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Gobierno de Oaxaca presume exitosos mecanismos de localización de personas desaparecidas

OAXACA, Oax. (apro).- El gobierno de Salomón Jara Cruz presume exitosos mecanismos de localización de personas desaparecidas en Oaxaca y siguen sin aparecer las defensoras Claudia Uruchurtu Cruz (26 marzo 2021), Irma Galindo Barrios (27 octubre 2021) y Sandra Domínguez Martínez (4 octubre 2024), quienes se enfrentaron al poder al denunciar corrupción, daños ambientales y violencia feminicida. 

Jesús Romero López, secretario de Gobierno, se regodeo al afirmar que Oaxaca es la entidad con menos personas desaparecidas por cada 100 mil habitantes de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda con corte al 30 de enero de 2025. 

Y detalló que la entidad figura en la última posición con 102 casos, seguida de Tabasco con 117, Tlaxcala con 130 y Querétaro con 141. 

Lo que no dice es que hay activistas como la británico-mexicana Claudia Uruchurtu Cruz, la indígena Ñuu Savi Irma Galindo Barrios y la abogada ayuujk Sandra Domínguez Martínez que son víctimas de desaparición forzada. 

El experredista y ahora morenista resalta que derivado del trabajo interinstitucional, Oaxaca se encuentra entre los estados con mayor tasa de localización correspondiente a un 83 por ciento, colocándose como la quinta más alta del país, tan sólo después de Yucatán, Campeche, Aguascalientes y Tlaxcala, de acuerdo a la comparativa sobre personas localizadas y desaparecidas con corte al 29 de enero. 

Al exlíder de la Unión Campesina Oaxaqueña (UCO) y del Frente de Organizaciones Sociales, Campesinas, Urbanas, Pesqueras y de Transporte (FOSCUPT) que criminaliza a las organizaciones sociales, ahora siendo gobierno destaca “los avances significativos en el estado se han logrado gracias a la coordinación de esfuerzos y tareas de todo el aparato gubernamental, que por instrucción del Mandatario estatal hay un compromiso con estrategias y mecanismos efectivos”. 

De acuerdo al Informe: muertes violentas en Oaxaca que documenta el Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer), en lo que va del sexenio del gobernador morenista Salomón Jara Cruz -1º de diciembre de 2022 al 20 de enero de 2025- se han registrado 210 casos de mujeres asesinadas. 

Y permanecen desaparecidas la activista?Claudia Uruchurtu Cruz, la ambientalista Irma Galindo Barrios y la abogada Sandra Domínguez Martínez 

Claudia Uruchurtu Cruz 

Claudia Uruchurtu Cruz es un caso de desaparición forzada por denunciar a la entonces presidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, quien el pasado 13 de diciembre de 2024 fue liberada luego que le reclasificaron los delitos por ser amiga del gobernador Salomíon Jara Cruz. 

A Lizbeth Victoria Huerta, expresidenta municipal que emana de las filas de Morena, se le condenó a sólo cuatro años y dos meses de prisión, en el proceso por la desaparición de la activista británico-mexicana ocurrida en marzo de 2021. 

Entre abril de 2019 y marzo de 2021, Claudia Uruchurtu Cruz documentó presuntos desvíos a través de empresas fantasma, nepotismo, falsificación de firmas y documentos oficiales en la administración municipal de Asunción Nochixtlán. También evidenció la simulación de un proceso de contraloría ciudadana, entre otras irregularidades. 

De acuerdo con lo asentado en la causa penal 203/2021, Claudia Uruchurtu fue vista por última vez el 26 de marzo de 2021, en las inmediaciones del palacio municipal de Asunción Nochixtlán, luego de participar en una manifestación contra las autoridades del lugar. Testimonios refirieron que habría sido subida por la fuerza a un vehículo. 

Como resultado de las investigaciones, la Fiscalía de Oaxaca logró, en primera instancia, la aprehensión de la alcaldesa y entonces candidata a repetir en el cargo Lizbeth Victoria Huerta y de Juan Antonio Hernández, El Centinela, quienes quedaron a disposición del Juzgado de Control, que determinó vincularlos a proceso el 13 de mayo de 2021. 

En julio de ese mismo año se logró la aprehensión de Nelci Yanet Vásquez Jiménez y Rolando Aquino Barrita, El Colas, quienes también fueron vinculados a proceso por la desaparición de la activista británico-mexicana. 

El miércoles 7 de diciembre, la familia Uruchurtu Cruz calificó de histórico el fallo de la jueza, quien ese día había declarado culpables por la desaparición forzada a los cuatro inculpados, incluyendo a la exalcaldesa y excandidata morenista. 

Pero el jueves 15, fecha en que se programó la audiencia para dar a conocer las sentencias individualizadas, el caso dio un giro de 180 grados y se reclasificó el delito para la ex presidenta municipal, quien finalmente quedó libre. 

La libertad de Lizbeth Victoria Huerta, es sinónimo de impunidad en Oaxaca porque se “privilegian favores al gobernador del estado, Salomón Jara, y a la 4T, antes que favorecer la justicia”, afirmaron Elizabeth y Sara Uruchurtu Cruz, hermanas de Claudia Uruchurtu Cruz desaparecida el 26 de marzo de 2021 y por lo cual estuvo detenida la exedil de Asunción Nochixtlán. 

Y agregaron que “este 13 de diciembre de 2024 fue un viernes negro para la historia de Oaxaca porque se privilegia la injusticia sobre la verdad, la opacidad sobre el dolor de las víctimas y, la omisión de aplicar los estándares internacionales de derechos humanos sobre una interpretación limitada”. 

Alejandro Encinas, exsubsecretario de derechos humanos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, calificó “de indignante la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca que modifica la sentencia en contra de Lizbeth Victoria Huerta, ex presidenta municipal de Nochixtlán por la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu en 2021.” 

Y agregó que la amiga del gobernador Salomón Jara Cruz “obtiene así su libertad por vínculos políticos en un caso emblemático y doloroso de desaparición forzada en contra de una defensora, otorgándole impunidad”. 

Irma Galindo Barrios 

El día 27 de octubre del 2021, la defensora del bosque, Irma Galindo Barrios, indígena mixteca, originaria y vecina de la comunidad de Totoi, San Esteban Atatlahuca, Tlaxiaco, Oaxaca, fue vista por última vez en la estación del metro “Barranca del muerto” en la Ciudad de México y desde entonces se desconoce su paradero. 

La mujer Ñuu savi, de 38 años de edad, luchó en contra de la explotación de los bosques de San Esteban Atatlahuca. 

Después de tres años del desplazamiento forzado interno de personas de la comunidad de Ndoyonoyuji, San Esteban Atatlahuca, así como víctimas de desaparición forzada, familiares de las personas asesinadas y personas que perdieron sus casas por el incendio de más de 100 viviendas de las comunidades de Guerrero Grande, San Esteban Atatlahuca y Mier y Terán, el Estado Mexicano sigue sin cumplir las Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH y Acción Urgente otorgada por el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU. 

El presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, Maurilio Santiago Reyes, detalló que, del 21 al 23 de octubre de 2021, un grupo armado encabezado por autoridades municipales de San Esteban Atatlahuca quemaron más de cien casas en las comunidades de Guerrero Grande y Ndoyonoyuji. 

El día 23 de octubre del 2021, este mismo grupo armado integrado por autoridades de la cabecera municipal de San Esteban Atatlahuca, atacó a vecinos de la comunidad de Guerrero Grande, San Esteban Atatlahuca, en el cual fueron desaparecidos los señores Marco Quiroz Riaño, Miguel Bautista Avendaño y Donato Bautista Avendaño y asesinado el señor Isidoro Hernández 

La desaparición de Irma ocurrió una semana después de que denunciara los ataques que vivieron cerca de 100 familias de tres comunidades -Guerrero Grande, Mier y Terán y Ndonoyuji- en Atatlahuca, municipio enclavado en la región mixteca. 

Irma era defensora del territorio y guardabosques. Su delito fue denunciar la tala indebida y clandestina del bosque de San Esteban Atlatahuca. Tuvo refugiarse en otro país ante la quema de su casa y las amenazas de muerte. 

Sandra Domínguez Martínez 

El caso de la abogada Ayuujk (mixe) llegó al Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, la oficina del Alto Comisionado de la ONU, la relatora especial de Derechos Humanos de la ONU y Amnistía Internacional, sin embargo, es la fecha que no han sido localizadas ni tampoco han sido encontrados sus cuerpos. 

Desde el pasado 4 de octubre se desconoce el paradero de la activista Ayuujk Sandra Domínguez Martínez, quien junto con su esposo Alexander Hernández Hernández, desaparecieron en la comunidad de María Lombardo de Caso, Oaxaca. 

Fany Guadalupe, Zayra Leticia y Pijy, víctimas de Feminicidio, desaparición forzada y violencia sexual, son algunos de los casos que defendió la defensora Ayuujk Sandra Domínguez Martínez, quien ahora es víctima de desaparición forzada. 

La abogada y defensora de 38 años de edad también denunció la existencia de chats en los que funcionarios del gobierno de Oaxaca y federales compartían fotografías sexuales de mujeres indígenas. Entre los involucrados se encuentra el coordinador de delegados de la Paz, Donato Vargas Jiménez, protegido por el gobierno de Salomón Jara Cruz. 

En el año 2020 salió a la luz pública la existencia de un grupo de WhatsApp denominado Sierra XXX, en el que distintos funcionarios federales, estatales y políticos de diversas corrientes compartían contenidos misóginos y fotografías privadas de mujeres indígenas. 

Como consecuencia de la denuncia de Sandra Domínguez, y luego de verificarse la existencia de dicho grupo, se tomaron acciones institucionales para destituir a Rolando Vázquez Pérez, en ese entonces funcionario del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI); tiempo después también se retiró de la contienda por una diputación local en Oaxaca a Humberto Santos, creador del chat. 

Sin embargo, Sandra Domínguez nuevamente alzó la voz tras darse a conocer por distintos medios la existencia de otro grupo misógino denominado “Mega Peda”, en el que participan los mismos actores políticos denunciados previamente y destaca la participación de Donato Vargas, quien ha sido protegido por el gobernador Salomón Jara y el secretario de Gobierno, Jesús Romero López. 

Con información de proceso.com.mx

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Complicidad de autoridades con el crimen organizado por acción u omisión: Adrián LeBarón

Uno de los panelistas en las mesas técnicas para el análisis del narcoterrorismo, convocadas a iniciativa del diputado Francisco Sánchez y realizada ayer en el Congreso del Estado, fue el activista, Adrián LeBarón, padre y abuelo de cinco de las víctimas, mujeres y niños, de la masacre ocurrida en Bavispe, Sonora, el 4 de noviembre de 2019.

El activista ha solicitado que estos hechos investiguen como terrorismo y feminicidio, no obstante, su exigencia no quedó ahí porque demanda que se proceda, contra el crimen organizado que ha dejado a más de 200 mil víctimas y más de 50 mil desaparecidos, durante el pasado Gobierno Federal, para señalar la corresponsabilidad de autoridades en estos hechos.

Por eso, en ese foro al hablar de responsables no solo se refirió a quien toma un arma y la acciona contra su prójimo, a quien lo ordena y paga por esas atrocidades; pues señaló al presidente, al gobernador, al ministerio público, al diputado y a todos aquellos que están en la procuración de justicia o en la administración de recursos.

Desde esa tribuna el activista, apuntó a la complicidad por acción u omisión, de quienes no realizan su trabajo, convirtiéndose en delincuentes que participan pasivamente en los delitos e institucionalizando así la violencia, la corrupción y el terror.

Ahí, la visión del activista, que pide que a estos actos se les investigue como narcoterrorismo algo que, dicen en las redes sociales, molestó ayer a la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando se les se le cuestionó por este enfoque, masacre y dolor de la familia LeBarón y de muchas otras en nuestro país, que también son víctimas de la negligencia y la impunidad.


La expectativa de hoy, en los aranceles

Llegó el primer día de febrero y la expectativa está en los aranceles, que se dijo, impondrá el presidente Donald Trump a México y Canadá e, incluso, a China, según lo confirmó a portavoz de la Casa Blanca.

Mientras ayer en la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo, que se tenía el plan A, B y C por si se define esta situación, por la noche se llevó una reunión de emergencia en Palacio Nacional, ante la eventual la aplicación de esta medida.

Sin que se conozca a detalle, cuáles productos o industrias afectará, solo se habla de la aplicación de aranceles de un 25% a México y Canadá. Así que, entre incertidumbre, llega el plazo fijado y se dice que, una de las industrias que puede ser más afectada sería la automotriz.

Por lo pronto, la atención de los distintos sectores de la economía estará centrada, en lo que se diga desde la Casa Blanca.

Causó extrañeza y otras reacciones, el llamado que hizo el coordinador de los diputados de Morena Ricardo Monreal, quien expresó que no es tiempo de regatear nuestra solidaridad y la unidad nacional, al hacer un llamado a la oposición a reflexionar sobre el momento crucial que se está viviendo; pues vienen horas decisivas para la Nación mexicana, al referirse a los aranceles.

Esto último generó mucha polémica, pues le señalan en redes sociales que, si son mayoría absoluta, para qué hacen un llamado a la unidad, a una oposición a la que consideran moralmente derrotada o disminuida, cuando los aranceles según dicen, es una respuesta a la reticencia del régimen a colaborar, como se ha dicho por el presidente norteamericano, tanto en el combate de los carteles de la droga, así como en el tema de migración. Así el contexto en este día.

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