Ministro Alberto Pérez Dayán no apoya invalidez de la Reforma Judicial

El Ministro Alberto Pérez Dayán dijo que no acompaña el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que propone invalidar el corazón de la Reforma Judicial: la elección de jueces y magistrados por voto popular.

Al dar su postura durante la discusión del proyecto en la Corte, que se perfila trascendental en la votación final, el ministro afirmó que la invalidación de dicha reforma a través de acciones de inconstitucionalidad sería una “insensatez para responder a otra insensatez”.

"Por tales razones, no coincido con la propuesta sobre una nueva reflexión”, sentenció ante sus colegas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“(Estoy) convencido que esta acción de constitucionalidad, a partir de sus precedentes, debe considerarse improcedente y sobreseer en la misma; sé de las consecuencias de la Reforma Judicial e incluso lo siento personalmente, a mí también me toca, sin embargo, sostengo que existen otras vías que protegen esos anhelos y que tienen como eje principal no el combate de normas electorales, sino el reconocimiento y protección de los derechos humanos".

Previo a la discusión de los temas de fondo, los ministros deberán aclarar si pueden resolver las acciones de constitucionalidad promovidas por partidos políticos en contra de la Reforma Judicial. Para decidir este primer punto, denominado de legitimación, se necesita una mayoría de seis votos.

Al inicio de la sesión, el ministro ponente González Alcántara Carrancá defendió la atribución de la SCJN para analizar los recursos promovidos por Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), diputados del Congreso de Zacatecas y de Coahuila, al afirmar que los partidos están legitimados para impugnar.

Pero Pérez Dayán se sumó a las posturas emitidas -hasta el mediodía- por las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, quienes han descartado la facultad de la SCJN de analizar la reforma judicial, con lo que suman cuatro votos en contra de analizar el fondo de la reforma judicial.

“Por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería, lo digo con todo respeto y en el fuero de mi propia persona, responder una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo, con otra insensatez equivalente, al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad”, sostuvo.

En su exposición, descartó que la Constitución pueda considerarse una norma general de carácter electoral y, por tanto, que sea susceptible de una acción de inconstitucionalidad que puedan promover los partidos políticos.

"Ese tipo de recursos son un medio de control abstracto de normas generales inferiores a la Constitución, por lo cual, a través de este medio de control no puede cuestionarse una reforma constitucional”, sostuvo.

Coincidió en que los partidos políticos sí tienen legitimación para promover acciones de inconstitucionalidad para combatir normas generales de materia electoral y que la reforma judicial “tiene un muy importante contenido electoral. De eso no tengo la menor duda”, pero descartó que este sea el caso.

“No estoy ajeno a las consecuencias que habrá de producir la reforma constitucional cuestionada principalmente en el ámbito público, la seguridad jurídica, la visión de poderes en los principios de independencia judicial, tampoco en lo que producirá en el ámbito personal de los juzgadores, la afectación concreta a miles de personas que con su ejecución verán lastimosamente truncados sus esfuerzos de superación y compromiso por una nación más justa", señaló.

“Desde luego que lo sé e incluso lo resiento personalmente, a mí me toca. Sin embargo, sostengo que existen otras vías que protegen esos anhelos y que tienen como eje principal no el combate de normas electorales, sino el reconocimiento y protección de los derechos humanos que la propia Constitución federal y los tratados internacionales que el Estado mexicano han suscrito”.

Pérez Dayán por último cuestionó el actuar del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Lamento que aquellas instancias del orden electoral tanto en el ámbito administrativo y en el jurisdiccional, renunciando al ejercicio de sus competencias, esas sí ciertas y no cuestionadas, hayan privilegiado interpretaciones sesgasdas que favorecieron intereses esos si, personales”, expresó.

Anticipan tres ministras voto en contra

Tres ministras se han pronunciado en contra el proyecto de sentencia de ministro González Alcántara Carrancá: Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.

Las tres son afines a Morena y ya habían hecho pública su postura en contra del proyecto de sentencia.

A manera de argumento, la ministra Yasmín Esquivel recordó que en 2016 los integrantes de la SCJN –entre ellos Norma Piña, Jorge Mario Pardo Rebolledo- desecharon demandas de partidos políticos nacionales (Morena y Movimiento Ciudadano) que impugnaron adiciones y reformas a la Constitución.

“Quienes, bajo diversos argumentos, desecharon las demandas de los partidos políticos, me permiten afirmar que al estar ahora en asuntos prácticamente idénticos, porque en aquella ocasión diversos partidos impugnan adiciones y reforma a la Constitución que en su concepto corresponde a la materia electoral, debemos refrendar el sentido de las ejecutoria pronuncias en 2016", apuntó.

"Y resulta de importancia que preservemos la estabilidad de un criterio de la mayor relevancia no solo jurídica, sino inclusive política por el grave impacto que tendría en el equilibrio que debe haber entre los poderes de la unión”, dijo.

Mientras, Lenia Batres - al igual que Yasmín Esquivel- recordó que proyectos de años anteriores de los ministros Javier Láynez Potisek y Luis María Aguilar Morales determinaban que las acciones de inconstitucionalidad no son un medio que permita someter a la Constitución o su proceso de reforma a control de constitucionalidad.

“Esta Corte en contradicción con los anteriores criterios y razonamientos ocasionaría que el proyecto en análisis padezca de falta de lógica y coherencia, (...) el proyecto pretende ahora trasmutar nuestra Constitución en un acto jurídico para convertirla en una ley ordinaria electoral, que pueda ser desvalorada con total impunidad. El ataque es doblemente artero, cuando intenta pisotearla es precisamente quien se ostenta como su guardián”, declaró la ministra Batres.

Con información de politica.expansion.mx