CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Con el rechazo a la reelección de Rosario Piedra Ibarra y cuestionamientos a su gestión como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), representantes de organizaciones civiles participaron este martes en el parlamento abierto ante senadores de las comisiones unidas de Derechos Humanos y Justicia, presididos por Celeste Ascencio y Javier Corral, respectivamente, ambos de la fracción de Morena.
Al ejercicio de consulta asistieron 14 organizaciones sociales especializadas en distintas áreas de defensa de derechos humanos, que coincidieron en señalar las deficiencias en la gestión de Piedra Ibarra, así como su probada militancia política que se ha traducido en la falta de autonomía del Poder Ejecutivo.
Entre las observaciones que resaltaron, Itzel Checa Gutiérrez, representante del Observatorio Ciudadano de Designaciones Públicas, alertó que la elección de la próxima persona que encabece la CNDH es “el proceso más importante para la agenda para derechos humanos en el país, no sólo por la repercusión que tiene en los organismos públicos de derechos humanos de los estados de la República, sino que será un mensaje de cuál va a ser el tratamiento que a este tema le va asignar el segundo piso de la Cuarta Transformación”.
Checa Gutiérrez destacó que es innegable que la crisis de derechos humanos, “lejos de haberse atenuado, se ha profundizado ante los altos niveles de violencia, de impunidad, de desigualdad, profundización de la militarización y debilitamiento del Estado de Derecho, con más de 111 mil personas desaparecidas y mensajes de deslegitimación que ponen en riesgo a defensores de derechos humanos y periodistas”.
Tras alertar que México no ha atendido al menos 262 recomendaciones que se le hicieron en el Examen Periódico Universal (EPU), la defensora destacó que más de 100 organizaciones de derechos humanos de 23 estados, unidos en el hashtag #LaCNDHQueQueremos, delinearon algunas características que tendría que tener quien ocupe la presidencia de la CNDH, que debería responder a los estándares internacionales de derechos humanos plasmados en los Principios de París.
Entre los elementos a consideración, Checa Gutiérrez destacó que debería considerar que la persona designada no tenga “conflictos de interés ni señalamientos de corrupción y, tomando en cuenta el proceso cuestionado de 2019 (en el que se eligió a Rosario Piedra), sea independiente del gobierno, sin vínculos con ningún partido político”.
La defensora consideró que la principal característica de la próxima persona que presida la CNDH sea “valiente, que no esté atada de manos para señalar violaciones a derechos humanos; que tenga experiencia y haya demostrado imparcialidad en el ejercicio de sus funciones; que no tenga antecedentes por violencia de género, que demuestre amplios conocimientos en materia de derechos humanos”.
Como parte del Observatorio, Checa Gutiérrez pidió a los senadores “cerrarle el paso a los acuerdos cupulares y discrecionales que han prevalecido en estas decisiones”.
El director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre Espinoza, abrió su participación recordando al sacerdote indígena Marcelo Pérez Pérez, asesinado este domingo en Chiapas, quien contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que “no fueron atendidas por el Estado mexicano”.
Al señalar que recientemente el Centro Prodh hizo público un informe sobre la gestión de Piedra Ibarra, Aguirre Espinoza explicó que más allá de la persona que preside la CNDH, el rechazo de su organización a la reelección responde a que esa es la recomendación de los Principios de Venecia, emitidos en 2019, “el estándar más alto” sobre la regulación de los ombudsperson, que establecen que “la reelección de la persona titular del organismo monitor de la situación de derechos humanos y contrapeso del Poder Ejecutivo, es un incentivo perverso para inhibir el ejercicio cabal de sus funciones”.
Aguirre Espinoza recordó que el Centro Prodh ha monitoreado las funciones de las distintas gestiones al frente de la CNDH y lo que se ha podido observar en casos anteriores es que “los presidentes negociaban las recomendaciones con la finalidad de reelegirse al frente del organismo”.
El director del Centro Prodh señaló que en el balance de la gestión de Piedra Ibarra, a partir de datos duros, queda claro “el debilitamiento de la CNDH en cinco áreas clave: atención a quejas, emisión de recomendaciones, presentación de acciones de inconstitucionalidad, difusión de derechos humanos y la gobernanza”, destacando la renuncia de los integrantes del Consejo Consultivo.
Santiago Aguirre pidió a los senadores de las comisiones unidas que cuestionen a los 48 aspirantes a presidir la CNDH sobre su independencia, el trato con los colectivos de víctimas, el despliegue militar, cómo contribuirán a revertir la crisis de desapariciones, cómo ejercer sus facultades para que se cumplan las recomendaciones, y qué opinan sobre la reelección.
En representación de Artículo 19, Pedro Cárdenas Casillas retomó el último informe de la organización sobre la situación del respeto a la libertad de expresión durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el que se habrían cometido más de tres mil 400 agresiones contra comunicadores, 46% de ellas cometidas por funcionarios públicos, siendo el 26% funcionarios federales, entre los que se encuentran integrantes de fuerzas armadas.
Recordó que durante la gestión pasada se registraron 294 casos de estigmatización de la prensa y se abrieron 158 procesos penales en contra de periodistas.
Bajo este escenario, Cárdenas Casillas alertó que lo que ha prevalecido es la impunidad en las investigaciones, estado en el que se encuentra el 89% de los casos que investiga la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
Cárdenas Casillas resaltó que, frente a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación, así como contra defensores, la CNDH fue omisa, siendo clara esta posición en los casos relacionados con el espionaje a través del software Pegasus y la criminalización por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
“La CNDH cerró el caso que involucra a autoridades del Ejército en el caso de espionaje a través del software Pegasus, argumentando que no había elementos de los peritajes que ameritaran su intervención, en tanto que en el caso de la defensora Ana Lorena Delgadillo, la experta forense Mercedes Doretti y la periodista Marcela Turati, quienes fueron sometidas a investigación, la CNDH pretendía cerrar el caso argumentando que las actuaciones de la FGR estaban ajustadas a derecho, justificando la intervención telefónica que no contaba con autorización judicial”, contó el representante de Artículo 19.
Cárdenas Casillas agregó que otra actitud deficiente de la CNDH en contra de defensores y periodistas durante la gestión de Piedra Ibarra, es que durante las discusiones sobre planes de protección en la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, “se limitó a respaldar con su voto a la Secretaría de Gobernación, sin verificar si atendían los más altos estándares de protección a los solicitantes de medidas de protección”.
Agregó que, en mayo pasado, un juez federal amparó a familiares de víctimas de la tragedia en Pasta de Conchos porque la CNDH borró de su sistema más de 2 mil 500 recomendaciones emitidas de 1990 a 2015, y cuando, por orden del juez, las volvió a subir a su portal, “estaban testadas casi en su totalidad, impidiendo su revisión, lo que habla de la falta de transparencia de esta administración, lo que va en contra de los principios de no repetición”.
Juan Martín Pérez García, de Tejiendo Redes Infancia, urgió a los senadores a cuestionar a los aspirantes a ocupar la presidencia de la CNDH sobre sus planes para proteger “a 39 millones de personas que comprenden a niñas, niños y adolescentes que viven en este país, considerando que recientemente el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas acaba de emitir fuertes recomendaciones a México”.
Pérez García resaltó que durante la actual administración de Piedra Ibarra “no hubo pronunciamiento sobre los altísimos niveles de impunidad en delitos en los que están involucrados niñas, niños y adolescentes, del 97%, porcentaje que se eleva al 100% en delitos de índole sexual”.
Asimismo, Pérez García dijo que la actual administración en la CNDH tampoco se pronunció por “el nivel de violencia armada generalizada en México que provoca que todos los días se registren siete homicidios y 14 reportes de desaparición de niñas, niños de adolescentes, teniendo registros oficiales de más de 7 mil niñas desaparecidas y cálculos de reclutamiento forzado de 30 mil menores de 17 años cada año”.
Pérez García llamó a los integrantes de las comisiones unidas de Derechos Humanos y Justicia a tomar en cuenta que la auténtica autonomía de la CNDH reside en quién está al frente del organismo, “si se tiene una persona militante una funcionaria o responsable de una organización civil, no hay autonomía posible, que es lo que vimos en esta administración”.
María Vega, de México Unido contra la Delincuencia, consideró que habría una “regresión en materia de derechos humanos”, si se reelige a Rosario Piedra, debido a su “posición preocupante que mantuvo en su administración de no ejercer su facultad de interponer acciones de inconstitucionalidad contra normas que amplían la militarización y que le dan un papel preponderante a las fuerzas armadas, de reelegirse se corre el riesgo de aumenten más y más las tareas de las fuerzas armadas, cuando la seguridad debe estar al frente de autoridades civiles y la CNDH debe fungir como contrapeso como encargada de la defensa de los derechos humanos”.
Iván Tagle Durand, de Yaaj México, reclamó que durante la administración de Piedra Ibarra no hubo posicionamiento para defender las agresiones a la población LGBTI+, y que prueba de ello es que “no dijo nada tras el asesinato del magistrade Osiel Bahena, en Aguascalientes, caso que de manera inédita se resolvió en dos días, sin que hubiera una revisión de la CNDH de este caso”.
Aunque al final del parlamento abierto el senador Corral Jurado se comprometió a dirigir junto con la presidenta de la Comisión de Justicia, Celeste Ascencio un proceso transparente, durante el ejercicio senadoras como Laura Itzel Castillo y la misma Ascencio resaltaron datos que les proporcionó la administración de Rosario Piedra sobre su gestión al frente del organismo.
Castillo Juárez, hija del luchador social Heberto Castillo, cuestionó que se hablara de agravios a la libertad de expresión, cuando su padre fue encarcelado en represalia por emitir su opinión durante el régimen del PRI, y presumió cifras de recomendaciones emitidas por la gestión de Piedra Ibarra, y las comparó con sus antecesores.
Según Castillo, al cierre de la gestión de José Luis Soberanes, emitió 217 recomendaciones; con Raúl Placencia Villanueva, se emitieron cinco recomendaciones por violaciones graves y 414 recomendaciones ordinarias; con Luis Raúl González Pérez la proporción fue de 30 resoluciones por violaciones graves y 414 ordinarias, entanto que en lo que va de la gestión de Piedra Ibarra la cifras fueron de 134 por violaciones graves y mil siete ordinarias.
El comentario de Castillo no consideró el análisis que hicieron organizaciones de derechos humanos de que la mayor parte de las recomendaciones de Piedra corresponden a hechos ocurridos en sexenios anteriores y contra dependencias del sector salud.
Celeste Asencio se refirió a que, en 2019, las menciones en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional ocupaban el sexto sitio de las quejas presentadas ante el organismo, en 2023, las quejas contra la dependencia se fueron al décimo lugar y contra la Guardia Nacional en el décimo.
En tanto que durante la gestión de Piedra Ibarra se concluyeron el 83.8% de las quejas de las cuales el 1.8% se convirtieron en recomendaciones.
Con información de Proceso.