Inevitable, una reforma a la Reforma Judicial; hay contradicciones, asegura constitucionalista

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La abogada constitucionalista Micaela Alterio sostiene que la reforma judicial que entró en vigor el pasado 16 de septiembre deberá ser sometida “necesariamente” a una nueva reforma porque, tal como fue aprobada por el Congreso, introdujo preceptos contradictorios a la Constitución.

Alterio menciona, como ejemplo, que según la reforma judicial, la persona que presida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será la ministra o el ministro que obtenga la más alta votación en los comicios a realizarse el 1 de junio de 2025 para renovar el Poder Judicial, lo que se contradice con el artículo constitucional que señala que la presidencia de ese tribunal será electa por mayoría de votos por los ministros del pleno.

Ambos preceptos contradictorios están contenidos en la reforma promulgada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, de acuerdo con la reforma judicial la presidenta o presidente de la SCJN ejercerá ese puesto por dos años, mientras que la Constitución establece que el periodo para ese cargo es de cuatro años.

“Necesariamente hay que hacer otra reforma constitucional para arreglar estas contradicciones, porque hoy por hoy están estas dos normas en la propia Constitución, lo que es una muestra de las prisas y desaseo con que se ha hecho esta reforma judicial”, dice a Proceso la profesora de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Alterio, autora del libro Entre lo neo y lo nuevo del constitucionalismo latinoamericano, señala que los cambios que deberá hacer el Congreso a la reforma judicial para eliminar las contradicciones que quedaron en la Constitución abre la oportunidad “de modificar, también, las cuestiones más problemáticas de esa reforma”, como el Tribunal de Disciplina.

La maestra y doctora en estudios avanzados en derechos humanos en la Universidad Carlos III de Madrid y diplomada del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales afirma que, en ese sentido, es importante que la SCJN se pronuncie sobre esa reforma.

En su sesión del lunes 7, la SCJN ratificó su decisión de revisar la reforma judicial y, de esa manera, dejó abierta la posibilidad de posponer la elección popular de jueces, magistrados y ministros prevista para el año próximo,

El ministro Alberto Pérez Dayán será el encargado de resolver las controversias presentadas por jueces y magistrados federales contra la reforma judicial y determinar si ésta puede ser frenada por la SCJN por causales como la eventual violación a la independencia judicial.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo la mañana de este martes 8 que la reforma judicial es constitucional y los “amparos o análisis” que puedan hacer los ministros de la SCJN sobre la misma no pueden detenerla. Por tanto, la elección de jueces, magistrados y ministros “va”, aseguró la gobernante en su conferencia mañanera.

Alterio señala, sin embargo, que “dada la desprolijidad de la reforma y que aparte atenta contra la independencia judicial sí sería bueno que la Corte, al menos, haga una declaración que dejara bien asentado cuáles son los problemas de la reforma”.

Además, “a futuro, sería útil para instancias internacionales que se siente el precedente de que se agotaron las vías internas” para impugnar esa reforma, señala la integrante del Sistema Nacional de Investigadores, quien está convencida de que México va a ser condenado por una instancia internacional (como la Corte Interamericana de Derechos Humanos) por esta reforma.

Un poco de voluntad política

La abogada reconoce que las vías legales para impugnar la reforma “están muy difíciles” y será muy complicado para la SCJN “hacer otra cosa que no sea una mera declaración”.

Esto, a pesar de que “no hay mucha duda de que esta reforma atenta contra la división de poderes y de que está muy mal hecha”.

Pero es importante que la SCJN “deje asentada una postura por ser el poder que está en cuestión y porque tiene todos los elementos para decir todo lo que esta reforma afecta en términos de independencia judicial” con instancias como el Tribunal de Disciplina, que será conformado por quienes decidan las mayorías de Morena, asegura.

De acuerdo con Alterio, con un pronunciamiento de la SCJN y “con un poco de voluntad política del nuevo gobierno” se podría abrir un espacio para que, en la reforma a la que tendrá que ser sometida la reforma judicial (para zanjar las contradicciones constitucionales que originó), se resolvieran “cuestiones más problemáticas, los jueces sin rostro y el Tribunal de Disciplina”.

Explica que mientras este último viola la independencia judicial, los jueces sin rostro violan derechos humanos, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Alterio dijo en una entrevista el mes pasado con este medio que es “prácticamente imposible” revertir la reforma por la vía jurídica porque la SCJN no tiene una doctrina clara sobre su actuación frente a las reformas constitucionales y, en general, siempre se ha negado a controlar el fondo de estas reformas, salvo en lo formal.

Y en este caso lo formal se cumple, “de una manera tremendamente desprolija, pero se cumple”, aseguró.

La constitucionalista considera que también está cerrada la vía del juicio de amparo porque el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, prohíbe de manera expresa impugnar reformas constitucionales con ese procedimiento.

En 2014, la hoy secretaria jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, y los entonces senadores Manuel Bartlett, Adán Augusto López, David Monreal y Layda Sansores impugnaron la constitucionalidad de la reforma energética aprobada por el Congreso en 2013.

La demanda pidió a un juzgado federal y a la SCJN comenzar por declarar inconstitucional el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que entonces fue desechado.

El mes pasado, Godoy dijo a este medio que las vías legales para impugnar la reforma judicial están cerradas y afirmó que si la SCJN desconocía ese hecho se produciría “una confrontación” entre los poderes del Estado, lo que “a nadie le conviene”.

Con información de proceso.com.mx