Brenda Ríos presenta iniciativa para tipificar el delito de corrupción inmobiliaria en Chihuahua

En respuesta a las múltiples denuncias ciudadanas sobre la actual administración municipal, la Diputada Brenda Ríos presentó el día de hoy una iniciativa destinada a tipificar el delito de corrupción inmobiliaria y cerrar las puertas al cartel inmobiliario en el estado de Chihuahua.

La diputada señaló que se han identificado patrones que reflejan un abuso del poder público y una permisividad en prácticas de construcción irregulares, lo que afecta directamente el derecho constitucional de los ciudadanos a una vivienda digna y decorosa, además de poner en riesgo la seguridad jurídica de los propietarios. “Todo esto se ha permitido bajo la excusa de que la ley lo permite, lo que no solo es injusto, sino también ilegal”, afirmó Ríos.

La corrupción inmobiliaria es un fenómeno en el que funcionarios públicos y actores privados en el sector inmobiliario facilitan o encubren prácticas ilegales que favorecen a determinados grupos, como los carteles inmobiliarios. Estos grupos buscan controlar el mercado de bienes raíces en una zona específica, utilizando prácticas anticompetitivas o ilegales para maximizar sus ganancias, sin importar las consecuencias para la comunidad.

La iniciativa presentada por la diputada tiene como objetivo tipificar el delito de corrupción inmobiliaria en el Código Penal del Estado de Chihuahua, estableciendo sanciones claras y severas para los funcionarios públicos que, por acción u omisión, permitan o favorezcan construcciones ilegales o irregulares.

En su propuesta, las penas de prisión para estos delitos oscilarían entre los diez y veinte años, además de multas que equivaldrían a la valuación de los inmuebles construidos de manera irregular. Esta propuesta sigue el modelo que ya ha sido planteado en la Ciudad de México y busca establecer un precedente en el combate contra la corrupción en el sector inmobiliario.

Además, la iniciativa contempla sanciones agravadas en casos en los que los funcionarios públicos obtengan beneficios económicos directos o indirectos derivados de dichas prácticas ilegales.