Obsoleto y con problemas financieros y operativos, el sistema de pensiones en México es muy costoso y presiona de manera importante las finanzas del país, por lo cual requiere de una “reingeniería” a fin de enfrentar el aumento de las personas de la tercera edad en los próximos años que se incorporarán o requerirán de una pensión, advierte el Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
En el 2022, en México había 12.6 millones de personas de 65 años o más, de los cuales, únicamente 4.1 millones (una tercera parte) recibían una pensión contributiva, según datos del Coneval.
De este universo, el 43% eran mujeres, por lo que representaban una minoría importante.
Además, hay que considerar que, de acuerdo con las proyecciones del CONAPO, en 2050 habrá casi 25 millones de personas de 65 años o más, es decir, el doble de personas de la tercera edad, lo que representará un gran reto para el sistema de pensiones en México.
“ Si contemplamos que en un futuro no se reducirá de manera significativa el 50.2% del total de la población que el CONEVAL reportó para 2022 en situación de carencia por acceso a la seguridad social, entonces nos encontramos ante un gran reto en lo referente al sistema de pensiones”, establece el CEEY
El análisis del CEEY advierte que en México no hay un sistema nacional de pensiones para el retiro, pues operan esquemas fragmentados y desiguales que obligan cada año a realizar diferentes esfuerzos para pagar las pensiones.
En esta cobertura se utiliza aproximadamente el 22% del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2024, de acuerdo con el CIEP, lo que implica un problema financiero y operativo.
Detalla que uno de los principales problemas de las pensiones de retiro en México está en la falta de continuidad de la política pública, por lo que no se logran implementar los cambios operativos.
Otro obstáculo importante es que no hay una integración de la política de pensiones con las de salud y de cuidados.
Además, debe recalcarse la necesidad de llevar a cabo una reforma hacendaria para garantizar la sostenibilidad del gasto en pensiones y que este no desplace a otras prioridades de la política económica y social.
“ La fragmentación del sistema de pensiones genera una elevada desigualdad de oportunidades para alcanzar un retiro digno, lo que tiene implicaciones negativas sobre la movilidad social”
El análisis del CEEY recuerda que desde los años 90 del siglo XX, cada administración ha desarrollado enmiendas sobre los esquemas de pensiones existentes.
Sin embargo, los dos esquemas mayoritarios —el del IMSS y el del ISSSTE— requieren ser integrados, más que modificados, para dejar de diferenciar entre la población mexicana.
Recordó que en la presente administración se hicieron cambios en dos esquemas de pensiones: el correspondiente al sector formal privado consistió en elevar las aportaciones de los empleadores y otros parámetros de la Ley del Seguro Social.
Por otro lado—agregó--, la modificación al esquema de pensión universal (Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, PBPAM) implicó una ampliación de su cobertura y beneficios (el incremento de este programa en el último año fue de $125 000 millones de pesos).
En ese sentido aseveró que para contrarrestar este problema se requiere de una pensión mínima básica, fondeada con recursos públicos, y complementada con montos proporcionales al ahorro individual, pues también se trata de reconocer el esfuerzo de las personas, lo cual promueve la movilidad social y la sostenibilidad financiera.
Con información de Crónica.