El presidente estadounidense Donald Trump firmó el pasado 20 de enero una orden ejecutiva con la que busca designar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras al considerarlos “una amenaza a la seguridad nacional”.
El decreto de Trump, a diferencia del emitido en 2001 por el entonces presidente George W. Bush, no muestra un listado de qué organizaciones serán catalogadas como terroristas, sino que presenta una serie de lineamientos para su designación.
Será el próximo 3 de febrero cuando el gobierno anuncie qué organizaciones criminales serán consideradas como terroristas.
De acuerdo con la orden ejecutiva, la designación se basa en la Ley de Migración o la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) y en la orden ejecutiva 13224 emitida el 23 de septiembre de 2001.
Esas regulaciones determinan que Estados Unidos podrá considerar a una agrupación como terrorista si:
Por su parte, se considera actividad terrorista cualquier actividad ilegal de acuerdo con las leyes de donde se cometió o que se refiera a las siguientes actividades:
Trump argumentó en su orden ejecutiva que los cárteles constituyen un riesgo a la seguridad nacional al hacer actividades que abarcan la relación con actores que van desde otras organizaciones terroristas hasta gobiernos extranjeros enemigos; contar con sistemas adaptativos complejos e infiltrarse en gobiernos extranjeros.
El mandatario afirmó que los cárteles hacen campañas de violencia y terror que ha desestabilizado países con “importancia significativa” para Estados Unidos, sin nombrar alguno, y además de provocar el tráfico de drogas letales, así como la llegada de criminales.
Con el objetivo de reforzar su petición, el republicano afirmó que los cárteles mantienen el control por medio de asesinatos, violaciones y uso de la fuerza bruta, lo que infunde el terror.
También acusó que en algunas regiones de México los cárteles funcionan como “entidades cuasi gubernamentales”, que controlan casi todos los aspectos de la sociedad, lo que representa un riesgo de seguridad estadounidense.
La orden ejecutiva da un plazo de 14 días, los cuales se vencen el próximo 3 de febrero para que Marco Rubio, secretario de Estado, tome las medidas apropiadas para designar a los cárteles como organizaciones terroristas.
En ese plazo, deberá de consultar a James McHenry, fiscal general; Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional; Scott Kenneth Bessent, secretario del Tesoro´, y John Ratcliffe, director de la CIA, para hacer una recomendación sobre estas agrupaciones.
De manera simultánea, McHenry y Noem deberán de tomar “todas las acciones apropiadas” para comenzar los preparativos a las operaciones para que el presidente invoque el acta 50, con la que las autoridades estadounidenses podrán “aprehender, retener, asegurar y expulsar” a las personas consideradas terroristas.
El proceso establecido en la Ley de Migración, sección 1189, establece que el proceso de designación de una organización criminal es la siguiente:
Sin embargo, las organizaciones podrán solicitar una petición de revocación, en la que muestren que derivado de las circunstancias descritas no deberían de ser catalogados como terroristas.
Tras presentar el documento, el secretario de Estado tendrá 180 días para determinar si revoca la designación.
Con información de Latinus