Yunes Márquez y la transacción de indulgencia a cambio de colaboración

El pasado miércoles 18 de septiembre, Miguel Ángel Yunes Márquez, senador recientemente expulsado del Partido Acción Nacional (PAN), sostuvo una reunión en la casa de transición con la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de México y con el coordinador de la bancada de Morena, el senador Adán Augusto López. Este encuentro ha revivido el debate sobre la legitimidad de integrar a figuras políticas con antecedentes cuestionables en las filas de la Cuarta Transformación (4T). Las reacciones no se hicieron esperar, y es claro que la transición política de Yunes Márquez, hijo del exgobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares, hacia la 4T es inminente. Este hecho plantea varias preguntas sobre su legitimidad y el impacto que tendrá en el Senado, aunque si se analiza desde una perspectiva estratégica, esta transición no solo es legítima, sino que también resulta clave para asegurar las reformas que México necesita.

Antes de abordar su posible adhesión a Morena o a alguna de las bancadas aliadas, como el Partido Verde o el PT, es indispensable señalar la irregularidad de su expulsión del PAN, que no fue un proceso limpio. La ley mexicana establece claramente que ningún legislador debe ser sancionado por votar de manera independiente. El artículo 61 de la Constitución otorga inmunidad parlamentaria, asegurando que los legisladores puedan emitir su voto libremente, sin represalias o coerciones. En este contexto, la decisión del PAN de expulsar a Yunes Márquez por votar de forma diferente al bloque opositor en la Reforma Judicial promovida por el presidente López Obrador no solo es ilegal, sino que representa un retroceso en los principios democráticos que el partido afirma defender. Castigar la autonomía de un legislador no solo mina la pluralidad, sino que también debilita el equilibrio de poderes que debería regir en el país.

Más allá de la cuestión de su expulsión, lo relevante en este escenario es el impacto que su posible incorporación a la bancada de la 4T tendría en el Senado. Con Yunes Márquez como parte del bloque oficialista, Morena consolidaría una mayoría calificada, fundamental para la aprobación de reformas constitucionales que forman parte esencial del proyecto de la Cuarta Transformación. Este es el verdadero valor de su transición política. A diferencia de otros actores que han sido cuestionados al integrarse a la 4T, Yunes Márquez tiene un papel estratégico que jugar.

El caso de Sergio Mayer es un ejemplo que podría contrastarse aquí. La inclusión de Mayer en las listas plurinominales de Morena fue criticada debido a la falta de un historial político que respaldara su aportación al proyecto de la 4T. Su llegada fue vista como una maniobra impulsada por intereses particulares, más que una decisión estratégica. En cambio, Yunes Márquez ya era legislador y, de cualquier manera, habría votado en contra de una de las reformas más importantes para la reconstrucción del país.

No se trata de presentar a Yunes Márquez como un defensor heroico de la independencia legislativa. No es, seguramente, que haya reconsiderado por conciencia su postura ni defendido la autonomía legislativa. En realidad, lo que está en juego es, si la hubo, una negociación por conveniencia. Yunes, al perder el respaldo de su partido, habría negociado su adhesión a la 4T en un movimiento que le ofrece beneficios personales.

Esta maniobra tiene implicaciones para la agenda legislativa de Morena, que podría asegurarse la mayoría calificada en el Senado gracias a su incorporación, permitiendo desbloquear reformas constitucionales que fueron bloqueadas sistemáticamente por la oposición en la pasada legislatura. La incorporación de Yunes Márquez representa una oportunidad para asegurar los votos necesarios que permitan romper ese bloqueo y avanzar en la agenda de transformación que México necesita.

Por supuesto que la figura de Yunes Márquez no es ajena a las controversias. No solo su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, ha sido señalado por actos de corrupción y abuso de poder durante su mandato en Veracruz, sino que él mismo y otros miembros de su familia enfrentan acusaciones. Este asunto no es sobre limpiar su imagen ni sobre exonerarlo de responsabilidad, sino de reconocer que su voto ofrece un activo concreto: la posibilidad de consolidar la mayoría calificada para avanzar con las reformas estructurales de la 4T. Su integración, aunque incómoda, tiene un peso estratégico innegable en el tablero político actual.

En la posible adhesión de Yunes Márquez a las filas de la 4T parece operar una lógica de transacción de indulgencia a cambio de colaboración similar a la de los acuerdos con testigos protegidos en el sistema judicial: se otorgan beneficios o indulgencias a cambio de la colaboración del individuo para desmantelar estructuras corruptas de mayor envergadura o para asegurar avances cruciales en investigaciones y reformas. El razonamiento es claro: se prioriza el bienestar común y la justicia de mayor alcance sobre delitos cometidos en un contexto más reducido. En este sentido, los actos de corrupción que se le atribuyen a la familia Yunes, por graves que sean, palidecen en comparación con el daño sistémico causado por la corrupción del Poder Judicial en México, que afecta a millones de personas.

Esto no implica que las víctimas de los Yunes deban ser ignoradas. Por el contrario, es necesario establecer mecanismos que aseguren que se haga justicia sin que el acuerdo político conduzca a una impunidad absoluta. En política, como en el sistema judicial, es común ceder en ciertos aspectos para ganar en otros de mayor relevancia. En este caso, la indulgencia hacia Yunes Márquez se justifica en la medida en que su inclusión en la bancada de la 4T facilita avances en las reformas estructurales que el país requiere para desmantelar redes de corrupción más profundas.

No debemos perder de vista que la corrupción en el poder judicial mexicano ha tenido un impacto histórico, profundo y destructivo. Durante décadas, este nodo de poder ha permitido que se otorguen privilegios ilegítimos a grandes corporaciones y millonarios, como en el caso de Ricardo Salinas Pliego, quien debe más de 60 mil millones de pesos a la nación debido a que el ministro de la Suprema Corte Luis María Aguilar mantuvo oculto un expediente relacionado con una deuda fiscal de una empresa de Salinas Pliego. Estas tretas también han sido utilizadas para liberar criminales que deberían haber enfrentado la justicia. La cultura de impunidad ha obstaculizado el desarrollo del país, consolidando un entorno donde la ley se aplica selectivamente, beneficiando a los más poderosos y condenando a millones a la desprotección.

La reforma del sistema de justicia es la base de la verdadera transformación porque el acceso a la justicia es la mejor manera de medir si todos tienen las mismas oportunidades en una nación. Normalmente, se observan cosas como las diferencias económicas o académicas para entender las desigualdades. Sin embargo, estas diferencias no siempre muestran cómo afectan la capacidad de las personas para obtener justicia. Es en un sistema judicial solido donde se garantiza que se nivele cualquier posible abuso de poder o transgresión de los derechos de un ciudadano o ciudadana.

Mientras todas las personas tengan sus derechos fundamentales garantizados, las diferencias entre lo que unos y otros tienen o el grado de estudios no son tan dañinas. Lo inaceptable es que existan desigualdades en el sistema judicial. Un sistema judicial corrupto mantiene y empeora estas inequidades, y debilita la justicia y, en consecuencia, el desarrollo de todas y todos los mexicanos, puesto que cualquier persona con dinero suficiente para detener o manipular un proceso judicial, puede despojar a quien desee de su patrimonio o derechos, no pagar impuestos o cometer cualquier abuso de poder. Por eso, es claro que necesitamos una reforma profunda en el poder judicial. La justicia debe ser igual para todos, sin importar cuánto dinero o educación tenga cada persona. De eso se trata el Estado de Derecho.

La transición de Yunes Márquez hacia la 4T debería interpretarse como una maniobra estratégica y legítima que responde a la necesidad de priorizar el bien común sobre disputas políticas o personales. Al igual que los acuerdos con testigos protegidos, este tipo de indulgencias son válidas cuando se utilizan para atacar problemas estructurales de mayor envergadura. Asegurar la mayoría calificada en el Senado es un objetivo que vale la pena perseguir, incluso si implica negociar con actores como los Yunes por mantener el rumbo hacia el horizonte de la Cuarta Transformación de la República.

Katya Galán