Suicidios de mujeres en Cefereso 16 fueron por abandono y sentencias judiciales, dice Estado; organizaciones acusan aislamiento

Representantes del Estado mexicano dijeron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que las condiciones que han llevado a 19 internas del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 16 de Morelos a suicidarse son “atribuibles a ellas” y a las “sentencias que dictan los jueces y magistrados del Poder Judicial”. 

Durante la primera audiencia sobre el tema celebrada este martes por la mañana en la sede de la CIDH en Washington D.C., representantes del Estado mexicano refirieron que una de las causas del alza en los suicidios en el Cefereso 16 de Morelos se debe al abandono que han sufrido las internas por parte de sus familias, por lo que se ha trabajado en medidas para poder acercar a las partes. 

En respuesta, representantes de organizaciones de la sociedad civil y organismos de derechos humanos expresaron su rechazo a esta postura y señalaron que si hay un abandono es porque la mayoría de las internas originarias de otros estados fueron trasladadas a este centro penitenciario en Morelos, a donde resulta muy costoso llegar. 

Además, insistieron en que es una obligación del Estado garantizar el derecho a la preservación del vínculo familiar de las internas.  

Cefereso 16| Foto: Archivo/ Cuartoscuro

En cuanto a las sentencias del Poder Judicial, la magistrada Taissia Cruz Parcero, directora del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), admitió que el sistema de justicia cuenta con problemas estructurales pero en lo que respecta a estos casos, algunas mujeres contaban con resoluciones judiciales favorables para recibir atención médica adecuada.

En la sesión se encontraban representantes de organismos de protección de derechos humanos como ASILEGAL, Documenta, el Instituto de Justicia Procesal Penal, así como de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), quienes promovieron esta audiencia después de que el pasado 6 de noviembre se registraron dos nuevos suicidios en el Cefereso 16 de Morelos, con los que suman un total 19 casos en los últimos tres años. 

El objetivo del encuentro fue abordar esta situación que ha despertado alarmas sobre las condiciones de internamiento que ha llevado a que las mujeres pierdan la vida, así como promover políticas que permitan prevenir estos casos, investigarlos y garantizar la no repetición.

Por su parte, integrantes de la CIDH celebraron la asistencia de representantes del Estado mexicano a la sesión y sugirieron tomar en cuenta la propuesta de las organizaciones de llevar a cabo una mesa de trabajo conjunta para analizar las políticas que deberían implementarse para evitar que las internas recurran a esta práctica.

Asimismo, el comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana hizo un llamado a las autoridades mexicanas a permitirle realizar una revisión de las condiciones del centro penitenciario con el objetivo de encontrar oportunidades de apoyo y asistencia técnica.

Traslado de mujeres privadas de la libertad al Cefereso 16 de Morelos

En 2021, el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador realizó modificaciones a los contratos de ocho prisiones privadas del país con el objetivo de ahorrar más de 41 mil millones de pesos.

Los contratos fueron celebrados en la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, entre el entonces secretario de Seguridad Pública, Genero García Luna, y particulares, para la construcción y operación de ocho penales.

López Obrador señaló en ese entonces que se trataba de contratos “leoninos” por ser “muy favorables para las empresas y muy malos para la hacienda pública, para el pueblo”.

Tras esta medida, se intensificó el traslado de personas privadas de la libertad (PPL) de penales estatales a penales federales, incluidos los ocho privados, con el pretexto de “mantener la gobernabilidad de los centros penitenciarios del país”.

Las autoridades realizaron los traslados sin seguir el protocolo y concentrando gran parte de los traslados en los mismos penales privados criticados por el gobierno federal, que concentran recomendaciones y quejas sin resolver ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Cefereso 16 de Morelos. Foto: Especial

Entre las personas afectadas se encontraban mujeres de distintos centros penitenciarios de Sonora, quienes en septiembre de 2022 fueron trasladadas al Cefereso 16 en Morelos, a más de dos mil kilómetros de sus hermanas, madres, hijas e hijos, abuelas, familiares y abogados.

Tan sólo dos días después del traslado más de 400 mujeres recluidas en el centro penitenciario se intoxicaron con la comida del lugar, de las cuales sólo cinco fueron atendidas en el servicio hospitalario.

De acuerdo con Salvador Leyva, abogado defensor de derechos humanos, mientras las mujeres esperan su sentencia dentro de este penal sufren condiciones indignas por falta de atención médica, alimentos insalubres, escasez de agua potable, ausencia casi total de oportunidades laborales y aislamiento de sus familias y redes de apoyo.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha emitido dos recomendaciones al respecto. Una por violaciones al derecho a la alimentación, protección a la salud y al trato digno en agravio de las 404 mujeres intoxicadas dentro del penal. Y otra dirigida al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) en la que determinó que se vulneraron los derechos humanos a la reinserción social, a la igualdad y a la no discriminación de cinco internas.

En el último documento, la CNDH observó que las cinco mujeres “estaban en riesgo debido a la falta de atención médica especializadas en salud mental y la ausencia de actividades que favorecieran su estabilidad emocional y reinserción social”.

Con información de Animal Político.