Denuncian a gobierno de Oaxaca de inacción ante desaparición forzada de activistas

OAXACA, Oax. (Proceso).– Sandra Domínguez Martínez, abogada y defensora feminista del pueblo Ayuujk (mixe), cumplió un mes de haber desaparecido junto con su esposo, sin ser localizados.

Su caso ha tenido resonancia en el mundo, pero no es el único. En 2021, dos mujeres defensoras de derechos humanos de esta entidad desaparecieron, lo que alertó a organizaciones de México e internacionales por las condiciones de riesgo en esta entidad y la falta de acciones para su búsqueda y localización.

Claudia Uruchurtu, defensora británico-mexicana, desapareció el 26 de marzo de 2021 en Asunción Nochixtlán, mientras que la activista por el bosque de la etnia Ñuu Savi (mixteca) Irma Galindo Barrios fue vista por última vez el 27 de octubre de ese mismo año en la Ciudad de México.

Junto con Claudia Uruchurtu Cruz e Irma Galindo, Sandra Domínguez es una activista que enfrentó al poder al denunciar corrupción, daños ambientales y violencia feminicida durante el sexenio pasado del PRI y el actual con Morena. Las tres fueron víctimas de desaparición forzada y continúan sin ser localizadas, con todo y la fuerte presión de organizaciones locales y organismos internacionales que han dirigido peticiones al gobierno mexicano para encontrarlas con vida.

Además de las denuncias formales por su desaparición y exigencia de búsqueda ante las fiscalías y los gobiernos de Oaxaca y el federal, los casos de las tres defensoras fueron presentados al Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, la oficina del Alto Comisionado de la ONU, la relatora especial de Derechos Humanos de la ONU y Amnistía Internacional.

Frente al Palacio de Gobierno, Araceli Martínez y Kenia Domínguez, madre y hermana de Sandra, acusan de insensible a las autoridades estatales y federales, porque ni el gobernador Salomón Jara Cruz ni la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se han acercado a la familia para informar sobre las investigaciones.

Chats de funcionarios públicos

Junto con su esposo Alexander Hernández Hernández, la activista de origen mixe desapareció en la comunidad de María Lombardo de Caso, Oaxaca, el 4 de octubre.

La abogada y defensora de 38 años había denunciado la existencia de chats en aplicaciones en los que funcionarios del gobierno de Oaxaca y federales compartían fotografías sexuales de mujeres indígenas. Entre los involucrados se encuentra el coordinador de delegados de La Paz, Donato Vargas Jiménez, protegido por el gobierno de Salomón Jara Cruz.

En el año 2020 salió a la luz pública la existencia de un grupo de WhatsApp denominado Sierra XXX, en el que distintos funcionarios federales, estatales y políticos de diversas corrientes compartían contenidos misóginos y fotografías de mujeres indígenas.

Como consecuencia de la denuncia de Sandra Domínguez, y luego de verificarse la existencia de dicho grupo, fue destituido Rolando Vázquez Pérez, en ese entonces funcionario del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Tiempo después también se retiró de la contienda por una diputación local en Oaxaca a Humberto Santos, creador del chat.

Sin embargo, Sandra Domínguez nuevamente alzó la voz tras darse a conocer por distintos medios la existencia de otro grupo misógino denominado “Mega Peda”, en el que participan los mismos actores políticos denunciados previamente y destaca la participación de Donato Vargas, quien ha sido protegido por el gobernador Salomón Jara y el secretario de Gobierno, Jesús Romero López.

El secretario de Gobierno, Jesús Romero López, informó inicialmente que el vehículo de Sandra y su esposo fue localizado en Veracruz. Dijo que Oaxaca y Veracruz “tienen una franja entre Playa Vicente y María Lombardo muy difusa y comúnmente en esa zona ingresan grupos de la delincuencia del estado de Veracruz, entonces, no puedo dar más datos por preservar la integridad de las personas que al momento siguen desaparecidas”.

El funcionario incluso afirmó que el tema del chat “se utiliza” en el contexto político actual, y aseguró que existen dos líneas de investigación muy sólidas respecto a la desaparición de estas dos personas.

Mientras que uno de los políticos que ha sido reiteradamente mencionado en las denuncias hechas por Sandra, Donato Vargas Jiménez, salió el 9 de octubre a señalar de manera pública que “no tengo en nada en contra de ella, siempre se tomó como un tema político porque no hubo una denuncia como tal o que me citaran a la fiscalía o que me estuvieran investigando. Entonces como paisano, como conocido, mi deseo es que aparezca con vida, que esté bien, que haya una información de sus familiares”.

Para el defensor Ayuujk, Joaquín Galván, el delegado y el secretario de gobierno “son unos cobardes” porque esperaron tres años para declarar sobre las denuncias de Sandra, y lo hacen mientras ella está desaparecida, eso “no puede llamarse más que cobardía”.

Quiero dejar en claro que a Donato, ni yo ni nadie lo acusa de ser el que desapareció a Sandra, pero sí era importante valorar el contexto de las denuncias y el trabajo de Sandra para establecer líneas de investigación. Que él haya salido, por las razones que sean, a dar explicaciones no pedidas, habla más de la frase de 'explicación no pedida, acusación manifiesta'.

Finalmente preguntó: “¿Qué le va a explicar Salomón Jara al país y a los ojos internaciones sobre la desaparición de Sandra y por qué Donato sigue trabajando en su gabinete?”.

El 21 de octubre, el gobernador Salomón Jara Cruz por fin habló sobre el tema. Anunció que solicitaría a “su amigo” Donato Vargas Jiménez que se separe temporalmente del cargo como coordinador de los delegados de Paz, para que se apersone ante la Fiscalía General de Oaxaca y declare sobre el caso.

El morenista no sólo defendió a su colaborador, sino que insinuó que hay una “línea de investigación muy fuerte” que apunta al esposo de la defensora Alexander Hernández Hernández como presuntamente vinculado con la delincuencia organizada, pero no dio más datos por “el debido proceso”.

“Hoy voy hablar con mi amigo Donato y le voy a pedir que se separe unos días (unos 15 u ocho días) sólo para que también se le investigue y que no piensen que estamos entorpeciendo la investigación, y les aseguro que la línea de investigación es muy fuerte por la otra parte”, señaló Jara.

Antes, recriminó a quienes han señalado al funcionario ante la desaparición de la abogada mixe pues, señaló, lo han tomado “muy personal, muy de hígado más que otra cosa y no hay ningún argumento, ninguna base como para decir que uno de los funcionarios del gobierno, servidores del gobierno, estén involucrados en esto”, aunque insistió en que le pediría comparecer “para que no se diga que aquí se protege y no tenemos por qué proteger a nadie”.

Pero en la misma conferencia mañanera del gobernador no hubo sigilo por parte del fiscal General Bernardo Rodríguez Alamilla, quien destacó el hallazgo del equipo de telefonía móvil de Sandra Domínguez, encontrado después de trabajos de geolocalización en la comunidad de Nigromante, Playa Vicente, Veracruz, y afirmó que la instancia mantiene abierta todas las líneas de investigación, incluyendo los supuestos indicios sobre su pareja Alexander Hernández Hernández que lo relacionan con la delincuencia organizada, información, agregó, que se está investigando y verificando.

También habló de un hombre detenido, quien posiblemente esté involucrado en la desaparición de la pareja. El vehículo de las víctimas fue encontrado en Playa Vicente, al día siguiente de que se perdió contacto con ambos.

Sandra Domínguez también acompañó a familiares y alzó la voz por mujeres como Fany Guadalupe (víctima de feminicidio), Zayra Leticia (quien fue víctima de desaparición forzada) y Pijy, quien sufrió violencia sexual.

Defensoras en peligro

A la desaparición de Sandra anteceden las de Claudia Uruchurtu e Irma Galindo, ambas en 2021.

Claudia Uruchurtu Cruz fue víctima de desaparición forzada tras denunciar a la entonces presidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, quien actualmente se encuentra detenida en el penal de Tanivet, Oaxaca, cuya cercanía con el gobernador Salomón Jara le sirvió para que se le reclasificaran los delitos, a fin de que obtenga su libertad en poco tiempo.

Entre abril de 2019 y marzo de 2021, Claudia Uruchurtu Cruz documentó presuntos desvíos a través de empresas fantasma, nepotismo, falsificación de firmas y documentos oficiales en la administración municipal de Asunción Nochixtlán. También evidenció la simulación de un proceso de contraloría ciudadana, entre otras irregularidades.

De acuerdo con lo asentado en la causa penal 203/2021, Claudia Uruchurtu fue vista por última vez el 26 de marzo de 2021, en las inmediaciones del palacio municipal de Asunción Nochixtlán, luego de participar en una manifestación contra las autoridades del lugar. Testimonios refirieron que habría sido subida por la fuerza a un vehículo.

Como resultado de las investigaciones, la Fiscalía de Oaxaca logró, en primera instancia, la aprehensión de la alcaldesa y entonces candidata a repetir en el cargo Lizbeth Victoria Huerta y de Juan Antonio Hernández, El Centinela, quienes quedaron a disposición del Juzgado de Control, que determinó vincularlos a proceso el 13 de mayo de 2021.

En julio de ese mismo año se logró la aprehensión de Nelci Yanet Vásquez Jiménez y Rolando Aquino Barrita, El Colas, quienes también fueron vinculados a proceso por la desaparición de la activista británico-mexicana.

El miércoles 7 de diciembre, la familia Uruchurtu Cruz calificó de histórico el fallo de la jueza, quien ese día había declarado culpables por la desaparición forzada a los cuatro inculpados, incluyendo a la exalcaldesa y excandidata morenista.

Pero el jueves 15, fecha en que se programó la audiencia para dar a conocer las sentencias individualizadas, el caso dio un giro de 180 grados cuando una jueza reclasificó el delito para la expresidenta municipal, de desaparición a obstrucción de la justicia. Fue condenada a sólo cuatro años y dos meses de prisión en el proceso por la desaparición de la activista británico-mexicana ocurrida en marzo de 2021. Los otros implicados recibieron una sentencia de 60 años.

Pero al recurrir a la justicia federal, un juez federal revocó la sentencia contra la exalcaldesa y ordenó emitir una nueva sentencia por el delito de desaparición.

El día 27 de octubre del 2021, la defensora del bosque, Irma Galindo Barrios, indígena mixteca, originaria y vecina de la comunidad de Totoi, San Esteban Atatlahuca, Tlaxiaco, Oaxaca, fue vista por última vez en la estación del metro Barranca del Muerto en la Ciudad de México y desde entonces se desconoce su paradero. La mujer indígena Ñuu savi, de 38 años, luchó en contra de la explotación de los bosques de San Esteban Atatlahuca.

Entre el 21 y el 23 de octubre de 2021, un grupo armado encabezado por autoridades municipales de San Esteban Atatlahuca (municipio enclavado en la región mixteca) quemó más de cien casas en las comunidades de Guerrero Grande, Mier y Terán y Ndoyonoyuji. Posteriormente, este mismo grupo armado atacó a vecinos de la comunidad de Guerrero Grande; en ese incidente fueron desaparecidos Marco Quiroz Riaño, Miguel Bautista Avendaño y Donato Bautista Avendaño y asesinado Isidoro Hernández.

La desaparición de Irma ocurrió una semana después de que denunciara dichos ataques.

Después de tres años del desplazamiento forzado interno de personas, así como de varias desapariciones forzadas de familiares de las personas asesinadas y personas que perdieron sus casas por el incendio, el Estado Mexicano sigue sin cumplir las Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH y Acción Urgente otorgada por el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, además de que Irma continúa sin ser localizada.

Impunidad feminicida

La mecánica de impunidad y las desapariciones sin resolver prevalecen desde el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, sexenio en el cual desaparecieron Claudia Uruchurtu e Irma Galindo Barrios. Murat Hinojosa se convirtió en senador por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

De acuerdo con el Informe: muertes violentas en Oaxaca, que documenta el Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer), en lo que va del sexenio del gobernador morenista Salomón Jara Cruz -1 de diciembre de 2022 al 23 de octubre de 2024- han sido asesinadas 189 mujeres.

Entre enero y el 23 de octubre de este año se tiene el registro de 80 mujeres asesinadas.

“¡Son chingaderas!”, exclamó iracunda Kenia Domínguez por la desaparición de su hermana y porque el gobierno, en lugar de atenderlas, les cierra las puertas del Palacio de Gobierno. “Si no me hacen caso, yo aquí me voy a plantar”.

Su madre Araceli Martínez, la secunda:

Yo lo único que quiero es que me entreguen a mi hija, que le piense porque el señor gobernador tiene sobrinas, hijas, tías y a él no le gustaría que agarraran a su hija.

“Todo el tiempo me pregunta mi nieta dónde está su mamá, a qué horas se la van a entregar, lo único que quiero es que entreguen viva a su mamá. Es lo único que pido”, plantea.

El jueves 17 de octubre, en su mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que estaba al tanto de la desaparición de la activista y que “están trabajando en la búsqueda la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía Estatal y todas las fuerzas que se requieran por encontrarla, se está al tanto y se está buscando”.

Entre las actividades para impulsar la búsqueda de la activista se realizó una marcha el miércoles 17, que culminó con las consignas: “A 12 días de la desaparición de la activista ¡Te seguimos buscando!”, “Presentación con vida y castigo a los culpables”, “¡No estamos todos, nos falta Sandra!”, “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

Kenia afirma que la desaparición “calla a las mujeres”.

“Me preguntan si tengo miedo y no tengo miedo; quien ha sufrido una desaparición sabe que el miedo nos lo quitaron”.

Con información de proceso.com.mx