Empresas en Estados Unidos cabildean en contra de aranceles de Trump
Varias empresas y organizaciones empresariales han cabildeado en Estados Unidos para evitar que el presidente Donald Trump imponga aranceles de 25% a México y Canadá a partir de mañana.
Matt Blunt, presidente del Consejo de Política Automotriz Estadounidense (AAPC, por su sigla en inglés), pidió exentar de aranceles a los vehículos y piezas que cumplan con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Destacó que el acuerdo, negociado por Trump, establece estrictos estándares para proteger empleos e inversiones en Estados Unidos.
El AAPC representa los intereses comunes de política pública de los fabricantes de automóviles estadounidenses: Ford Motor Company, General Motors Company y Stellantis.
Particularmente, Volkswagen advirtió que los aranceles propuestos por Estados Unidos afectarían a los consumidores y a la industria automotriz global. La empresa destacó la importancia del diálogo y reafirmó su compromiso con una cooperación constructiva con la administración estadounidense.
En una carta a Trump, la coalición "Toasts Not Tariffs", que agrupa a 52 asociaciones del sector del alcohol, pidió excluir vinos y licores de nuevos aranceles. Argumentó su impacto en restaurantes y solicitó evitar represalias comerciales contra estos productos.
Nate Herman, de la Asociación Estadounidense de Ropa y Calzado, enfatizó que la industria depende del comercio, ya que 97% de la ropa y el calzado en Estados Unidos es importado.
Trump, quien prometió frenar la inmigración ilegal, ha generado preocupación en la industria láctea de Estados Unidos con su amenaza de imponer aranceles de 25% a México y Canadá en 2025. Esta medida forma parte de su estrategia para declarar una emergencia nacional en la frontera sur.
De endurecerse la política migratoria, la industria láctea se vería gravemente afectada, ya que la mitad de su fuerza laboral está compuesta por inmigrantes, muchos de ellos indocumentados. La Federación Nacional de Productores de Leche advierte que la pérdida de estos trabajadores podría reducir el rebaño en 2.1 millones de vacas y aumentar los precios de la leche en 90.4 por ciento.
La Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso el poder de establecer aranceles y regular el comercio exterior. Dado que los aranceles ya no son clave en la política fiscal interna, se utilizan como herramienta de política exterior y promoción comercial.
Por ello, el Congreso colabora con el Presidente para definir la política arancelaria, autorizándole a negociar acuerdos comerciales y ajustar los aranceles cuando sea necesario.
Con información de El Economista.
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A escena la reforma al Infonavit
Y mientras en el Senado se realizaba la tómbola, para seleccionar a los aspirantes a un cargo dentro del Poder Judicial, el tema tenía toda la atención y cubría la agenda pública. Ahora, parece ser, que será el turno de la reforma al Infonavit para aparecer en escena.
Quizás por ese sorteo y sus complicaciones, no se habló de la reforma al Infonavit, de la que se dijo será discutida, este sábado primero de febrero, según las prioridades que han dado a conocer en la agenda legislativa de Morena.
Además, también hay prisa por aprobar la prohibición para la siembra de maíz transgénico, una iniciativa que recién acaba de enviar la presidenta, Claudia Sheinbaum.
Según lo dio a conocer el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, se respetarán los cambios que hicieron en las comisiones, a la minuta enviada por el Senado..
Según consignó, se respetará la característica tripartita de la institución, para que no haya mayoría del gobierno, para que sea de los trabajadores y los empresarios.
Desde el empresariado y particularmente del de Chihuahua, se había señalado, que la iniciativa original era un atentado contra el sector productivo y de sus colaboradores, especialmente en lo relativo a la balanza en la gobernanza, el equilibrio y la toma de decisiones del Infonavit.
Parece ser, que ese aspecto no se tocará, sin embargo, está pendiente el cómo quedará lo relativo a las subcuentas de ahorro de los trabajadores y los 2.4 billones que tienen y que se pretende sean utilizados, según se dice, en la construcción de vivienda económica por parte del instituto.
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