emitiendo duras críticas al PJF, principalmente por el rezago en los expedientes de la Corte, la invalidez de normas generales por violaciones al procedimiento legislativo y los salarios de los ministros, que son superiores al del Ejecutivo federal.

Apenas la reforma fue aprobada por el oficialismo, Batres Gaudarrama empezó a promover la transición hacia el nuevo modelo de la Corte, a pesar de que ni siquiera ha sido promulgada por López Obrador y de que no existen las leyes secundarias de la reforma.

Como ministra, Batres se ha caracterizado por emitir argumentos con imprecisiones técnicas, comparar el trabajo judicial con el legislativo y tratar que el primero se homologue al segundo, así como por la ausencia de sus proyectos en el pleno de ministros.

A los argumentos de que la SCJN se excede en sus facultades de órgano revisor de la constitucionalidad de las leyes y reformas emitidas por el Poder Legislativo, se sumaron las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, quienes también llegaron al máximo tribunal a propuesta del presidente López Obrador, con quien mantienen cercanía.

Los foros

El resto de los ministros mantuvieron un silencio sobre la reforma judicial hasta que el 27 de junio la Cámara de Diputados realizó el primer foro sobre dicha iniciativa al que estuvieron invitados todos los integrantes del Pleno de la Corte.

En ese encuentro, Yasmín Esquivel dijo estar de acuerdo con la designación de juzgadores por voto popular, siempre y cuando ésta fuera de manera gradual.

Loretta Ortiz, quien durante el foro con los diputados se decantó a favor de la reforma judicial, declaró dos días después en una conferencia en la Benemérita Universidad de las Américas Puebla que los jueces y magistrados no se pueden cambiar de un día para otro y llamó a tomar en cuenta sus méritos y profesionalización.

En cambio, los otros ocho ministros fueron tajantes: la reforma, tal como estaba planteada, no era viable. Reconocieron que el PJF necesita cambios, pero que los problemas del sistema de justicia no se arreglan destituyendo a todos los juzgadores del país para designar nuevos mediante voto popular, sino que se debía realizar un diagnóstico profundo que incluyera a las fiscalías y defensorías públicas para hacer una propuesta integral.

Durante todo julio y principios de agosto los integrantes del PJF se quejaron de que en los foros realizados por todo el país por la Cámara de Diputados les fue negado el acceso, les apagaron micrófonos o simplemente no los dejaban hablar.

Paro en el PJF

El descontento creció y para el 19 de agosto los trabajadores del PJF, sin esperar a que los jueces y magistrados se pronunciaran, iniciaron un paro de labores en contra de la reforma judicial.

Esto provocó que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) reconociera el paro y estableciera la suspensión de plazos legales y la continuación de la tramitación de asuntos urgentes, para lo cual publicó un catálogo de los casos que serían tratados como tales.

Dos días después la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (JUFED) se sumó al paro y en medio de estos hechos inéditos la ministra Batres Guadarrama aprovechó para hacer público su desacuerdo con las medidas tomadas por los trabajadores y los juzgadores.

Las protestas alcanzaron la Corte el 27 de agosto, cuando los trabajadores se manifestaron en silencio en los pasillos del recinto judicial en contra de la reforma y solicitaron el apoyo de los ministros.

Toda esa semana el pleno de ministros tuvo que suspender sesiones ante estas manifestaciones.

Lenia Batres había solicitado por escrito a la ministra presidenta, Norma Piña, impedir a los trabajadores que entorpecieran los trabajos de la Corte con sus manifestaciones y se le garantice su libre tránsito dentro del edificio.

El 28 de agosto, en la sesión de la Segunda Sala, Batres protagonizó un desacuerdo con Alberto Pérez Dayán, ministro presidente de dicha Sala, por permitir que los trabajadores continuaran con su manifestación.

Al no lograr que se les prohibiera ejercer este derecho, los trabajadores de la ponencia de Batres ingresaron a la Sala con carteles a favor de la reforma judicial.

El 2 de septiembre los trabajadores de la Corte realizaron una asamblea en la que votaron a favor de unirse formalmente al paro del resto de los integrantes del PJF, decisión que fue reprochada por Batres.

Al día siguiente, en sesión privada y de manera inédita, el Pleno de la Corte acordó sumarse a la suspensión de labores iniciada por los trabajadores. De nueva cuenta fue el bloque mayoritario el que votó a favor de esa propuesta.

Esto provocó que en un comunicado conjunto las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz reprocharon públicamente la decisión de sus compañeros.

“Nos manifestamos de manera enérgica en contra de la suspensión de labores. Es nuestra responsabilidad constitucional ejercer el cargo de ministras y prestar el servicio público de impartición de justicia”, señalaron.

Advirtieron a sus compañeros que podrían ser sujetos a juicio político para ser destituidos ante las omisiones en las que incurrieron por decretar la suspensión de labores y afirmaron que el personal de la Corte, como lo son los ministros, no pueden ni siquiera acudir a huelga y que, en todo caso, debieron renunciar a su derecho a recibir sus salarios durante el tiempo en que se mantenga la suspensión de labores.

Además, la ministra Esquivel solicitó por escrito al Pleno que determine si el paro acordado por la JUFED es o no legal, pues 201 juzgadores, de los más de mil 600 del PJF, votaron en contra del mismo.

En respuesta, el bloque mayoritario de ocho ministros lamentó las amenazas y descalificaciones de sus compañeras.

“Lamentamos profundamente las descalificaciones, los infundios y las amenazas contenidas en el pronunciamiento conjunto hecho público por la minoría, dirigidas en contra de las y los ministros que integramos esta mayoría, pero sobre todo, contra las y los trabajadores de este Poder del Estado mexicano, incluyendo a las y los titulares de los órganos jurisdiccionales federales de nuestro país que, como cualquier persona, cuentan con las libertades de expresión, asociación y reunión, reconocidas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y nuestro Derecho Constitucional”, indicaron.

Ante el crecimiento de las protestas de los trabajadores y estudiantes de Derecho contra la reforma judicial, surgió un bloque de estudiantes que se pronunció a favor de la propuesta del Ejecutivo federal que se plantó afuera de la Corte y ante quienes las ministras Ortiz Ahlf y Batres Guadarrama hicieron pública su intención de participar como candidatas para conformar la nueva SCJN.

Solicita diálogo

El pasado 8 de septiembre la ministra presidenta Norma Piña emitió un mensaje público para llamar al diálogo a los integrantes de la Cámara de Senadores, instancia en la que se tenía prevista la discusión de la reforma en comisiones.

En su mensaje, Piña Hernández anunció una propuesta de contrarreforma con un diagnóstico integral sobre el sistema de justicia y seguridad en el país.

Esa acción fue duramente criticada por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y los integrantes de Morena y aliados. A las críticas se sumaron Loretta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, quien endureció sus declaraciones contra la ministra presidenta.

“Piña tiene una responsabilidad histórica por el caos en que se encuentra el Poder Judicial por su ineptitud al conducir la interlocución entre los poderes Legislativo y Ejecutivo”, dijo.

Afirmó que la propuesta de contrarreforma llegó tarde y reprochó que en su mensaje la ministra Piña hablara de una demolición del Poder Judicial mientras que con su democratización se busca legitimarlo en lugar de debilitarlo.

“Llamar a la resistencia siendo el titular de un poder es perder la imparcialidad y ubicarse en la oposición frente a los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, como ha sido a lo largo de su presidencia.

“Pedir diálogo en este momento, cuando durante más de un año y medio el discurso y sus conductas han sido de rompimiento, significa la pérdida de imparcialidad, la falta de prudencia y de ubicarse como la figura que representa la oposición al gobierno”.

Ayer, jueves 12, ya aprobada la reformada, los ministros anunciaron que retomarán actividades el martes 17, con la discordia asentada en el pleno del máximo tribunal del país.

Con información de proceso.com.mx