El 20 de octubre ha sido un día crucial para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la renuncia oficial de ocho de sus ministros, incluyendo a la presidenta Norma Piña. Esta situación ha generado incertidumbre sobre el futuro del Máximo Tribunal.
Según el Artículo 98 de la Constitución, si un ministro se ausenta durante más de 30 días, la Presidenta Claudia Sheinbaum deberá proponer un ministro interino al Senado, cumpliendo así lo establecido en el Artículo 96. Las dimisiones, que deben ser por causas graves, se remitirán a la jefa del Ejecutivo.
Las licencias de los ministros que no superen un mes pueden ser otorgadas por la SCJN; aquellas que excedan este periodo requieren la aprobación de la presidenta con el consentimiento del Senado, y no pueden durar más de dos años.
Para el nombramiento de ministros de la SCJN, el Presidente (o Presidenta) de la República debe enviar una terna al Senado, que, tras la comparecencia de los candidatos, designará al nuevo ministro. Según el Artículo 96 constitucional, la votación requiere el apoyo de dos terceras partes del Senado en un plazo de 30 días.
Si no hay consenso, la Presidenta elegirá al ministro interino de entre los propuestos. Si la terna es rechazada, se presentará una nueva, y si persiste el desacuerdo, el cargo será ocupado por el candidato seleccionado por la presidenta.
Los ministros que también presentaron su renuncia son:
Nacida en Monterrey el 13 de septiembre de 1973, se graduó como abogada con honores de la UANL y obtuvo un diploma al mérito académico en 1996. Tiene una maestría en derecho fiscal y es doctora en política pública por el Tecnológico de Monterrey.
Ha trabajado en el Poder Judicial y en firmas transnacionales, especializándose en litigio civil, mercantil y administrativo. Fue Jefa del SAT (2018), destacando en la lucha contra la evasión fiscal. En 2019 fue nombrada ministra de la Suprema Corte de Justicia, impulsando temas de derechos humanos, género y medio ambiente, y promoviendo la justicia abierta y la inteligencia artificial.
Nacido en Ciudad de México el 8 de enero de 1960, obtuvo su licenciatura en Derecho por la Escuela Libre de Derecho (1984) y se tituló con mención honorífica en 1986. Completó una maestría en Derecho de Amparo y otra en Derecho Civil y Familiar (Universidad Autónoma de Barcelona), así como un doctorado en Ciencias Penales. Su carrera en el Poder Judicial de la Federación incluye cargos como Secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte, Juez de Distrito y Magistrado de Circuito.
Desde 2011 es Ministro de la Suprema Corte, donde presidió la Primera Sala (2012-2014). Ha publicado obras sobre justicia y amparo, y recibió la Medalla Pedro Hernández Silva en 2012.
Nacido en Cuernavaca el 14 de octubre de 1969, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena es licenciado en Derecho por la UNAM y Maestro en Derecho por Harvard, con especialización en Tributación Internacional gracias a una beca Fulbright-García Robles. Tras trabajar en firmas legales y en la Administración Pública Federal, en 2012 fue nombrado Ministro de la Suprema Corte.
Defensor de la interpretación constitucional alineada con el derecho internacional de los derechos humanos, ha impulsado la perspectiva de género y la protección de derechos en temas de tortura, desaparición forzada y aborto. Es miembro de varias asociaciones legales y académico distinguido en Harvard.
Nacido el 13 de diciembre de 1960 en Ciudad de México, es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, titulado en 1984 con mención honorífica. Obtuvo su Doctorado en Derecho en la UNAM en 1992, especializándose en Amparo, Derecho Constitucional y Administrativo, con estudios adicionales en la Universidad de Texas y la Suprema Corte de Justicia. Ha sido tutor y profesor en múltiples instituciones, incluyendo la UNAM y el Instituto de la Judicatura Federal.
Es autor de los libros "Ley de Amparo y su Jurisprudencia" y “Teoría General del Acto Administrativo”. En 2012 fue designado Ministro de la Suprema Corte, presidió la Segunda Sala de 2015 a 2016 y nuevamente desde enero de 2023.
Juan Luis González Alcántara Carrancá nació el 19 de agosto de 1949 en Ciudad de México. Es licenciado y doctor en Derecho por la UNAM (ambos con mención honorífica), con estudios en Finanzas Públicas, una Maestría en Relaciones Internacionales por la Escuela Fletcher y en Derecho Civil por la Universidad de Barcelona. Ha sido profesor en la UNAM, IBERO, CIDE e ITAM, e Investigador Honorario del Instituto de Investigaciones Jurídicas.
En el ámbito judicial, fue Magistrado y Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y, desde 2004, Magistrado de la Cuarta Sala Familiar. Durante su presidencia, fundó el Centro de Convivencia Familiar Supervisada y el Centro de Justicia Alternativa, e impulsó la creación de la Dirección de Derechos Humanos en el Tribunal. Ha recibido premios como el "René Cassin" de Derechos Humanos y el Mérito Académico de la IBERO, destacando por su labor en derechos humanos y modernización judicial.
Nacido el 2 de julio de 1959 en Torreón, Coahuila, se convirtió en Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diciembre de 2015, y en enero de 2019 fue designado Presidente de la Segunda Sala. Es licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana, con Maestría y Doctorado en Derecho Público por la Universidad de París, donde obtuvo mención honorífica.
Ha ocupado cargos relevantes como Consejero Jurídico Adjunto del Ejecutivo Federal, Procurador Fiscal de la Federación y Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Además, ha sido profesor en instituciones como el Colegio de México y el CIDE. Su destacada trayectoria le ha valido reconocimientos internacionales de Austria y España.
Nació en México, Distrito Federal, el 4 de noviembre de 1949. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se graduó en 1974 con una tesis sobre el amparo y la legitimación de pequeños propietarios.
Inició su carrera en el Poder Judicial Federal en 1968 y ocupó diversos cargos, como abogado postulante y asesor en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Secretaría de la Reforma Agraria. Desde 1980, fue Juez de Distrito, y en 1985, fue designado Magistrado de Circuito. A partir de 1995, ocupó el cargo de Secretario General de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde contribuyó a la creación del Consejo de la Judicatura Federal y de las Casas de la Cultura Jurídica.
En 2004, fue electo Consejero de la Judicatura Federal y participó en diversas comisiones, proponiendo más de 70 iniciativas que mejoraron la carrera judicial. El 1 de diciembre de 2009, fue designado Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ocupó la presidencia de la Corte de enero de 2015 a diciembre de 2018. A lo largo de su carrera, ha generado numerosos criterios jurisprudenciales y ha sido un activo conferencista y autor en temas jurídicos.
Nació en México, el 4 de noviembre de 1949. Se graduó con Mención Honorífica en Educación Primaria en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (1974-1978) y obtuvo una licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (1979-1984) con un promedio de 9.6. Su formación incluye especialidades en Psicología Social, Derecho Constitucional, Derecho Penal y Argumentación Jurídica, así como un Máster en esta última área en la Universidad de Alicante, España.
Comenzó su carrera profesional como profesora y técnica académica. Entre 1988 y 2000, ocupó diversos puestos en la judicatura, incluyendo Juez y Magistrada de Circuito. Desde el 1 de diciembre de 2009, es Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y fue presidenta de la Corte de enero de 2015 a diciembre de 2018.
Ha impartido clases en diversas instituciones, como el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Universidad Panamericana, y ha participado activamente en conferencias y seminarios sobre derechos humanos y justicia constitucional. Es autora de varios estudios y publicaciones sobre temas jurídicos, destacándose en su compromiso con la educación y la mejora del sistema judicial en México.
La situación actual de la SCJN plantea importantes desafíos para el sistema judicial del país.
Con información de Informador.mx