Con votación errática y cambios, avanzan en comisiones del Senado las leyes secundarias de la reforma judicial

Con una votación errática propiciada por  los presidentes de las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado, Lilia Valdez y Enrique Inzunza, Morena y aliados aprobaron, con cambios, las leyes secundarias de la reforma constitucional que norma el proceso electivo de jueces, ministros y magistrados.

La discusión de estas reformas legales se dio a menos de un día de que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó las dos iniciativas sobre este tema. 

En un trámite acelerado, los dictámenes de estas reformas serán presentados este miércoles para su discusión en el pleno del Senado.

Votación confusa 

Inicialmente, los morenistas Lilia Valdez y Enrique Inzunza tomaron la votación en lo general del dictamen de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe); se emitieron 22 votos de Morena, PT y PVEM en ambas comisiones, y seis en contra de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

Posteriormente, los presidentes de comisiones abrieron la discusión de las reservas pese a que aún faltaba por votar en lo general y particular las reformas a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Lilia Valdez y Enrique Inzunza tomaron la votación de las cuatro reservas presentadas por Morena, una de ellas que tenía que ver con el Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la cual no había sido votada.

En medio de esa confusión, apareció Arturo Garita, secretario general de Servicios Parlamentarios del Senado, para advertir a los presidentes de comisiones que se debían tomar la votación en lo general y lo particular de las reformas a esa ley, pese a que previamente ya se habían aprobado las reservas. 

Oposición advierte errores en dictamen 

Los senadores Ricardo Anaya (PAN) y Alejandra Barrales (MC) advirtieron de errores en el dictamen, e incluso contradicciones con la reforma constitucional en materia de reforma judicial. 

Durante el debate en posicionamientos, Barrales Magdaleno resaltó que el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, admitió que existe un error en la reforma judicial, ya que esta estableció en el artículo 94 constitucional que la presidencia de la Suprema Corte se renovará cada dos años, pero no se reformó el artículo 97 que dice que la presidencia cambiará cada cuatro años. 

También alertó que las reformas legales facultan al INE a normar los procesos electivos de juzgadores en los estados, desconociendo a los organismos locales de cada entidad. Alertó que esto causará tropiezos en la implementación. 

Luego, el senador Ricardo Anaya alertó una contradicción para la selección de candidatos entre la reforma al artículo 96 constitucional y la reforma al artículo 500 de la Legipe. 

La emecista advirtió que el proceso selectivo de candidatos a cargos de jueces, ministros y magistrados será totalmente controlado por Morena, toda vez que tiene mayoría en los Poderes Ejecutivo y Legislativo que, junto con el Judicial, deberán proponer candidatos. 

Aprueban cambios 

En medio de la confusa votación, Morena presentó cuatro reservas a los dictámenes de las reformas a la Legipe y Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

La primera fue presentada por el morenista Manuel Huerta para establecer que los Poderes de la Unión determinarán su conformidad parcial o total a las listas de aspirantes que presenten los comités de evaluación, y en caso de que se rechace, deberán presentar un nuevo listado.

Otra de las reservas aprobadas fue para fijar que los procesos de impugnación en la elección de juzgadores se resolverán en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que será el Juicio para la Protección de Derechos Políticos del Ciudadano el medio para impugnar. Ante la extinción que se prevé de la Sala Especializada, sus funciones serán asumidas por la Sala Superior.

La senadora priista Claudia Anaya dijo que estas reformas a leyes secundarias contenían antinomias e inconstitucionalidades; consideró que se trata a todas luces de  una reforma electoral, por lo que los partidos tienen derecho de presentar controversias.

Con información de Latinus