domingo 22 de diciembre
Según un informe reciente de la organización ACLED (Armed Conflict Location & Event Data), cinco factores clave podrían intensificar la violencia en México durante 2025. Estos elementos se enmarcan en un contexto de reconfiguración criminal, tensiones políticas y presión internacional, que plantean desafíos significativos para el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum.
1. Divisiones internas en los grupos criminales
La fragmentación dentro de organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa ha generado disputas letales por el control territorial. La captura del líder del cártel, "El Mayo", en 2024 desencadenó un conflicto entre facciones internas, como Los Mayitos y Los Chapitos, que ha dejado cientos de muertos y ha expandido la violencia a estados vecinos como Chihuahua y Sonora. Estos enfrentamientos internos no solo agravan la inseguridad en las zonas tradicionales del cártel, sino que también alteran las dinámicas criminales en otras regiones.
2. Expansión del CJNG y guerras territoriales
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) continúa su expansión, exacerbando disputas con grupos locales y rivales como el Cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, donde la lucha por el mercado del robo de combustible ha escalado la violencia a estados vecinos como Querétaro. Además, las tensiones entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa en zonas clave como Chiapas, Michoacán y Guerrero siguen intensificándose, afectando tanto a comunidades locales como a rutas estratégicas de tráfico
3. Aumento en el uso de armas y tácticas avanzadas
En 2024, se duplicó el uso de explosivos y tácticas de violencia a distancia por parte de grupos criminales. Desde drones adaptados para lanzar explosivos hasta minas terrestres improvisadas, estas herramientas reflejan una escalada preocupante en las tácticas empleadas por las organizaciones. Los estados de Michoacán, Guerrero y Guanajuato han sido los principales escenarios de estas innovaciones, que aumentan los riesgos para civiles y fuerzas de seguridad.
4. Presión internacional y relaciones con Estados Unidos
Con la reelección de Donald Trump en Estados Unidos, se espera un endurecimiento de la postura hacia México. Políticas más estrictas para frenar el tráfico de drogas y migración podrían incrementar las tensiones bilaterales, mientras que amenazas como el uso de la fuerza militar en territorio mexicano y aranceles a productos nacionales añaden presión al gobierno de Sheinbaum. Esta situación podría obligar a México a adoptar estrategias de seguridad más agresivas, lo que a su vez podría fragmentar aún más el panorama criminal.
5. Militarización y reforma al Poder Judicial
La creciente militarización de la seguridad en México plantea preocupaciones sobre posibles abusos de derechos humanos. El aumento en los despliegues de la Guardia Nacional y el papel más prominente del ejército podrían generar conflictos adicionales, especialmente en estados como Chiapas, donde ya se han reportado incidentes graves, como la muerte de migrantes en operativos militares.
El riesgo para los civiles sigue siendo alto. México sigue siendo el segundo país más peligroso del mundo para los civiles , en particular a la luz de sus limitados mecanismos para supervisar el uso de la fuerza por parte del Estado. Las reformas judiciales iniciadas bajo López Obrador, entre ellas la elección popular de jueces prevista para junio de 2025, podrían exacerbar aún más los riesgos para los civiles, incluidas las figuras políticas. Esta reforma podría exponer a candidatos que pueden ser más vulnerables a la influencia partidista o criminal, incentivando a las pandillas a penetrar las instituciones estatales mediante ataques selectivos o cooptación. A largo plazo, el aumento de la influencia criminal en las instituciones judiciales podría contribuir a aumentar la impunidad, erosionando aún más la confianza y la seguridad públicas.
El reto para 2025: ¿Un cambio en la estrategia de seguridad?
Claudia Sheinbaum enfrenta un panorama crítico: mientras busca continuar con programas sociales para abordar las raíces de la violencia, la presión interna y externa podría empujarla hacia medidas de seguridad más enérgicas. No obstante, la influencia criminal en las instituciones judiciales y locales podría obstaculizar los esfuerzos por restaurar la estabilidad.
Con información de El Economista.
